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sábado, 31 de agosto de 2019

¿Puede el Municipio dictar normas en materia de Tránsito y Transporte Terrestre? II


¿PUEDE EL MUNICIPIO DICTAR NORMAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE? II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Completando la entrega anterior quiero referir cómo – en la práctica – lleva a cabo  la labor de desarrollar los postulados constitucionales y legales en materia de tránsito y transporte terrestre, tomando en cuenta el marco referencial en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) y la Ley de Transporte Terrestre (2008).

En aquella oportunidad se indicó que las competencias – desde un punto de vista pedagógico para explicarlo – se circunscriben en dos grandes temáticas.      

La primera, se relaciona con la ordenación e ingeniería del tránsito, donde se dan cita aspectos como la movilidad urbana, circulación, prestación del servicio de transporte terrestre público urbano,  zonas terminales y recorridos urbanos, entre otros.

La segunda, referida a la seguridad vial, lo que se vincula con los cuerpos de policía municipal habilitados para la prestación de este servicio.

Quien suscribe puede evidenciar dos experiencias legislativas cercanas en la ciudad de Caracas, hace pocos años, por la participación durante el proceso de elaboración de los instrumentos legales.

Una de ellas en el Municipio Sucre del Estado Miranda, con la Ordenanza de Tránsito y Uso de Vías Públicas (2015), en la que se necesitó actualizar la normativa, dada la realidad de ese ámbito local.

Para colocar en contexto, basta recordar que – por su ubicación al este de la ciudad de Caracas – recibe alto volumen de movilización vehicular y peatonal, no solamente de su jurisdicción, sino de buena parte de la capital y de otros municipios aledaños como lejanos, puesto que allí se sitúa el llamado Terminal de Oriente “Antonio José de Sucre”.

La ordenanza en cuestión regula aspectos, tales como:

1.- Uso y preservación de las calles o vías municipales, las áreas y zonas de descanso y de servicio, conexas y afectas a éstas, calzadas de servicios y a las zonas de parada de estacionamiento de cualquier clase de vehículo a las travesías.  

2.- Los caminos de dominio público; a los terrenos públicos aptos para la circulación. 

3.- Los caminos de servicio construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades de sus titulares y a los construidos con finalidades análogas, siempre que estén abiertas al uso público. 

4.- Todas las vías públicas y privadas destinadas al uso público o común, permanente o casual.

5. - La circulación de vehículos automotores.

6. - La circulación de vehículos a tracción de sangre.

7. - La circulación de peatones.

8. - La circulación de vehículos de carga y las operaciones de carga y descarga.

9. - La circulación del transporte colectivo por las vías públicas, paradas y terminales.

10 - El estacionamiento de vehículos en las vías públicas.

11. - Las características y el funcionamiento de los estacionamientos de uso público, situados dentro y fuera de las vías públicas.

12. - Las características, regulación y funcionamiento de los terminales de transporte colectivo urbano, extraurbano, suburbano y de carga.

I3.- La adecuación del buen funcionamiento de los terminales con rutas extraurbanas y suburbanas, a las normas que dicte el Municipio en materia de tránsito y circulación.

Como complemento de la labor se hizo la tarea de legislar, tanto a nivel de proyecto como de su deliberación y aprobación en el área de seguridad ciudadana, por medio de las ordenanzas en el campo de policía municipal, protección civil y convivencia ciudadana.

Con las dos primeras materias la vinculación con los cuerpos de policía y protección civil, ya que debía actualizar las previsiones de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009) para las fuerzas del orden y las que se ocupan de la administración de desastres con la legislación nacional sobre estas áreas.

Para el caso de la convivencia ciudadana se suelen regular conductas calificadas como faltas o infracciones menores pero, que de escalar, pueden transformarse en problemas sociales de gran envergadura que conectan con materias como salud, ambiente, entre otras.

Se pueden citar el  comercio informal, usos de las vías públicas y conservación de éstas, como cuando se pretende practicar la mecánica automotriz en las vías públicas o pintar, romper, dañar o alterar algún elemento del inventario vial; el estacionamiento en zonas urbanas; la demarcación, circulación de vehículos a tracción de sangre;

También se vinculó con labores de coordinación entre distintas dependencias y servicios municipales, como el sistema educativo, protección de niños y adolescentes, entre otros, para tareas que fomenten la participación ciudadana y la educación en esta materia resulta primordial, puesto que también se puede emplear hasta como herramienta gerencial de relaciones públicas.

Asimismo, circulación de vehículos y peatones, en las que se incluyen desde el estado de uso de conservación de los primeros para poder hacer uso de las vías, como la prohibición de emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes por encima de las limitaciones que las normas nacionales y municipales establezcan; el comportamiento en lugares como hospitales, escuelas; prohibición de conducir vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas; circular sin placas identificadoras o con placas que no correspondan al vehículo, entre otros.

En el caso de los peatones la correcta forma de desplazarse por los espacios que cuenten con acercas o no en vías públicas (aceras, paseos y áreas para ellos destinadas), pudiendo hacerlo por la calzada en ausencia de ésas por el lugar más alejado del centro, entre otros. También algo poco conocido como es circular por la derecha y no colocarse en solitario o en grupos perturbando la circulación del resto.

Uno de los aportes fue el de construir y diseñar un parque o temática para la educación de los ciudadanos, especialmente niños y adolescentes, donde se fomenten los valores ciudadanos y el respeto a las señales de tránsito, como también servir para trabajo comunitario.

Otro fue la llamada ciclo vía, para el uso de bicicletas lo que conlleva a la conquista de espacios públicos, participación ciudadana con la organización de clubes o grupos de ciclistas, conocer el municipio mediante organización de recorridos, disminución del uso del automóvil y de niveles de contaminación entre otros.

Dos elementos que fueron incluidos; el primero, el régimen tributario, conformado fundamentalmente por tasas a pagar por el uso de bienes y servicios municipales, lo cual procura ingresos ordinarios a la entidad; el segundo, es el aspecto sancionatorio, ya que las infracciones son parte importante en la materia, tomando en cuenta que se producen multas por diversas conductas por parte de conductores, tales como circular por zonas prohibidas, ingesta alcohólica, exceso de velocidad, entre otras.

Aquí hay que hacer mención especial con el caso de los motorizados, sobre los cuales se puede regular mediante ordenanza especial o decreto del alcalde, dada la notoriedad de aumento en la comisión de delitos con este tipo de vehículos o infracciones propias de la circulación, tales como: circular sin el casco protector, exceso de carga o pasajeros, circular por aceras, entre otras. 

La segunda experiencia fue con el Municipio Chacao del Estado Miranda cuando se decidió legislar sobre trabajos en la vía pública.

Para el caso que nos ocupa se trata de una Ordenanza sobre Trabajos en Vías Públicas, cuya finalidad sería la de asegurar su restitución cuando éstas resulten deterioradas y otros bienes, así como garantizar la preservación del ornato, limpieza, saneamiento ambiental y reducción del impacto en los trabajos sobre el normal desenvolvimiento de las actividades en las comunidades.

Una Ordenanza de esta naturaleza tiene como finalidad primordial garantizar el volver al estado normal de las vías luego de las intervenciones que sobre éstas se realizaran, pudiendo obligarse a constituir garantías (fianzas, seguros de responsabilidad civil) a favor del Municipio, lo que pasa por poner en evidencia la responsabilidad solidaria frente al Municipio de quien encarga la obra como de quien la ejecuta.

Una vez más, se estudió la realidad y la necesidad de adecuar los espacios urbanos.

Por cuanto el municipio debe orientar su gestión hacia la participación ciudadana para vincular a los vecinos es muy conveniente mantener informadas a las personas mediante avisos oficiales donde se mencione la ubicación de las obras, inicio de éstas, duración estimada, entre otros, no solamente por la prensa, sino también la página web de la alcaldía y, ahora más reciente, las llamadas redes sociales.   

También si se trata de algo programado o es producto de una emergencia, dado que hay que cumplir con las normas sobre contrataciones públicas.

Esto también persigue como objetivo para el ejercicio del control respectivo, pues se deben profundizar las tareas de seguimiento y auditoria a través de disposiciones técnicas, obligatoriedad del empleo de los equipos adecuados y tecnologías más avanzados, previa aprobación por parte de la autoridad competente, a los fines de reducir al mínimo su impacto negativo sobre la colectividad.

Cabe recordar que el municipio, como entidad que posee bienes del dominio público en su patrimonio como calles y avenidas, debe ejercer acciones en protección o tutela sobre estos.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “Competencias Municipales”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Medios de Gestión”, “Organización y Gestión Municipal”, “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva del Municipio”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Mobiliario Urbano”, “Municipio y Urbanismo”, “El Presupuesto Participativo”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “La Justicia de Paz Comunal”, “La Autonomía Municipal”, “Cogestión y Autogestión”, “La Consulta Pública en el ámbito municipal”, “La Iniciativa Legislativa en el ámbito municipal”, “Instancias de Atención Ciudadana”, “Medios de Comunicación Alternativos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Administración Pública”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria”, “Municipio, Tránsito y Transporte terrestre”, “La Ordenanza sobre motorizados”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, entre otros, que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

  








viernes, 23 de agosto de 2019

¿Puede el Municipio dictar normas en materia de Tránsito y Transporte Terrestre? I

¿PUEDE EL MUNICIPIO DICTAR NORMAS EN MATERIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE? I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Puede llamar la atención al lector el título de estas líneas, lo que fue objeto de discusión durante una sesión de clases, por cuanto uno de los estudiantes dijo que recibió una multa de manos de un efectivo de la policía municipal por cometer – supuestamente -una infracción en un área urbana.

Ante el planteamiento surgió un debate puesto que (i) se argumentó sobre las funciones policiales  en materia de tránsito y circulación corresponden únicamente a los cuerpos como la Guardia Nacional (GN) o Policía Nacional y, por ende, los municipios no poseen competencias.

Otro (ii), por su parte, argumentó que existen policías municipales que se ocupan de la materia de transporte y tránsito terrestre.

Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) estatuye las materias donde los poderes locales llevan a cabo su gestión, además de encargar al legislador desarrollar los postulados de aquélla.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) cuyo objeto es cumplir con la tarea dejada por el Constituyente para profundizar y hacer letra viva los principios constitucionales sobre el gobierno, administración, control para el ámbito local.

Cuando estudia los distintos tipos de competencias, las clasifica en: propias, delegadas, concurrentes, descentralizadas

En cuanto a la de transporte y tránsito terrestre los municipios poseen competencias, quedando incluidas dentro de lo que se conoce como competencias concurrentes; ello no solamente por así expresarlo este texto normativo, sino también la Ley de Transporte Terrestre (2008) establece que es competencia de los municipios: 
·      
            Dictar normas sobre la prestación del servicio de transporte terrestre público urbano
-    El Establecimiento de Zonas Terminales y recorridos urbanos, para el transporte suburbano e        interurbano de pasajeros con origen y destino de los límites de la entidad local.
-     Establecer las condiciones de operación de los servicios de transporte terrestre público o privado.
-     La ingeniería de tránsito para la ordenación de vehículos y personas.
-     Las autorizaciones o permisos de vehículos a tracción de sangre; la construcción y mantenimiento de  la    vialidad urbana;
-     Los servicios conexos.
-    Emitir y determinar el destino de las multas y sanciones impuestas de conformidad con lo previsto    por la legislación nacional.
-     El control y fiscalización de tránsito y las demás que por su naturaleza le sean atribuidas.

Significa que el nivel local comparte roles en la materia con los otros, como el caso del nacional, por ejemplo, así como también se puede encontrar en la cultura, el deporte, la salud, el servicio de policía y tantos otros que dan cuenta de ello.

Ahora bien, resulta oportuno recordar que no se trata de subordinación o jerarquía entre unos y otros, sino de coordinación, dado que el legislador es sumamente cuidadoso para evitar intromisiones indebidas en las competencias, lo cual sería una dispersión de esfuerzos y recursos.

Como herramienta pedagógica se puede decir que las competencias - en materia de tránsito y transporte terrestre - se dividen en dos grandes áreas.

La primera, se relaciona con la ordenación e ingeniería del tránsito y su aplicación la ven los ciudadanos cuando – por ejemplo – se cambia el sentido de vías (flechado), se instalan semáforos o el permiso para obras en calles y avenidas.

La segunda, referida a la seguridad vial, lo que se vincula con los cuerpos de policía municipal habilitados para la prestación de este servicio.

De conformidad con la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009), las policías municipales están concebidas como órganos o entes que llevan a cabo labores fundamentalmente preventivas y de control del delito.

Es por ello que se crea el servicio de vigilancia y transporte terrestre con rango de dirección, la cual tiene por objeto la planificación y control del transporte y seguridad vial, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes por las vías.

Generalmente se encontrará el uso de las siglas DVTT en los uniformes de los efectivos para diferenciarlos de los adscritos a otros servicios policiales, así como también el uso de chalecos con color distinto al resto de los oficiales. 

Ahora bien, ¿cómo hacen los municipios para lograr la coordinación necesaria entre ambas áreas?

La respuesta para esta interrogante se resume en que los municipios  aprueban ordenanzas o decretos que las regulan. La idea es difundir la importancia de textos normativos de esta naturaleza para la vida cotidiana.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “Competencias Municipales”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Medios de Gestión”, “Organización y Gestión Municipal”, “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva del Municipio”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Mobiliario Urbano”, “Municipio y Urbanismo”, “El Presupuesto Participativo”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “La Justicia de Paz Comunal”, “La Autonomía Municipal”, “Cogestión y Autogestión”, “La Consulta Pública en el ámbito municipal”, “La Iniciativa Legislativa en el ámbito municipal”, “Instancias de Atención Ciudadana”, “Medios de Comunicación Alternativos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Administración Pública”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria”, “Municipio, Tránsito y Transporte terrestre”, “La Ordenanza sobre motorizados”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, entre otros, que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.


viernes, 16 de agosto de 2019

¿Están facultados los Cuerpos de Bomberos para cobrar tributos? II


¿ESTÁN FACULTADOS LOS CUERPOS DE BOMBEROS PARA COBRAR TRIBUTOS? II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com


Acuso recibo de las sugerencias de algunas personas, entre ellos alumnos, donde me indican para ampliar la noción de la entrega anterior sobre la posibilidad de los cuerpos de bomberos para el cobro de tasas por conceptos de inspecciones cuando no se trate de emergencias.

De allí que aparezcan estas líneas tituladas como una segunda parte de lo publicado la semana que antecedió.

Me voy a permitir transcribir de un artículo de mi autoría sobre las tasas que cursa en el Blog para mayor abundamiento.

La doctrina ha clasificado los tributos entre Impuestos, Tasas y Contribuciones.

El ordenamiento venezolano ha recogido esta clasificación y lo ha plasmado en diversos textos normativos.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) al reconocer potestad tributaria originaria al Municipio también incluyó a las tasas.

En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) se refiere a las tasas en estos términos:

"...Las tasas por el uso de sus bienes y servicios..." (Subrayado mío)

Más adelante, ese mismo texto legal se expresa de las tasas así:

"...Los municipios podrán crear con ocasión de la utilización privativa de bienes del dominio público, así como por sus servicios públicos o actividades de su competencia,..." (Subrayado mío)

En la obra "Tributos Municipales, Guía para las autoridades locales" de Ada Ramos Oliveros, Publicaciones FUNDACOMÚN, Caracas, 1998, cita un fragmento de la jurisprudencia del Máximo Tribunal en la que define a las tasas como "...Tributos pagados en virtud de una ley (Ordenanza en el caso de los municipios), como contraprestación de un servicio o por la realización de una actividad por parte del ente de derecho público respecto del particular..." (Sentencia de la Sala Político Administrativa de fecha 20-07-1965).

Por su parte, el profesor Héctor Belisario Villegas en el libro "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y derecho Tributario", Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2005; indica que es un tributo cuyo hecho imponible está integrado por un hecho o circunstancia relativos al contribuyente y por una actividad del Estado que se refiere o afecta en mayor o menor medida a dicho contribuyente. 

En relación con esas circunstancias a las que alude Villegas (Ob. cit.) la LOPPM señala que las tasas son aplicables siempre y cuando se presente:

1.- Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los usuarios.

2.- Que no puedan realizarse por el sector privado, se requiere intervención o ejercicio de autoridad o estar reservados legalmente al sector público.

Puede encontrarse que algunos municipios aprueban un Ordenanza donde se encuentren agrupadas o compiladas todas las tasas con los demás elementos para su aprobación e implementación; suelen tener como denominación de la Ordenanza de Hacienda Municipal o de Tasas y Certificaciones u otra semejante, por ejemplo.

Hay casos en que están exclusivamente en aquella de la materia que las regula, como pasa en aseo  urbano y domiciliario, cementerios, entre otros.

Como técnica legislativa o de otro orden no tiene mayor relevancia; lo importante es que las tasas deben ser creadas a través de Ordenanza, siguiendo los parámetros del Código Orgánico Tributario (2014) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), ya que forma parte del Principio de Legalidad Tributaria o también llamado Reserva Legal Tributaria.

También deben ceñirse al resto de las exigencias constitucionales - obviamente - cuando se pretende legislar en lo tributario, tales como: no confiscatoriedad, no múltiple imposición interjurisdiccional, entre otros.

De la lectura se concluye que los cuerpos de bomberos no presentan exclusión para poseer la competencia de exigir tasas por ciertos servicios que presta, lo que también contribuye a sostenerlos dado los altos costos que aparejan, la necesaria intervención de autoridad con potestad certificatoria, así como la seguridad que brinda un cuerpo especializado para los ciudadanos.

Debe reiterarse que es imprescindible cumplir las previsiones legales para la creación, modificación y supresión de tributos - en el presente caso tasas - para poder hacerlas exigibles al público.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “Municipio y Servicios Públicos”, “De las competencias municipales”, “Municipio y Ambiente”, “Municipio y servicio de policía”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de la Administración Pública”, “Municipio y servicio de agua potable”,” Municipio y Gestión de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos” “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “Los Servicios de Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”, “Municipio y Ley de Calidad del Agua y el Aire”, “La Ordenanza de Gestión de Aguas”, “Aspectos Legales del Riesgo, la Higiene y Seguridad Laboral en Venezuela”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “El Presupuesto Participativo”, “El Situado Municipal”, “Los Servicios Desconcentrados Municipales  “El Distrito Capital”, “El Distrito del Alto Apure”, “Las Dependencias Federales”, “El Territorio Insular Miranda”, “El Catastro Municipal”, “Las Tasas”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Impuesto sobre Espectáculos Públicos”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Mobiliario Urbano”, “Los Espacios Públicos”, “La Fiscalización en materia  de Urbanismo Local”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “La Cogestión y Autogestión”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las Mancomunidades”, “La Ley de los CLPP del año 2015”, entre otros, los cuales aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para obtener mayor información.   

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.





viernes, 9 de agosto de 2019

¿Están facultados los Cuerpos de Bomberos para cobrar tributos?


¿ESTÁN FACULTADOS LOS CUERPOS DE BOMBEROS PARA COBRAR TRIBUTOS?

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Durante una sesión de clases surgió una discusión acerca de las competencias en materia tributaria para los cuerpos de bomberos.

Como en todo debate, hubo una corriente de opinión que expresó la imposibilidad de exigir cobro por la naturaleza del servicio, ya que se crearon para atender emergencias.

Por su parte, la que adversa a aquélla señala que no necesariamente se ocupan de emergencias como los incendios o ayudar a una persona con un ataque cardíaco en la vía pública, por ejemplo.

Efectivamente, los cuerpos de bomberos tienen dentro de sus competencias la atención de emergencias, estando adscritos al área de seguridad ciudadana, como también lo están los cuerpos de policía y la llamada protección civil.

Con la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) se incluyó a los bomberos como parte del sector de seguridad ciudadana, no como un cuerpo de policía de orden público, sino que interactúa con estos a la hora de entrar en acción para atender emergencias o calamidades públicas, producto de la naturaleza o por la actividad humana.

En tal sentido, se ordenó la organización del Cuerpo de Bomberos y Administración de Emergencias de carácter civil.

El Legislador Nacional – desarrollando la norma constitucional - aprobó la Ley del Servicio y Cuerpos de Bomberos (2015) incluyendo la competencia de Emergencias de Carácter Civil, la cual tiene por objeto la creación del Sistema Integrado de Bomberos, así como regular el funcionamiento del servicio de bomberos y los cuerpos que los agrupan de acuerdo con su especialidad. Este instrumento derogó a su antecesor del año 2001.

El servicio de bomberos es un servicio público, de carácter permanente, atención inmediata y primaria de las emergencias, eficaz, eficiente, dirigido a la protección de la vida y los bienes de los ciudadanos, indelegable, no susceptible de interrupción o paralización.

Se concibe como una competencia concurrente con respecto al Municipio, puesto que su rectoría es ejercida por el Ejecutivo Nacional, a través del ministerio con competencia en seguridad ciudadana. 

Los Cuerpos de Bomberos tienen un ámbito territorial donde ejercen sus competencias, por lo que requieren autorización para actuar fuera de éste; basados en el principio de solidaridad se apoyan unos con otros por lo que no es extraño que, ante un evento calamitoso, acudan al llamado de auxilio cumpliendo el requisito, puesto que no sería lógico dejar sin protección a la comunidad a la que sirven. En idéntico sentido ocurre cuando lo hacen internacionalmente. 

Como lo tributario está bañado del Principio de Legalidad Tributaria, significa que solamente a través de un texto legal se pueden crear, modificar o suprimir tributos en todos los niveles del Poder Público.

Para el caso de los tributos municipales se hacen mediante Ordenanzas.

Reciben el nombre de Ordenanzas las leyes locales emanadas de los Concejos Municipales; las define la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) como “…los actos que sanciona el Concejo Municipal, de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local…”

Desde una perspectiva municipal, la actividad bomberil, por ser eminentemente preventiva, se vincula con lo referente al Catastro, ingeniería municipal, ordenación, policía municipal, servicio de aseo urbano y domiciliario, la tributación, el presupuesto, entre otros; son elementos que juegan un papel preponderante a la hora de atender un evento calamitoso. 

Atendiendo a la realidad de cada municipio es comprensible que la inversión en esta área pueda resultar altamente onerosa, pero mayor es el caro precio que se paga frente a la pérdida de vidas y bienes orientados hacia la producción. Esto no es un tema de moda; solamente con la alteración del clima ya es un elemento suficiente para pensar en considerarlo.

Es menester señalar que los Cuerpos de Bomberos como tienen a su cargo el examen de situaciones de riesgo basado en normas técnicas, ello – cuando no sean emergencias – origina el pago de tasas, como ocurre en los casos de expedición de licencias de actividades económicas, espectáculos públicos, entre otros.

En idéntico sentido, la Ley ha previsto sanciones de multa sin perjuicio de lo previsto por otros instrumentos jurídicos, como el Código Penal Venezolano (2005), la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (2005), entre otros.  

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “Municipio y Servicios Públicos”, “De las competencias municipales”, “Municipio y Ambiente”, “Municipio y servicio de policía”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de la Administración Pública”, “Municipio y servicio de agua potable”,” Municipio y Gestión de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos” “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “Los Servicios de Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”, “Municipio y Ley de Calidad del Agua y el Aire”, “La Ordenanza de Gestión de Aguas”, “Aspectos Legales del Riesgo, la Higiene y Seguridad Laboral en Venezuela”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “El Presupuesto Participativo”, “El Situado Municipal”, “Los Servicios Desconcentrados Municipales  “El Distrito Capital”, “El Distrito del Alto Apure”, “Las Dependencias Federales”, “El Territorio Insular Miranda”, “El Catastro Municipal”, “Las Tasas”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Impuesto sobre Espectáculos Públicos”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Mobiliario Urbano”, “Los Espacios Públicos”, “La Fiscalización en materia  de Urbanismo Local”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “La Cogestión y Autogestión”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las Mancomunidades”, “La Ley de los CLPP del año 2015”, entre otros, los cuales aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para obtener mayor información.   
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

martes, 6 de agosto de 2019

¿Se pueden legalmente desincorporar bienes públicos municipales?

¿SE PUEDEN LEGALMENTE DESINCORPORAR BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES?

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Es notorio que los bienes pueden o deben ser desincorporados cuando cumplen su ciclo útil de vida, como ocurre cuando se deterioran, por ejemplo.

Otras veces hay que sustituirlo por tecnología de avanzada, como podría ser el caso de equipos de telecomunicaciones o de computación.

Cuando ello ocurre el ordenamiento tiene prevista su desincorporación; cuando exhiban daño, pérdida, obsolescencia o que no sean susceptibles de reparación, deberán desincorporarse; sin embargo, la condición o requisito principal es que imposibilite de manera permanente su utilidad.  

Como marco referencial la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) le asigna al alcalde la competencia de administrar, proteger y conservar los bienes de la entidad, dado que es el máximo jerarca de la rama ejecutiva del ámbito local.

Ahora bien, el Decreto con rango, valor y forma de Ley Orgánica de Bienes Públicos (DLOBP, 2014), cuyo objeto es establecer las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Públicos, como parte integrante del Sistema de Administración Financiera del Estado; sustituye a uno de similar denominación del año 2012 y del cual se escribió en su oportunidad.

Otros textos legales que se ven afectados por su aprobación son de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional (1974, con reforma el 2009), de las que deroga expresamente algunas normas; pero deja sin efecto la totalidad de la Ley de Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos (2007) y la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del sector público no afectos a las industrias básicas (1987) y su Reglamento (1999).

El DLOBP crea un Sistema de Bienes Públicos integrado por el conjunto de principios, normas, órganos, entes y procesos que permiten regular, de manera integral y coherente, la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.

El Sistema está integrado por la Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector; los máximos jerarcas de los órganos y entes públicos (República, estados, distritos, municipios, representantes de los entes) a que se refiere la Ley; las Unidades de Administración y Custodia de Bienes Públicos de los órganos y entes públicos, como responsables patrimoniales.  

Para la ejecución de las políticas y normas previstas por el DLOBP se crea un órgano de corte nacional denominado Superintendencia de Bienes Públicos, concebido como un servicio desconcentrado del ministerio con competencia en materia de finanzas públicas; está a cargo de un Superintendente de Bienes Públicos, quien es del libre nombramiento y remoción del Presidente de la República.

La idea de establecer regulaciones para la desincorporación de bienes también se relaciona con el costo y manejo, pues es menester recordar que siempre los funcionarios públicos realizan su gestión por cuenta ajena, es decir, los ciudadanos somos quienes nos beneficiamos en los casos de un exitoso desempeño como también somos los mayores afectados por los casos contrarios; es por ello que surge la arista del control, por lo que deben consultarse las previsiones de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público (2015), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica contra la Corrupción (2014), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (2014), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014) así como las ordenanzas vigentes en cada municipio.

En tal sentido, se recomienda mantener actualizados los inventarios de bienes, pues beneficia el quehacer público con lo más adecuado de la tecnología y sin sacrificar los costos.

Dada la pluralidad de enfoques de cada instrumento legal mencionado también es oportuno buscar la asesoría multidisciplinaria respectiva.

La conclusión es que ello resulta factible, siempre y cuando se cumplan con los parámetros normativos que regulan esta materia.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y Ambiente”, “El Catastro Municipal”, “De la Hacienda Municipal”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “Municipio y Patrimonio Cultural”, ”Los Ejidos”, “Municipio y Urbanismo”, “Organización y Gestión Municipal”, “De las Competencias Municipales”, “Medios de Gestión”,” De los medios de participación”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Planificación”, “Ley de los CLPP del año 2015”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial “La Contraloría Social”, ”Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Gestión Integral de la Basura”, “Las Empresas Municipales”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014 Ley de Simplificación de Trámites”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”,” “Las Mancomunidades”,  “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva en el municipio”, “El Concejo Municipal”, “La Función Legislativa en el municipio”, “El Concejo Municipal”, “Los Concejales”, , “La Función de Control en el Municipio”, “El Territorio Insular Miranda”, “Las Dependencias Federales”,” “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Presupuesto Participativo”, “La Sindicatura Municipal”, “La actuación en juicio para el municipio”, “El Síndico Procurador Municipal como fiscal de la hacienda pública municipal”, “Los Espacios Públicos”, “Municipio y Ley sobre acceso e intercambio de datos, información y documentos entre órganos y entes públicos”, “Municipio y Ley de Infogobierno”, entre otros, que pueden ser encontrados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para obtener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros aspectos relacionados con el tema.   

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.    


lunes, 29 de julio de 2019

¿Posee el Municipio competencias en materia de bosques o gestión forestal?


¿POSEE EL MUNICIPIO COMPETENCIAS EN MATERIA DE BOSQUES O GESTIÓN FORESTAL?

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com

Es conocido que los árboles son importantes para la vida en el planeta, dado el papel que desarrollan.

Por esa razón el legislador ha venido aprobando instrumentos que regulan la gestión forestal.

Lo ambiental está distribuido a lo largo de nuestro ordenamiento, comenzando desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y encarga su desarrollo al legislador, lo que se ha producido a través de diversos instrumentos legales, como la Ley Orgánica del Ambiente (2006), la cual actúa como marco regulatorio; otras son estrechamente conexas como la ordenación territorial y urbana o el agua.

Tan es así que está concebido como una competencia concurrente, es decir, aquellas que se gestionan en más de un nivel del Poder Público.

Para el caso objeto de estas líneas se aprobó en el nivel nacional la Ley de Bosques (2013), cuyo objeto es garantizar la conservación de los bosques, los componentes del patrimonio forestal y otras formas de vegetación silvestre no arbórea, estableciendo los preceptos que rigen el acceso y manejo de estos recursos naturales, en función de los intereses actuales y futuros de la Nación, bajo los lineamientos del desarrollo sustentable y endógeno. 

Deroga el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Bosques y Gestión Forestal (2008).
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          -   ¿Cuáles son los principios generales de esta Ley?

Los principios generales de este texto normativo son la sustentabilidad; la Integralidad y uso múltiple; la participación ciudadana; la corresponsabilidad; la transversalidad; la precaución; el desarrollo endógeno; respeto a diversidad cultural y pluralidad de pueblos que conforman la Nación

Aun cuando luce con un peso fuerte del Poder Nacional para su ejecución, puede encuadrarse dentro de las competencias concurrentes, porque el legislador entendió que no todo podía resolverse desde una oficina ministerial en la capital, sino que las comunidades son importantes.

Al igual que otros sectores de la economía el hecho que el nivel nacional tenga la asignación del régimen legal, no significa que al municipio le está vedado ejercer sus competencias, especialmente tributarias, en esa materia; lógicamente debe pasar previamente por el examen de las normas que se la atribuyen y su aplicabilidad.

Ejemplo de eso lo constituyó hasta hace unos años las telecomunicaciones cuando se modificó el criterio jurisprudencial y el ámbito local las hizo valer.

Es por esa razón que el municipio fue incluido en la gestión forestal, ya que el ámbito local tiene la facilidad de aglutinar distintos sectores sociales, cuando se trata de la descentralización y la participación, por ser el más cercano al ciudadano.  

Al respecto, la Ley le asigna las siguientes competencias al municipio:

1.- Planificar y ejecutar a nivel local programas, acciones y obras para la protección, conservación, mejoramiento y recuperación del patrimonio forestal municipal.

2.- Velar por la conservación, mantenimiento y resguardo de los árboles fuera del bosque localizados en vías y espacios públicos urbanos.

3.- Otorgar los permisos y autorizaciones de tala y poda, con fines de seguridad y mantenimiento de árboles fuera del bosque, ubicados en jurisdicción urbana del municipio, salvo especies en veda.

4.- Fomentar la arboricultura urbana sustentable con especies forestales aptas para este fin, que contribuyan con la protección del medio ambiente, el ornato de calles, avenidas, plazas, parques, jardines, áreas recreativas y demás espacios públicos del municipio.

5.- Conservar y resguardar los bosques naturales ubicados en ejidos municipales.

6.- Promover y apoyar a nivel local, la conformación de cadenas productivas forestales.

7.- Apoyar los programas nacionales de formación y difusión de la cultura del bosque.

Para evitar que se distorsione o incumplan las normas previstas por la Ley de Bosques, se ordena que los municipios incluyan dentro de sus presupuestos anuales de inversión – por lo menos- el uno por ciento (1%) del total de ingresos que destinen a este concepto, con miras al fomento y el mejoramiento de los ecosistemas forestales del municipio y del paisajismo asociado a su infraestructura vial y urbana.

No hay que olvidar que los ámbitos locales poseen competencias urbanísticas, así como también sobre tránsito y circulación de vehículos en las áreas urbanas; es allí donde los árboles ejecutan su papel primordial enunciado al inicio de estas líneas.

Asimismo, la educación ambiental según la Ley Orgánica del Ambiente es competencia municipal, lo que le permite desplegar la participación ciudadana que es principio cardinal en el quehacer de este nivel del Poder Público.

Basta con revisar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) y se observará el esquema cómo lo ha concebido el legislador.

En ese sentido, bajo los llamados Modos o Medios de Gestión, se puede organizar a los vecinos para trabajar en programas y proyectos tendentes a:

1.- La conservación, restauración o recuperación del patrimonio forestal de la localidad.

2.- El diseño y ejecución de proyectos comunitarios de reforestación en áreas urbanas o rurales, con fines diversos.

3.- La formulación y ejecución de programas comunitarios orientados al fortalecimiento de capacidades para la gestión, mediante la educación ambiental y difusión de la cultura del bosque en la localidad, la extensión rural y la investigación participativa.

4.- El desarrollo de iniciativas comunitarias para el manejo sustentable del bosque, previa autorización por la autoridad competente.

5.- El control social en la gestión forestal y en la ejecución de actividades capaces de afectar el patrimonio forestal nacional, regional y local.

6.- La conformación y gestión de formas socio-productivas integradas a la cadena productiva forestal, previa autorización por la autoridad competente.

7.- La presentación y desarrollo de propuestas que atiendan la problemática local que afecta al patrimonio forestal.

8.- Las demás atribuciones derivadas de las leyes que rigen la función comunitaria y comunal.

En cuanto lo tributario es oportuno recordar que la LOPPM posee normas relacionadas cuando regula el Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE), cuya aplicación se lleva a cabo de forma independiente del resto de otros tributos nacionales o estadales; un ejemplo es en cuanto a la producción o consumo, aun si éstas se realizan en espacios del dominio público o privado o cubierto por aguas.

Esta referencia hacia los tributos sobre producción y consumo no es que grava éstas, ya que son competencia nacional en ambos casos, sino a otros aspectos, lo que no constituye invasión o intromisión indebida en las competencias de otros poderes públicos.

Cuando sea por actividades forestales, siempre y cuando no sean actividades primarias, podrán ser gravadas por el ISAE no pudiendo exceder del uno por ciento (1%), hasta que por ley nacional se fijen distintas.

Define lo que son actividades industriales, comerciales, servicios y las primarias.

A efectos de aplicación se entienden comprendidas dentro de las actividades primarias, para el caso de lo forestal, los procesos de tumba, descortezado, aserrado, secado y almacenamiento.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de la autoría de quien suscribe denominados “De las Competencias Municipales”, “De la Organización y Gestión Municipal”, “Municipio y Ambiente”, “Los Espacios Públicos”, “Medios de Participación”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Medios de Gestión”, “El Cabildo Abierto”, “Autogestión y Cogestión”, “El Catastro Municipal”, “El Alcalde”, “El Concejo Municipal”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda”, “El Paisajismo como elemento integrador del espacio urbano”, “El Presupuesto Participativo”, “Gestión de Servicios Públicos Municipales”, “¿Institutos Autónomos o Públicos Municipales?”, “La Autonomía Municipal”, “¿Ilegales las Asociaciones de Vecinos”, “La Comisión Central de Planificación”, “Municipio y Planificación”, “Los CLPP en su ley del año 2015”, “La Concesión como medio de gestión municipal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Planificación Pública y Popular”, “La Contraloría Social”, “La Fiscalización en materia de urbanismo”, “Municipio y Ordenación”, “La Función de Planificación en el Municipio”, “La Iniciativa Legislativa en el Municipio”, “La Justicia de Paz Comunal”, “La Justicia Municipal”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Importancia de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana”,  “Las Instancias de Atención Ciudadana”, “Las Mancomunidades”, “Las Empresas Municipales”, “Los Servicios de Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”, “La Ordenanza de Gestión de Agua”, “Municipio y Gestión Integral de Basura”, “Municipio Y ley de Gestión de Riesgos”, “Municipio y Protección  de Animales”, “Municipio y Protección Civil”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Protección Civil”, “Municipio y reforma habilitante 2014:  Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, entre otros, que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para obtener mayor información.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.


viernes, 19 de julio de 2019

La Ordenanza sobre trabajos en las Vías Públicas II


LA ORDENANZA SOBRE TRABAJOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com

Uno de los principios cardinales de toda gestión municipal es la participación, ya que facilita no solamente el éxito de aquélla sino también la relación entre vecinos y autoridades.

Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) poseen normas sobre esta materia.

Para el caso específico es imprescindible una estrecha vinculación por aquello del seguimiento de lo realizado por los funcionarios en beneficio de los ciudadanos, sea vecinos residentes o no, puesto que tocan la vida individual, familiar, social y lo patrimonial.

Cuando se hace vida de trabajo – por ejemplo – en una comunidad se produce movilización por calles y avenidas del municipio o bien sea que residan en él, confrontan circunstancias que afecta la libertad de circulación tales como:

(i) Obstáculos producto de roturas de calles, avenidas o plazas.  

(ii) No fue retirado un sobrante de obras. 

(iii) Se depositaron materiales de construcción de forma indebida sobre aceras. 

(iv) No se coordinaron debidamente – en forma previa - por quienes encargan y/o ejecutan las obras con los munícipes por la carencia o deficiencia en la tramitación de permisos, licencias o autorizaciones.

(v) Una emergencia, como cuando se presenta con tuberías de agua, fugas de gas o los transformadores para electricidad.

Aquí es pertinente recordar las múltiples competencias municipales, como las referidas sobre vialidad, circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas relacionadas con el ámbito urbano por mandato constitucional y legal.

La Ley de Transporte Terrestre (2008) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPM, 2010), establecen normas en ese sentido.

Ello es relacionado con el título de estas líneas, porque los vecinos residentes o no se han visto perturbados en su calidad de vida tras el hecho de la realización de obras donde no se restablecen los espacios al estado de uso adecuados luego de efectuados los rompimientos, donde se ven involucradas la movilidad, seguridad, entre otros.

Además de los medios de participación habituales como cabildos abiertos, asambleas de ciudadanos, entre otros, se ha diseñado un entramado participativo con miras a la atención y resolución de problemas, especialmente en servicios públicos, tales como: agua, teléfono, transporte, entre otros.

Es aquí donde entra la llamada contraloría social, la cual tiene diversas maneras de expresión para el logro de esos fines.

Esto hace que los concejales – como legisladores locales – se vean en la obligación de aprobar instrumentos jurídicos como una ordenanza que regule los trabajos sobre vías públicas, al igual de tener previstas la inclusión de normas técnicas y de otro tipo para la rápida y efectiva atención.

Por si fuera poco, el Legislador Nacional ha dictado un texto que viene en auxilio de las comunidades como otra herramienta útil que obligue a los funcionarios al cumplimiento de sus competencias.

Se trata de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010).

Específicamente asigna a los juzgados de municipio las reclamaciones relacionadas con esos quehaceres.

Se les denomina como Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque tienen su sede en jurisdicción de uno o más municipios, de acuerdo con la resolución de creación a dictar por el Tribunal Supremo de Justicia, teniendo la competencia para conocer y decidir sobre servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de estos.

Llegado el caso se puede exigir la responsabilidad de los municipios, entidades nacionales o estadales, tanto en lo central como descentralizado, así como los contratistas que laboren para ellos en la ejecución de obras, ya que en los contratos cuentan con garantías de diversa índole, incluidos daños y perjuicios o el debido cumplimiento.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Competencias Municipales”, “Organización y Gestión Municipal”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio, Parques y Plazas”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “El Alcalde”, “El Concejo Municipal”, “El Cabildo Abierto”, “El Catastro Municipal”, “El Presupuesto Participativo”, Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la ley del año 2015”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Cogestión y Autogestión en el ámbito municipal”, “La fiscalización en materia de urbanismo local”, “La Movilidad Urbana”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “La Ordenanza de Tránsito Terrestre y uso de las vías públicas”, “La Ordenanza sobre motorizados”, “La Policía Administrativa”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”, “Las Tasas”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las Variables Urbanas”, “Los Servicios de Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”,  “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “Municipio y servicio de agua potable”, “Municipio, Vías y Obras Públicas”, “El Ornato Público”, “Municipio y Patrimonio Cultural”, “El Cronista Municipal”, “Las Competencias Concurrentes”, “Importancia del Control en el Municipio por el Concejo Municipal”, “Municipio y Presupuesto”, “Presupuesto Participativo”, “Municipio y  Ley de  “Municipio, Tránsito y Transporte Terrestre”, entre otros,  que  pueden ser leídas en la www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. 











viernes, 12 de julio de 2019

La Ordenanza sobre trabajos en las Vías Públicas I


LA ORDENANZA SOBRE TRABAJOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

En la cotidianidad de pueblos y ciudades hay que realizar obras de infraestructura, lo que pasa por alterar el acabado de calles y avenidas.

Los órganos y entes públicos, para el ejercicio de sus competencias, pueden hacerlo por diversos modos de gestión; sin embargo, lo relevante en esta oportunidad es desarrollar la importancia de regular este tipo de hechos que – en ocasiones – puede perturbar las actividades de vecinos y ciudadanos en un espacio determinado, tales como movilidad, seguridad, tránsito y circulación, entre otros.

Como quiera que los municipios tienen a su cargo la ordenación urbana, ornato público, equipamiento urbano, el tránsito y circulación vehicular y peatonal, entre otros, se han visto en la necesidad de dictar normas, condiciones, especificaciones técnicas y procedimientos para la regulación, inspección, control y fiscalización de las obras que se ejecuten en las vías públicas que afecten los bienes del dominio público del Municipio.

El municipio cuenta con instrumentos jurídicos de los que puede valerse, siendo uno de ellos a través de las Ordenanzas, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010).

Vale destacar que las ordenanzas son actos que sanciona el Concejo Municipal (órgano legislativo) con carácter de ley, de aplicación general.

Para el caso que nos ocupa se trata de una Ordenanza sobre Trabajos en Vías Públicas, cuya finalidad sería la de asegurar su restitución cuando éstas resulten deterioradas y otros bienes, así como garantizar la preservación del ornato, limpieza, saneamiento ambiental y reducción del impacto en los trabajos sobre el normal desenvolvimiento de las actividades en las comunidades.

Una Ordenanza sobre Trabajos en las Vías y Espacios Públicos debe, por lo menos, referirse a su objeto, enumerar los bienes del dominio público del municipio aplicables a las vías públicas: calzadas, aceras, plazas, por ejemplo.

Su finalidad primordial es la de garantizar volver al estado normal de las vías luego de las intervenciones sobre éstas que se realizaran, pudiendo obligarse a constituir garantías (fianzas, seguros de responsabilidad civil) a favor del Municipio, lo que pasa por poner en evidencia la responsabilidad solidaria frente al Municipio de quien encarga la obra como de quien la ejecuta.

Otro elemento a considerar es la obligación de realizar la debida planificación y ejecución de obras sobre los bienes del dominio público fijando los cronogramas, alcance y duración con miras a brindar información a los ciudadanos.

Por cuanto el municipio debe orientar su gestión hacia la participación ciudadana para vincular a los vecinos es muy conveniente mantener informadas a las personas mediante avisos oficiales donde se mencione la ubicación de las obras, inicio de éstas, duración estimada, entre otros, no solamente por la prensa, sino también la página web de la alcaldía y, ahora más reciente, las llamadas redes sociales.   

También si se trata de algo programado o es producto de una emergencia, dado que hay que cumplir con las normas sobre contrataciones públicas.

Esto también persigue como objetivo para el ejercicio del control respectivo, pues se deben profundizar las tareas de seguimiento y auditoria a través de disposiciones técnicas, obligatoriedad del empleo de los equipos adecuados y tecnologías más avanzados, previa aprobación por parte de la autoridad competente, a los fines de reducir al mínimo su impacto negativo sobre la colectividad.

Cabe recordar que el municipio, como entidad que posee bienes del dominio público en su patrimonio como calles y avenidas, debe ejercer acciones en protección o tutela sobre estos.

En un texto normativo de este tipo debe expresar los procedimientos pertinentes para la tramitación cuando ocurran intervenciones que los afecten ante la Alcaldía;

Es por eso que se habla de permisos, licencias y autorizaciones previos a la rotura de calles, lo que también implica cumplir con diversos trámites dependiendo la situación de que se trate: solvencias, pago de tasas, estar al día con los impuestos y demás tributos, inscripciones en registros, obligatoriedad de su exhibición al ser requeridos con motivo de inspecciones o verificaciones, como también mantenerlos actualizados, cronograma de trabajos, entre otros. 

También en los casos que sea necesaria la revocatoria del permiso, pudiendo mencionar cuando se aportaron informaciones o documentos falsos, los trabajos no inicien en la fecha estipulada o se paralicen injustificadamente en forma imputable al ejecutor o contratista.

De acuerdo con el cronograma de trabajo, disponer efectivamente en el sitio de la obra de los materiales, implementos y elementos necesarios, para evitar la obstrucción del libre tránsito de los vehículos y peatones.

Dentro de los trabajos que se suelen regular mediante este tipo de Ordenanzas están los que se efectúan sobre pavimento, como en calzadas y aceras, la rotura deberá ejecutarse atendiendo las especificaciones técnicas que establezca la autoridad en cuanto a los horarios y duración de tiempo.

Una vez culminadas las labores, la persona natural o jurídica que ha realizado las obras en las vías públicas deberá solicitar ante la alcaldía la realización de una inspección final, con la finalidad de constatar que se ha llevado a cabo según lo aprobado, siguiendo las normas legales y técnicas aplicables, mediante un instrumento denominado Acta de Terminación que será suscrita por el profesional inspector, el profesional residente y el propietario de la obra.

Si de las inspecciones y verificaciones realizadas durante los trabajos se encontraren fallas o defectos en los trabajos, así se hará constar y exigirá para que procedan a subsanarse las deficiencias encontradas dentro del tiempo fijado.

A falta de éste se entenderá que deberá ser de inmediato.

Es importante que el Municipio, en aras de la protección de sus intereses, realice previsión legal cuando no sean corregidos debidamente, pues resulta imperioso preservar el patrimonio local, como también el normal desenvolvimiento de las actividades de los ciudadanos.

Si hubiere daños la gestión para su reparación y restauración como la indemnización, bien sea por sí o terceros.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Competencias Municipales”, “Organización y Gestión Municipal”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio, Parques y Plazas”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “El Alcalde”, “El Concejo Municipal”, “El Cabildo Abierto”, “El Catastro Municipal”, “El Presupuesto Participativo”, Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la ley del año 2015”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Cogestión y Autogestión en el ámbito municipal”, “La fiscalización en materia de urbanismo local”, “La Movilidad Urbana”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “La Ordenanza de Tránsito Terrestre y uso de las vías públicas”, “La Ordenanza sobre motorizados”, “La Policía Administrativa”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”, “Las Tasas”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las Variables Urbanas”, “Los Servicios de Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”,  “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “Municipio y servicio de agua potable”, “Municipio, Vías y Obras Públicas”, “El Ornato Público”, “Municipio y Patrimonio Cultural”, “El Cronista Municipal”, “Las Competencias Concurrentes”, “Importancia del Control en el Municipio por el Concejo Municipal”, “Municipio y Presupuesto”, “Presupuesto Participativo”, “Municipio y  Ley de  “Municipio, Tránsito y Transporte Terrestre”, entre otros,  que  pueden ser leídas en la www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
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sábado, 6 de julio de 2019

¿Pueden los Municipios crear Servicios Desconcentrados?


¿PUEDEN LOS MUNICIPIOS CREAR SERVICIOS DESCONCENTRADOS?
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Los Servicios Desconcentrados son una forma de organización administrativa que se crean mediante decreto el cual debe expresar su objeto, competencias, forma y ubicación dentro de la estructura del Estado, órgano de adscripción, asignación presupuestaria, entre otros.

Al respecto Alejandro Canónico desarrolla el tema en la Revista Electrónica de Derecho Administrativo Nº 1 (2013), donde – entre otras consideraciones - carecen de personalidad jurídica, aun cuando poseen autonomía presupuestaria, financiera, de gestión; lo que debe determinar el acto que les da nacimiento.

Esta caracterización les permite generar recursos con afectación presupuestaria al servicio que prestan; no siempre aparejan la prestación de un servicio público como el gas doméstico, agua potable, entre otros.

Otro de los elementos característicos de los Servicios Desconcentrados, el cual viene dado por el instrumento de creación en cada caso, es el referido con la autonomía.

Entendiéndose por autonomía – desde la perspectiva del Derecho Administrativo – como la facultad de generar su propio ordenamiento jurídico – en palabras de Allan Brewer Carías en su libro Introducción al Estudio de la Organización Administrativa – siendo el caso de los municipios en los asuntos propios de la vida local, como lo reseñan la Constitución de la República (CRBV, 1999) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010).

La legislación nacional lo recoge en los Decretos con rango valor y fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública (2014) y de Administración Financiera del Sector Público (2015), como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), cuyas disposiciones son aplicables a los municipios.

El primero de los textos mencionados establece que para la creación de órganos (estructuras administrativas centralizadas), donde se encuentran comprendidos los servicios desconcentrados, deben tomar en consideración elementos de toda administración pública, tales como: responsabilidad fiscal, control de gestión, eficacia, eficiencia, suficiencia, simplicidad, adecuación a los fines institucionales, jerarquía, entre otros.

Por su parte, el profesor José Peña Solís sostiene que los servicios desconcentrados transfieren la competencia a un órgano inferior de la misma persona jurídica; caso tal de ser distinta estaríamos frente a una descentralización, como ocurre con los institutos autónomos o públicos. 

Muchas veces se tiende a confundir que – hecha la transferencia – se desvincula del órgano superior, lo que – en palabras de Canónico – no se rompe, ya que – en todos los casos – se conserva la relación jerárquica.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuando regula los llamados Medios de Gestión señala que los municipios tienen la potestad para elegir el modo de gestión que consideren más conveniente para el gobierno y administración de sus competencias.

Asimismo, podrán gestionarlas por sí mismos o por medio de organismos que dependan jerárquicamente de ellos.

Esto significa que no dependen de otro nivel de autoridad para llevarlos a cabo, dado que también se vincula con la autonomía.

En la actividad municipal es frecuente encontrarlos desempeñando distintos roles; uno de ellos es la administración tributaria. Particularmente en la ciudad de Caracas se utilizaron para los organismos que gestionan los impuestos, tasas y contribuciones en los municipios que la conforman, con excepción de Chacao que lo hace a través de otra forma administrativa.  

Con vista de lo expuesto se puede concluir que, efectivamente, los municipios pueden crear servicios desconcentrados.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de quien suscribe denominados “Competencias Municipales”, “Organización y Gestión Municipal”, “Medios de Gestión Municipal”, “Medios de Participación”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Distrito Capital”, “El Distrito del Alto Apure”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “Autonomía Municipal”, “Cogestión y Autogestión”, “La Contraloría Social”, “Municipio y Planificación”, “La Función de Planificación”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Municipio y Poder Popular”, “Municipio y Reforma Habilitante del 2014 de la Ley Orgánica de Administración Pública”, “Municipio y Servicios Sociales”, “Municipio y Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones”, “Municipio y Simplificación de Trámites habilitante 2014”, “Municipio y Servicios Públicos“, “Municipio y Presupuesto”, “La Función de Control en el Municipio” “El Concejo Municipal”, “Municipio y Ley sobre Acceso, Información e Intercambio de Datos y Documentos entre los órganos y entes públicos”, “Municipio y Ley de Infogobierno”, “Municipio y Ley de los CLPP del año 2015”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “Las instancias de atención ciudadana”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, entre otros; que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.  


martes, 2 de julio de 2019

¿Es aplicable la Ley de Contrataciones Públicas a los Municipios?

¿ES APLICABLE LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS A LOS MUNICIPIOS?

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com


Me preguntaron durante una sesión de clases si el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014) es aplicable a los municipios, dado el hecho que es una ley proveniente del Poder Nacional y su aplicación - mayormente - es en ese ámbito.

Para la realización de distintos cometidos, especialmente los de contenido prestacional asociados a los municipios, donde se dan citas los servicios públicos, muchos no susceptibles de interrupción, como agua, electricidad, aseo urbano y domiciliario, teléfono, internet, entre otros   

Dado que el Estado no posee la capacidad para la adquisición de todos los bienes, prestarse servicios en todos los ámbitos y ejecutar obras, resulta imperioso acudir al sector privado; de hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela posee normas en ese sentido. 

El Legislador Nacional, bien por sí mismo o a través de habilitación legislativa, ha aprobado normas que regulan la actividad de contratación pública.

Al respecto, bajo la modalidad de delegación, se encuentra vigente desde el año 2014 el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, cuyo objeto es regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

En el campo de las contrataciones públicas, como quiera que los recursos financieros no son de índole personal, sino que pertenecen a todos los ciudadanos por ser públicos, dado que pueden provenir de la actividad tributaria o por otras fuentes, siendo un ejemplo los empréstitos o situado constitucional, es menester que existan controles de distintos tipos.

Las entidades públicas llevan a cabo contrataciones para procurarse de bienes, presten servicios o ejecuten obras; el municipio no es la excepción.

Una de las finalidades del texto normativo en referencia es la preservación del patrimonio público.

El ámbito local goza de autonomía desde el Texto Constitucional, lo que desarrolla la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010); esto significa que no puede sustraerse de resto del ordenamiento jurídico.

De una lectura de sus disposiciones se observa que los municipios son sujeto de aplicación del instrumento legal porque - como quedó anotado - realizan procesos de contratación como cualquier otro organismo público.

Los municipios se encuentran sometidos al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), bien sea por sus órganos como entes; a ello hay que incorporar a los consejos comunales y demás formas propias del llamado poder popular cuando manejen recursos públicos, porque son objeto del control por previsión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica contra la Corrupción (2014).

Se pudiera plantear que se lesiona la autonomía municipal en materia de contrataciones públicas por la redacción de la Ley, a lo cual se argumenta que el ámbito local ejecuta distintos tipos de competencia, incluidas las delegadas desde el Poder Nacional.

Sin embargo, es oportuno dejar sentado que, en cualquier caso, la coordinación administrativa tiene que prevalecer para evitar la indebida intromisión en las competencias de otros órganos y entes, sin importar que sea nacional o estadal.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados "Los Poderes Públicos", "Las Competencias Municipales", "Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas", "El Alcalde", "Los Concejales", "El Consejo Municipal", "Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos",  "El Distrito Capital", "La Autonomía Municipal", "Municipio y Urbanismo", "Municipio y Ambiente", "Municipio y Presupuesto", "Municipio y Planificación", "Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Planificación Pública y Popular", "El Consejo Federal de Gobierno", "Municipio y Ley de Bosques", "Municipio y Participación Ciudadana", "El Territorio Insular Miranda" "Las Dependencias Federales", "El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos", "La Ley de los CLPP del año 2015", entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.