LA CONSULTA TRIBUTARIA I
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
La actividad consultiva de la
Administración es otra de las vertientes cotidianas dentro de los quehaceres
públicos y obedece a principios que permiten hacer más fluida y dinámica la relación con los administrados que, en
este caso, son los sujetos pasivos de la jurídico tributaria: contribuyentes y
responsables.
Para el presente caso, la de tipo
tributario es una más dentro de ese amplio género.
Autores como Eloy Lares Martínez en su
conocido “Manual de Derecho Administrativo”, Ediciones Universidad Central de Venezuela,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas, Venezuela; o Luis Fraga
Pittaluga en su “Defensa del Contribuyente”, Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Editorial Jurídica Venezolana,
Serie Estudios N° 130, Caracas, 2021. Nos aportan luces sobre la actividad
consultiva de la Administración.
-
¿Existen pautas a seguir para una Consulta
Tributaria?
Efectivamente, el (COT, 2020) estatuye – como
principio general en esta materia - que los contribuyentes pueden elevar peticiones
contentivas de información acerca de cómo deben actuar ante la norma tributaria
y sus efectos de que se trate.
-
¿Cuál es el medio para ello por el contribuyente?
Por cuanto es algo a petición del interesado,
le corresponde dirigirse por escrito ante la Administración Tributaria
exponiendo los hechos que causan tal actuación rogada.
Esto implica la (i) identificación (nombre,
apellido, documento de identificación (Cédula o Pasaporte) denominación
(sociedad mercantil, sociedad civil, fundación, gremio profesional) con sus
datos de registro (constitución) , Registro de Información Fiscal (R.I.F.),
carácter con el cual actúa (nombre propio o representación), indicación del
instrumento que lo faculta (asamblea, poder), entre otros; (ii) exposición de
los hechos, es decir, facilitar a la
Administración Tributaria la información de que dispongan sobre el asunto, lo
que permitirá formarse criterio y decidir; (iii) datos para la notificación con
la respuesta; (iv) documentos que apoyen la solicitud.
Partiendo que el Derecho Tributario busca en
el resto de las disciplinas jurídicas servirse para sus fines, es pertinente
recordar las enseñanzas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
(LOPA, 1981) viene en nuestro auxilio completando al (COT, 2020) sobre lo que
debe llevar una solicitud:
- El organismo al cual está dirigido.
- La identificación del interesado con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte.
- Carácter con el que actúa: nombre propio, representación con la indicación del instrumento de donde emana: asamblea, poder.
- La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes.
- Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud.
- Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
- Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
- La firma de los interesados.
El (COT, 2020) no hace distinción sobre el medio; la exigencia – por vía de interpretación - es que no sea vía oral.
Al respecto, se puede tomar como referencia
válida lo que contiene el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de
la Administración Pública (DLOAP, 2014), unido al Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos (DLSTA, 2014)
pues - en toda entidad pública (órganos, entes misiones) - debe funcionar
dentro de su estructura administrativa, una dependencia cuyo objeto sea la
atención a los administrados (contribuyentes), llegando al punto de poder auxiliarlos
en “…la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de
su interés por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico e
informático…”.
Otro texto normativo a considerar es el Decreto
con rango, valor y fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas
(2000).
-
Una vez redactada la solicitud y llevada ante la
Administración, ¿qué hacer en ese momento?
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Por cuanto se trata, en principio, de un asunto
nuevo que conocerá el organismo, se debe exigir de éste que deje constancia de
la recepción para efectos de seguimiento pues brinda seguridad y certeza.
Es un derecho de rango constitucional poder
efectuar peticiones y obtener oportuna respuesta, desarrollado por varios
instrumentos legales como los mencionados en esta entrega.
Sin embargo, esto no es la idea central de lo
que motiva estas líneas.
Como es de esperar todo esto conecta con
aspectos propios del Derecho Procesal, toda vez que éste es quien regula la
forma para la tramitación y control, incluidos los recursos contra las
decisiones que afecten los derechos e intereses del contribuyente.
Ahora bien, ¿qué significa esto?
El Derecho Procesal, tanto en Derecho
Administrativo como Tributario, en palabras del profesor Héctor Villegas en su
libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario” nos expresa que:
“… el derecho
procesal tributario está constituido por el conjunto de normas que regulan las
múltiples controversias que surgen entre el fisco y los particulares, ya sea en
relación a la existencia misma de la obligación tributaria sustancial, a la
forma (arbitraria o no) en que el fisco desea efectivizarla, a la validez
constitucional de los preceptos que rigen tal obligación, a los pasos que debe
seguir el fisco para ejecutar forzadamente su crédito, a las infracciones que
atribuye y a las sanciones que en su consecuencia aplica; e incluso en relación
a los procedimientos (administrativos y jurisdiccionales) que el sujeto pasivo
debe emplear para reclamar la restitución de las cantidades indebidamente
pagadas al fisco…”
De la transcripción anterior comprende varios
elementos de los cuales se entresacan, a título enunciativo:
(i) que es una actividad del Estado normada, es decir,
mediante instrumentos jurídicos, especialmente de rango legal;
(ii) se refiere a la relación jurídico tributaria,
puesto que alude y estudia a los sujetos que la integran (Administración
Tributaria, contribuyentes y responsables);
(iii) fundamentalmente los particulares son los pasivos,
dado que – cuando interviene otra entidad pública - su rol es de agente de
retención o percepción, en sus casos, ya que la (CRBV, 1999) consagra el
principio de inmunidad fiscal con sus regulaciones hacia los entes;
(iv) estudia diversas etapas dentro de la relación
jurídico tributaria, por ejemplo, sus elementos: determinación, liquidación y
recaudación;
(v) pasos a seguir tanto por la Administración como el
sujeto pasivo para la tramitación de asuntos: el cobro de tributos y las
defensas ante las imputaciones por aquélla hacia éste;
(vi) los órganos y entes creados para el desarrollo de
las competencias tributarias;
(vii) el régimen sancionatorio.
La doctrina, tanto en Derecho Administrativo
como Tributario, nos expone que los administrados (contribuyentes) poseen un
derecho recibir orientación acerca del sentido de las normas tributarias con
miras al cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias (declaraciones,
pagos, inscripción en registros).
Esto también implica un deber para la
Administración porque – de acuerdo con el (COT, 2020) – está en la obligación
de organizar y efectuar eventos donde se difunda el alcance de las normas,
mantener oficinas accesibles a lo largo de la jurisdicción, por ejemplo.
En la medida que se efectúe la relación entre
los distintos sujetos será más fluida e institucional.
Hasta ahora se han esbozado puntos previos
como los pasos a considerar para efectuar la consulta; sin embargo, quedan
todavía otros por abordar.
Esto – como se mencionó anteriormente –
conecta con quién puede llevar a cabo la consulta ante la Administración.
El (COT, 2020) nos indica que quien tenga
interés personal y directo se encuentra habilitado para actuar, aun cuando no
lo define, lo que ha encontrado interpretación – siguiendo los sistemas
previstos por este texto legal – en la (LOPA, 1981) con la definición que posee
de interesados, la cual remite a la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia – hoy Tribunal Supremo de Justicia por obra de la (CRBV,
1999) – cuya Ley Orgánica vigente data del año 2022, mediante reforma de su
antecesora del año 2010.
Algunos lo asocian como una condición que debe
reunirse para constituirse como parte en un procedimiento, lo cual se le da
equivalencia a la titularidad procesal por quien lo hace valer, bien sea en
estrados como en sede administrativa.
En materia contenciosa administrativa, de lo
cual no se desliga lo tributario, es una de las bases para poder actuar,
conectando con el llamado principio pro actione.
Prerrequisito que tiene que reunir la persona
para ser parte en el proceso, consistente en tener interés personal, individual
o colectivo, distinto de la situación jurídica que otros ciudadanos pueden
tener respecto de la misma cuestión. Equivale a la titularidad potencial de una
posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la
pretensión y que se materializaría de prosperar esta.
Otra consideración es la de si está prevista
la posibilidad por el ordenamiento para inadmitir una solicitud de consulta.
El (COT, 2020) nos da la respuesta.
Algunos lo asocian como una condición que debe
reunirse para constituirse como parte en un procedimiento, lo cual se le da
equivalencia a la titularidad procesal por quien lo hace valer, bien sea en
estrados como en sede administrativa.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de quien suscribe denominados “Los Poderes Públicos”, “Organización Municipal”, “Competencias Municipales”, “Las Competencias Concurrentes”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “¿Puede una Asamblea de Ciudadanos anular, derogar o modificar una ordenanza?”, “La Función de Control en el Municipio”, “La Contraloría Municipal”, “El Síndico Procurador Municipal como Fiscal de la Hacienda Pública Municipal”, “Municipio y Tributación”, “Municipio y Planificación”, “Los CLPP en su ley del año 2015”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “Retención en el Impuesto sobre Actividades Económicas”, “Gravabilidad de los servicios profesionales en el Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Establecimiento Permanente”, “Gravabilidad del Impuesto sobre Actividades Económicas en casos de indemnización”, “El Concejo Municipal”, “Los Concejales”, “Procedencia o no para Habilitar Legislativamente a un Acalde”, “¿Puede un Municipio ejercer el Poder Punitivo del Estado en materia tributaria”, “Municipio y Principio de No confiscatoriedad”, “Municipio y Principio de Generalidad Tributaria”, “Municipio y Reserva Legal Tributaria”, “Procedencia o no de la Destitución del Alcalde por improbación de la Memoria y Cuenta por el Concejo Municipal”; “Municipio y Control Interno”, “El Sistema Tributario Venezolano”, “Espectáculo Hípico e Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “Impuesto sobre Ganancias Fortuitas e Impuesto sobre Juego y Apuestas Lícitas, ¿doble imposición?”, “El Impuesto sobre Espectáculos Públicos”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “Reserva de Dominio e Impuesto sobre Vehículos”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda Comercial”, “Las Contribuciones Municipales”, “Las Contribuciones Municipales, ¿ingreso ordinario o extraordinario?”, “El Impuesto sobre Predios Rurales”; “El Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias”, “Las Tasas”, “¿Precio o Tasa para el servicio de Aseo Urbano?”, “La Tesorería Municipal”, entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
