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domingo, 4 de febrero de 2018

El Resguardo Tributario I

EL RESGUARDO TRIBUTARIO I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Durante una sesión de clases se plantearon varios elementos interesantes para el estudio de un cuerpo de policía que actúa en el ámbito de los impuestos, tasas y contribuciones; no siendo la Administración Tributaria en lo nacional, estadal ni municipal.

Se trata del Resguardo Tributario.

La Administración Tributaria, en cualquiera de los niveles territoriales del Poder Público en Venezuela, debe realizar tareas durante las 24 horas del día y todo el año; por ejemplo, (i) si se está en una estación de peaje jamás cesa la actividad recaudatoria porque ello implica que el tramo carretero permanece abierto y con él su uso, lo que da pie para la satisfacción del tributo.

Imagine una actuación en (ii) un establecimiento de expendio de especies alcohólicas que labora en horario nocturno, donde se va a practicar una clausura por incumplimiento de obligaciones tributarias.

Como un tercer escenario están (iii) las aduanas; hay que destacar que en puertos y aeropuertos el embarque y desembarque, tanto de pasajeros como mercancías es permanente, bien sea porque se va a ingresar o salir del territorio aduanero.

(iv) Un espectáculo que se suspende por no contar con los permisos, incluido los aspectos fiscales.

El Resguardo Tributario nace como una dependencia administrativa para auxiliar y brindar apoyo a la Administración Tributaria con miras a
·       
  •             impedir
  • ·         investigar
  • ·         perseguir los ilícitos tributarios y
  • ·         cualquier acción u omisión violatoria de las normas tributarias.


Se ejerce por la Fuerza Armada Nacional a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dependiendo funcionalmente – sin menoscabo de su naturaleza jurídica – del despacho de la máxima autoridad jerárquica de la Administración Tributaria respectiva.

En efecto, el Código Orgánico Tributario (COT, 2014) establece que tendrá el carácter de cuerpo auxiliar y de apoyo de la Administración Tributaria.

Generalmente se le asocia con el Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el cual es un órgano desconcentrado creado por la Ley del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (2015), (aunque su origen data de la década de los años 90 del siglo XX), se ocupa de la aplicación de la legislación aduanera y tributaria nacional.

Algunos de los ramos rentísticos donde éste actúa son:
·       
  •             Impuesto sobre la Renta.
  • ·         Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos.
  • ·         Impuesto al Valor Agregado.
  • ·         Aduanas.
  • ·         Alcohol.
  • ·         Tabaco.


Por su parte, el Resguardo Nacional Tributario tendrá a su cargo, entre otras:

  •  Prestar el auxilio y apoyo que pudieran necesitar los funcionarios de la Administración Tributaria, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización e investigación de ilícitos tributarios.
  •  Proporcionar a la Administración Tributaria el apoyo logístico que le sea solicitado en materia de medios telemáticos, notificaciones, ubicación de contribuyentes, responsables, terceros y cualquier otra colaboración en el marco de su competencia.
  • Auxiliar y apoyar a la Administración Tributaria en la intervención de libros, documentos, archivos, sistemas o medios telemáticos objeto de la visita fiscal y tomar las medidas de seguridad para su conservación y tramitación al órgano competente, en cumplimiento de las disposiciones del COT y demás instrumentos.
  • Colaborar con la Administración Tributaria cuando los contribuyentes, responsables o terceros, opongan resistencia en la entrada a los lugares que fuere necesario o se niegue el acceso; el examen de los documentos que deben formular o presentar los contribuyentes para que los funcionarios de aquélla cumplan con el ejercicio de sus atribuciones.
  • Auxiliar y apoyar a la Administración Tributaria en la aprehensión preventiva de mercancías, aparatos, instrumentos y demás accesorios objeto de comiso.
  •  Actuar como auxiliar de la Administración Tributaria en la práctica de las medidas cautelares.
  • Las demás funciones en coordinación con las autoridades y servicios conexos que le atribuyan las leyes y demás instrumentos jurídicos.



El Resguardo Nacional Tributario actuará a requerimiento de la Administración Tributaria o por denuncia, en cuyo caso notificará a ésta para que disponga lo conducente.

Nótese que el COT no lo restringe al SENIAT; siempre se refiere a aquélla como “Administración Tributaria respectiva”. Tampoco especifica que el servicio de resguardo no pueda ser ejercido en favor de estados, municipios o entes adscritos a estos.

Existen otras administraciones tributarias en el ámbito nacional que no son el SENIAT; por ejemplo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y el Instituto Nacional para la Capacitación Educativa Socialista (INCES), creados por las leyes que regulan las respectivas contribuciones fiscales de seguridad social (Ley del Seguro Social (2012) y capacitación (Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (2014), respectivamente.

Asimismo, hay leyes nacionales que crean tributos y lo asignan a otras administraciones que no son el SENIAT ni las mencionadas, como ocurre en drogas, deportes, telecomunicaciones; ciencia, tecnología e innovación, entre otros.

Cada vez que una ley nacional o estadal u ordenanza (municipio) crea un tributo se requiere de una administración tributaria como sujeto activo dentro de la relación jurídico tributaria, bien sea mediante un órgano, servicio desconcentrado o un ente.

Para el caso de los estados hay quienes han creado administraciones tributarias por aquello de las competencias en materias como minerales no ferrosos, salinas, ostrales, timbres fiscales, entre otros.

Por ejemplo, los hay con servicios desconcentrados – que es lo usual - como el Estado Miranda que cuenta con la Superintendencia de Administración Tributaria del Estado Bolivariano de Miranda (SATMIR); y el Estado Anzoátegui con el Servicio Administración Tributaria del Estado Anzoátegui (SATEA).

En el ámbito local hay algunos que ejercen la competencia tributaria a través de órganos, siendo el caso del municipio Chacao (Miranda) con la Dirección de Administración Tributaria (DAT);¸otros mediante servicios desconcentrados como el municipio Girardot del Estado Aragua (Maracay) con el Servicio Autónomo de Tributación Municipal (SATRIM).

Cabe recordar que los municipios poseen tributos como el Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE), Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, Impuestos sobre Vehículos, Contribución sobre Plusvalías de las propiedades por cambios de uso o intensidad, entre otros.

Desde la perspectiva organizacional, el Resguardo Tributario es una policía especial incluida en los Servicios de Mantenimiento para el Orden Interno que presta el componente militar Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según se observa en el portal www.guardia.mil.ve cuando se estudia su organigrama.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFANB, 2014) – debe cooperar con las autoridades civiles en la planificación y ejecución de las operaciones técnicas y materiales de policía administrativa general, especial y de investigación penal.

Ello se refleja también en otros textos normativos como el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) y la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2009).

Cuando se habla como cuerpo de policía administrativa, es pertinente la precisión del término “policía administrativa” pues, no necesariamente se refiere a las nociones de orden público – aunque le competen en el caso de la GNB y hacia eso se refieren los dos últimos textos legales mencionados -  sino como a aquel que le corresponde la inspección, fiscalización y verificación.

En ese sentido, la expresión alude a una competencia en la cual se encomienda a algún organismo  centralizado o descentralizado, la potestad de tomar decisiones o ejecutarlas coactivamente o no, que limitan los derechos de los particulares – por ejemplo – en aras de un bien jurídico tutelado de mayor entidad.

Siguiendo al maestro Eloy Lares Martínez en su célebre obra “Manual de Derecho Administrativo”, Ediciones Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; señala que varias son las limitaciones que presentan los poderes de la Administración en el ejercicio de funciones policiales, entre los cuales acota que
  • la misión de la policía consiste en hacer cumplir el deber de los particulares de no causar perturbaciones al orden público 
  • deben tener por objeto el mantenimiento del orden público. 
  • ser necesarias para el mantenimiento del orden público aplicando la proporcionalidad en atención de las circunstancias.

También José Peña Solís en su obra “Manual de Derecho Administrativo”, Volumen Tercero, Ediciones del Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, Venezuela, 2006.   Al estudiar de tema de la policía en Derecho Administrativo se suele clasificar en:
·         
  •     Policía General, la cual encuadra dentro de la noción del orden público indicada, como cuando se disuelve una manifestación pública, desalojos de espacios públicos por invasiones, entre otros.
  • ·   Policía Especial, entendida hacia la sectorización, pudiendo mencionarse ambiente, salubridad, tributación, urbanismo, entre otras.


Estas últimas son las que tienen origen tras el crecimiento de la actividad pública y su incidencia en la vida de los particulares, con miras a garantizar la buena marcha de los servicios públicos, por ejemplo.

Al igual que en las de tipo general también deben contar para su existencia y desempeño con norma de rango legal.

Una segunda clasificación la constituye desde la perspectiva territorial, por lo que existen en lo  nacional, estadal y municipal, de acuerdo con el ámbito espacial. Aquí se reproducen las consideraciones anteriores.

En tercer lugar, se habla entre preventivas y represivas, la cual está en desuso porque todo cuerpo de policía, bien sea general o especial, realiza tareas en uno y otro sentido.

Delimitado esto surgió una polémica acerca de si se puede o no crear un servicio de resguardo tributario en los niveles estadales y municipales como lo ha previsto el legislador en el COT o la participación del RNT en esos ámbitos.

En otra oportunidad se tratarán tópicos relacionados con el tema.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “ “Competencias Municipales”, “La Organización Municipal”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Distrito Capital”, “El Distrito del Alto Apure”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Sistema de Justicia y Justicia de Paz”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “La Administración Tributaria Municipal”, “Municipio y Servicio de Policía”, “La Justicia Municipal”, “La Autonomía Municipal”, “La Fiscalización en materia de urbanismo local”, “La Justicia de Paz Comunal”, “Las Fiscalías Municipales”, “Municipio y Protección Civil”, “Municipio y Ley Orgánica del Servicio y Cuerpo de Bomberos”, “Municipio e Impuesto sobre la Renta”, “Municipio e Impuesto al Valor Agregado”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias”, “El Impuesto sobre Espectáculos Públicos”, “El Impuesto sobre Predios Rurales”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “Las Contribuciones Municipales”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Municipio y Ley de Gestión de Riesgos Socio Naturales y Tecnológicos”, “Potestad Tributaria vs Potestad Reguladora”, “La Policía Administrativa”,  entre otros,  los cuales se encentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com  para obtener mayor información sobre lo aquí tratado.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.












domingo, 28 de enero de 2018

Municipio y Transparencia II

MUNICIPIO Y TRANSPARENCIA II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@gmail.com




Se discutía en una sesión de clases acerca de la aplicación de la transparencia en la gestión municipal.

Para introducirlos en el tema fue necesario recordar la autonomía, organización y competencias.

Una vez ubicados allí la actividad arrojó resultados positivos rápidamente.

Me indicaban los estudiantes que, como quiera que los municipios poseen dentro de sus competencias la realización de obras y servicios, pudiendo mencionarse la vialidad urbana, las aguas servidas, gas doméstico, entre otros; su interacción con lo patrimonial es evidente.

Por esa razón la transparencia y la participación tienen que gravitar en torno al quehacer oficial, lo cual no es otra cosa que una exigencia para la permanente rendición de cuentas, dado que los recursos – como dicen los economistas – son limitados y, en algunos casos, también escasos, debiendo dar prioridad a las necesidades más apremiantes de la población.

Todo ello implica para los municipios que deben disponer de datos e informaciones de interés para los ciudadanos, como sería el costo real al momento de proyectar obras, adquirir bienes y ejecución de servicios.

Si un funcionario local no se siente cómodo con el permanente examen por parte de organismos como las contralorías, oficinas de auditoría interna o concejos municipales, por ejemplo, es inoficioso regentar cargos porque quien administra o ejecuta dinero o bienes públicos tiene que someterse a ello, lo que equivale en algo que le beneficia para despejar dudas y le permitirá librarse de sanciones.

Hay que tener siempre presente que se manejan dineros y bienes por cuenta ajena; no se trata de patrimonio personal del servidor público.

La gestión pública municipal implica el manejo de datos e información para todo tipo de procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo legislativo y control, puesto que así será posible la sustanciación y decisión en aquellos, lo cual es nuclear en la transparencia.

Existen las de (i) carácter público,  caracterizadas por ser del dominio o alcance público, tales como: contratos, designaciones, ordenanzas, estadísticas, entre otras.

Éstas se pueden recabar de actuaciones administrativas, como expedientes donde cursan para la tramitación – por ejemplo – de una ordenanza, en la que se incluyen los insumos necesarios como dictámenes o consultas a organismos públicos (municipales o no), particulares, referencias de libros o informaciones en prensa, entre otros.

No suele hacerse distinción en cuanto al medio que la contiene, es decir, si es digital, impreso, radial, entre otros, como tampoco acerca de quien la emite o datos técnicos, por ejemplo.

Mientras que, (ii) la información personal, es aquella en la que se relaciona con la privacidad, honor o reputación de un sujeto; ejemplos de ello son: la correspondencia,  orientación sexual, vida marital; datos médicos, psicológicos o psiquiátricos; asuntos familiares; materias sobre niños y adolescentes.

Sin embargo, existen casos que no puede o deba revelarse información, que son (iii) las de carácter 
reservado, como es durante los procesos de las diligencias en materia de contratación, la deliberación para la adjudicación del contrato que deben ser resguardadas y no divulgadas, sino en el tiempo oportuno de acuerdo con la ley.

También a través de leyes como la Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) se impulsan programas para la difusión de formación ciudadana que permita el cabal ejercicio de la transparencia y la participación; la de Contrataciones Públicas (2014) en la que se regulan los aspectos para la escogencia del contratista en materia de adquisición de bienes, ejecución de obras y gestión de servicios.

Otra que se relaciona es la Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP, 2015) que consagra los sistemas de bienes públicos, crédito público, presupuesto público, contabilidad pública, tesorería.

Los municipios se encuentran incluidos para su aplicación,  tanto órganos como entes, por cada uno de los mencionados, lo que conlleva a la aprobación de – al menos - alguna ordenanza que facilite el acceso y divulgación de la información pública.

Sin embargo, al legislar en estos asuntos se esgrimen argumentos válidos sobre la vida de las personas que regentan cargos públicos, especialmente los de alto nivel, como señal de transparencia, combate a la corrupción, entre otros.

El debate versa entre el saber acerca del patrimonio de estas personas y su vida personal.

Cabe recordar que, durante la sustanciación de procedimientos administrativos, debe el Estado requerir informaciones, por vía directa de los particulares o a través de solicitudes ante otros órganos o entes.

El fundamento central del acceso a la información pública consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en la que gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, lo cual permite indagar, cuestionar, opinar y controlar la función pública.  

En el ámbito municipal se han producido iniciativas como ordenanzas de procedimientos administrativos, transparencia o divulgación y acceso a la información, entre otras, aunque no es del manejo de las personas ni del conocimiento para su utilización, ya que ello es producto de un fenómeno cultural.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) contiene normas que orientan hacia el ejercicio de la transparencia contenidos dentro de la participación, dada la cercanía con los ciudadanos.

Ejemplos lo constituyen el deber de los municipios de fomentar y mantener programas con carácter permanente de formación ciudadana, siendo una modalidad la contraloría social; al respecto, las contralorías municipales tienen la obligación de vincular a la ciudadanía con sus labores de fiscalización y de valoración del desempeño de los órganos y entes locales.

En idéntico sentido la LOPPM establece que los ciudadanos tienen derecho a
· 
  •  Obtener información general y específica sobre las políticas, planes, decisiones, actuaciones,presupuestos, proyectos y cualesquiera otras. 
  •          Acceder a archivos y registros en los términos previstos por la legislación nacional sobre la materia.
  •       Formular peticiones y obtener oportuna respuesta.
  •      Asistencia y apoyo de las autoridades municipales en sus actividades para la capacitación, formación y educación con miras a consolidar la cultura de la participación ciudadana en los asuntos públicos.
  • Obtención de información de los mecanismos para la elaboración y discusión de las ordenanzas, con especial referencia a la de presupuesto. El Programa de Gobierno. El Plan Municipal de Desarrollo. Aprobación y ejecución de obras y servicios.
  • Rendición de cuentas en términos comprensibles.
  • Presentación y discusión de propuestas comunitarias prioritarias en la elaboración del presupuesto de inversión de obras y servicios.
  • Participar en la toma de decisiones.


Si se cuenta con las ordenanzas que regulan los mecanismos de participación es un factor que posibilita la cercanía entre autoridades y comunidades, aunque esto no significa que la carencia de aquéllas no permita su ejercicio.

Adicionalmente, hasta el elemento político sale fortalecido porque una opción que atiende los requerimientos sin demagogia saldrá favorecida con el voto popular; cuando se hace rutinario rendir cuentas, consultar, entre otros elementos, por ejemplo, mediante cabildos abiertos para discutir problemas o propuestas y con sus pertinentes soluciones que puedan ser evaluadas, es beneficioso porque permite saber en qué y cómo se invierten los recursos.

Hay un indicador que debe tomarse en cuenta y es que se aumenta la inversión privada en aquellos municipios donde reina la transparencia, ya que genera confianza en los particulares.

La libertad de expresión se ve fortalecida con la transparencia    

En otra oportunidad se tratarán tópicos relacionados con el tema.

Se sugiere dar una lectura otros artículos de este autor denominados “Competencias Municipales”, “Organización Municipal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular”, “Municipio y Planificación”, “La Contraloría Municipal”, “La Función de Control en el Municipio”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Alcalde”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “Los Poderes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Los Servicios Desconcentrados Municipales”, “La Ley de los CLPP del año 2015”, “De la Hacienda Municipal”, “La Administración Tributaria”, “El Resguardo Tributario en lo Municipal”, “Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Contraloría Social”, “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Medios de Participación Ciudadana”, “El Cabildo Abierto”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “Municipio y otras Entidades Locales”, “La Parroquia en la LOPPM del año 2010”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Síndico Procurador como Fiscal de la Hacienda Pública Municipal”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “El Reglamento de Interior y Debates”, “La Autonomía Municipal”, “La Contraloría Metropolitana”, “Municipio y Control Interno”, “La Policía Administrativa”, “Las Empresas Municipales”, “Las Fundaciones Municipales”, “Municipio y Presupuesto”, “El Presupuesto Participativo”, “Municipio y Anulación de la Ley Orgánica de Emolumentos de los Altos Funcionarios”, entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.






domingo, 21 de enero de 2018

Municipio y Transparencia I

MUNICIPIO Y TRANSPARENCIA I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar


La transparencia debe ser un principio cardinal de la actuación de los órganos y entes locales, puesto que permite un mejor manejo – no solamente de los recursos financieros y materiales – sino en las relaciones con las comunidades.

Se trata de un valor cuya finalidad es el establecimiento de una relación entre gobernantes y gobernados cuya base sea la confianza con una clara oposición hacia los actos de corrupción desde su gestación, donde exista – por parte de los ciudadanos – el conocimiento acerca del funcionamiento de las instituciones y, por ende,  cómo se gestionan – especialmente – los dineros públicos.

La Constitución de la República (1999) estatuye en su articulado el derecho al:

  • ·     Acceso a la información y a los datos que sobre sí misma o sus bienes consten en registros oficiales,   así como el uso que de ellos se haga.
  • ·         Formular peticiones y obtener oportuna respuesta.
  • ·         Disponer de bienes y servicios de calidad.
  • ·         Asociarse para fines lícitos; de reunión.
  • ·         Participar en los asuntos públicos.
  • ·         Rendición de cuentas por parte de los representantes públicos.
  • ·        No confiscación de sus bienes salvo en los casos de delitos contra el patrimonio público, entre   otros.
  • ·         Propiedad.


·      
     Con este marco es posible la transparencia en todos los niveles del Poder Público, aun cuando no existiere una ley aprobada por el Poder Legislativo Nacional.


Cuando se facilita el acceso y divulgación de la información se abre el compás para que se garantice la participación ciudadana en todas sus modalidades. Está concebida como un derecho humano y variados son los instrumentos normativos que se refieren a ella. La progresividad de estos está contemplada por la Carta Magna.

Por ejemplo, en materia de procedimientos administrativos el derecho de elevar peticiones y obtener oportuna respuesta de rango constitucional desarrollado también por el legislador nacional a través de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA, 1982), dio pie para que se modificara el esquema en la relación administración-administrado incorporando principios como:
·       

  •           El derecho de acceso al expediente.
  • ·        Derecho a compulsar actuaciones.
  • ·        Límites a la discrecionalidad.
  • ·        Unidad del expediente.
  • ·        Registro de presentación de documentos.
  • ·        Términos y plazos.
  • ·        Constancia de recibo, entre otros.


Un segundo instrumento es el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (2014), en la que se incluyen el acceso a la organización de entidades públicas (órganos, entes y misiones), obligatoriedad de medios de información como la internet actualizada donde se creen formas de comunicación o contacto, marco legal, misión, visión, entre otros.

Se hace la salvedad que las misiones, micro misiones y grandes misiones son formas organizativas nacionales, las cuales se regulan por el Decreto con rango, valor y forma de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones (2014).

Como tercero se puede citar al Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Simplificación de Trámites (DLSTA, 2014), que pregona facilitar a los particulares despojando del rigorismo y formalismos innecesarios en las relaciones administración-administrado.

La simplificación de trámites administrativos, como se ha dicho, se relaciona con la tendencia mundial al uso de tecnologías que permitan dar celeridad y eficiencia en menor tiempo, lo que reduciría costos por manejo.

Esto va tomado de la mano con la planificación pública, la cual se ha concebido con inclinación hacia la centralización, evidenciándose en textos normativos como la Ley de la Comisión Central de Planificación, Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2015), Ley de Planificación Pública y Popular (2014), Ley de Contrataciones Públicas (2014).

Ahora bien, esto también conlleva que el personal que labora en las entidades públicas asuma el cambio y se incorpore a través del adiestramiento que tendrá que llevar a cabo la administración de que se trate.

Define al trámite como las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan las personas ante los órganos y entes públicos; le asigna aplicación en todos los niveles de poder público: nacional, estadal y municipal, incluidos sus entes.

Deberán estos contar con mecanismos de información y atención al público, así como las estructuras para procesar denuncias, sugerencias y quejas.  

Dispone el DLSTA que deberán dictar planes, tendentes a 


  • Suprimir trámites innecesarios que incrementen el costo operacional, que hagan menos eficiente la actividad administrativa y propicien conductas impropias.
  • Simplificar los trámites administrativos, lo que supone, entre otras
  • Supone el uso de tecnologías como se ha expresado; evitar la discrecionalidad de los funcionarios con procedimientos mejor estructurados; incorporar controles automatizados; propiciar la participación ciudadana.

Dichos planes deberán contener, como mínimo, lo siguiente:
·         Identificación de los trámites que se llevan a cabo en cada órgano y ente.
·         Clasificación de los trámites de acuerdo con el destinatario.
·         Determinación de los objetivos o metas a alcanzar en un tiempo establecido.
·         Identificación de los indicadores de gestión para la evaluación de la ejecución de los planes.

Las entidades públicas deberán dar difusión a las actividades de planificación, no solamente en la respectiva Gaceta Oficial, sino a través de otros medios para que la población esté al tanto.

En las Disposiciones Transitorias del DLSTA se instruye a los órganos y entes locales que, dentro de los 180 días siguientes a la vigencia, lo que inicia a partir del 1° de enero de 2015, deberán presentar al Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos (INGETYP), sobre el cual se hablará más adelante, los planes de simplificación de trámites.

Por otra parte, los órganos y entes municipales deberán dictar dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia, los instrumentos normativos para dar cumplimiento al DLSTA. 

En cuarto lugar se puede mencionar la Ley de Infogobierno (2013), cuya finalidad es

  • ·     Sentar los lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas.
  • ·      Impulsar la transparencia del sector público, la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía.
  • ·        Promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado. 


Con idéntico sentido, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley sobre Acceso, Información e Intercambio de Datos y Documentos entre los órganos y entes públicos (DLAIIDD, 2012); tiene por objeto

  • ·         Establecer las bases y principios que regirá el acceso e intercambio electrónico de datos,
  • ·         Información y documentos entre los órganos y entes públicos, con el fin de garantizar la
  • ·         Implementación de un estándar de interoperabilidad.  



Un texto normativo que no puede dejar de mencionarse es la Ley Orgánica contra la Corrupción, el cual fija el marco normativo de los tipos penales de los delitos contra la cosa pública, lo que debe ser conocido ampliamente tanto por funcionarios como por ciudadanos.

En otra oportunidad se tratarán tópicos relacionados con el tema.

Se sugiere dar una lectura otros artículos de este autor denominados “Competencias Municipales”, “Organización Municipal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular”, “Municipio y Planificación”, “La Contraloría Municipal”, “La Función de Control en el Municipio”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Alcalde”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “Los Poderes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Los Servicios Desconcentrados Municipales”, “La Ley de los CLPP del año 2015”, “De la Hacienda Municipal”, “La Administración Tributaria”, “El Resguardo Tributario en lo Municipal”, “Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Contraloría Social”, “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Medios de Participación Ciudadana”, “El Cabildo Abierto”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “Municipio y otras Entidades Locales”, “La Parroquia en la LOPPM del año 2010”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Síndico Procurador como Fiscal de la Hacienda Pública Municipal”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “El Reglamento de Interior y Debates”, “La Autonomía Municipal”, “La Contraloría Metropolitana”, “Municipio y Control Interno”, “La Policía Administrativa”, “Las Empresas Municipales”, “Las Fundaciones Municipales”, “Municipio y Presupuesto”, “El Presupuesto Participativo”, “Municipio y Anulación de la Ley Orgánica de Emolumentos de los Altos Funcionarios”, entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.





















domingo, 14 de enero de 2018

La Organización Municipal II

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

La entrega anterior reflejó buena parte del tema correspondiendo a la presente, no solamente su continuación, sino perfilar el interés de los estudiantes para delimitar el campo de sus Trabajos Especiales de Grado y aprovechar el desarrollo para generaciones venideras que profundicen en la investigación.  

En esta oportunidad se hará un análisis desde la perspectiva de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), la cual constituye – luego de la Constitución de la República (1999) - el marco legal más importante para estudiar lo local porque de ellas deriva todo el ordenamiento sobre la materia. 

La Ley Orgánica, en cuanto a la conformación de la organización municipal, señala que lo ejercerá a través de cuatro funciones; a saber: función ejecutiva, regentada por el alcalde por medio de la alcaldía; función legislativa o deliberante, que corresponde al Concejo Municipal, integrado por concejales.

La función de control fiscal o contralora, a cargo de la contraloría municipal. Por último, no menos importante, la función de planificación, en manos del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP).

Luego establece - lo que para algunos se ha llamado como quinta función - la Participación Ciudadana, ya que la Ley Orgánica en términos mandatorios señala al poder local la activa incorporación de la ciudadanía en la gestión, control y evaluación de los resultados.

Ahora bien, ¿cómo está concebida cada una de esas funciones en la legislación municipal?

La respuesta es algo extensa, pues hay que tocar diversos aspectos para hacerlo con la precisión y calidad debidas.

La función ejecutiva, a cargo del alcalde, comprende todo lo concerniente con la administración o gobierno municipal, lo que lleva a precisar sus competencias según la LOPPM; entre ellas se encuentran las siguientes:

1.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la constitución del estado, leyes nacionales, estadales, ordenanzas municipales y demás instrumentos jurídicos.

2.- Dirigir el gobierno y la administración municipal, velando por la eficacia en la prestación de los servicios públicos dentro de su ámbito y ejercer la representación del municipio.

3.- Dictar reglamentos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos en la entidad local.

4.- Proteger y conservar los bienes de la entidad, debiendo velar por la realización y actualización permanente del inventario.

5.- Ejecutar, dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales.

6.- Suscribir los contratos que celebre el municipio.

7.- Ejercer la máxima autoridad en materia de administración de personal, con excepción del adscrito al Concejo Municipal y la Contraloría Municipal.

8.- Presidir el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP).

9.- Presentar a la consideración del Concejo Municipal los diversos proyectos de ordenanzas.

10.- Presentar al Concejo Municipal el informe de gestión.

11.- Presentar a la comunidad de su municipio la rendición de cuentas de la gestión política y administrativa.

12.- Promover la participación ciudadana.

13.- Resolver los recursos jerárquicos y demás actos administrativos dictados por las distintas dependencias ejecutivas municipales.

14.- Las demás que le atribuyan las leyes y demás instrumentos jurídicos.

Por su parte, el Concejo Municipal, como Poder Legislativo Local, siguiendo con lo previsto por la Ley Orgánica le corresponde, entre otras:

1.- Iniciar, consultar con las comunidades; discutir y sancionar los proyectos de ordenanzas.

2.- Dictar y aprobar su Reglamento Interior y de Debates, con miras a organizarse y sancionar las reglas de orden caso de infracciones aplicables a sus deliberaciones.

3.- Aprobar el Plan Municipal de Desarrollo y los planes y demás instrumentos de ordenación 
urbanística.

4.- Ejercer la potestad tributaria del municipio.

5.- Aprobar el presupuesto de gastos que soporte su plan legislativo anual.

6.- Acordar la participación del municipio en organizaciones intermunicipales, así como autorizar la creación, supresión o modificación de órganos desconcentrados y entes municipales.

7.- Autorizar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente con la enajenación de ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del alcalde.

8.- Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido en el proyecto de ordenanza de presupuesto presentado por el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP).

9.- Autorizar la ausencia del alcalde en forma temporal.

10.- Autorizar créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del municipio.

11.- Ejercer las funciones de control sobre el gobierno y la administración municipal.

12.- Presentar a la comunidad la rendición de su gestión legislativa y política.

13.- Organizar la normativa referente sobre justicia de paz

14.- Las demás que le atribuyan las leyes.

De su seno se elige un Presidente, quien lo representará y tendrá funciones administrativas dentro del órgano legislativo local.

Fuera de su seno elegirán a un Secretario, quien funge como (i) órgano auxiliar del Concejo; sus atribuciones se encuentran delineadas por la Ley Orgánica, las cuales son las siguientes:

1.- Asistir a las sesiones del Concejo Municipal y elaborar las actas.

2.- Refrendar las ordenanzas y demás instrumentos jurídicos que dicte el Concejo.

3.- Llevar los libros, registros, archivos, expedientes y documentos del Concejo, con su correspondiente custodia.

4.- Ejercer la función certificatoria, previa autorización del Presidente del Concejo.

5.- Dirigir los trabajos de la secretaría.

6.- Auxiliar a las comisiones del Concejo Municipal.

Adicionalmente, dentro de los órganos auxiliares está (ii) la Sindicatura Municipal (no sindicato), quien tiene a su cargo, entre otras, la representación legal y defensa del municipio, conforme los lineamientos del alcalde; asesoría jurídica al concejo municipal y al alcalde; someter a la consideración del alcalde los proyectos de ordenanzas y reglamentos o reformas de estos; asistir a las sesiones del concejo municipal con derecho a voz.

Como requisito esencial debe ser abogado. Es designado por el alcalde, previa autorización del Concejo Municipal.

Por último, no menos importante, está (iii) el Cronista Municipal, quien es el encargado de la recopilación, conservación y defensa de las tradiciones y costumbres y hábitos sociales de la comunidad. Todo lo referente a las competencias, funcionamiento, derechos y personal a su cargo se regirán mediante ordenanza.

La función de control, a cargo de la Contraloría Municipal, se ocupa del control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como de las operaciones relativas con estos.

La Contraloría gozará autonomía orgánica, funcional y administrativa. Actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor Municipal y será designado mediante concurso, debiendo juramentarse ante el Concejo Municipal.

La función de planificación, la cual lleva a cabo el Consejo Local de Planificación Pública  (CLPP), integrado por el Alcalde, quien lo presidirá, los Concejales y miembros de la sociedad civil organizada.  

Esto es novedoso en el derecho venezolano puesto que si bien la planificación está presente en el quehacer público, sus regulaciones sufren un vuelco a partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999).

Tiene como característica que participan todos los órganos y entes municipales.

Existe un sistema nacional de planificación que incorpora a los municipios de acuerdo con el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Planificación Pública y Popular (LOPPP, 2014), cuyo ejecutor es la Comisión Central de Planificación.

Para el caso del nivel local existe el llamado Plan Municipal de Desarrollo, de acuerdo con la LOPPP en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; es el instrumento de gobierno que permite establecer los proyectos, objetivos, medidas, metas, acciones y recursos, con miras a la realización de sus competencias, especialmente las de naturaleza concurrente con los otros niveles territoriales y descentralizados.

Deberá contemplar la ordenación y promoción de su desarrollo económico y social que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad municipal.

La formulación y aprobación se lleva a cabo así:
·         El Alcalde lo formula y presenta al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP).
·         El CLPP lo discute, aprueba o modifica.
·   El Alcalde lo presenta ante el Concejo Municipal (órgano legislativo) para su aprobación de manera definitiva.

La ejecución se efectúa mediante los órganos y entes municipales siguiendo los denominados Medios de Gestión previstos por la LOPPM, pudiendo hacerlo de manera directa, creación de mancomunidades, fundaciones municipales, empresas exclusivas o mixtas, concesiones, entre otros; procurando – en lo posible – la participación comunitaria organizada como principio cardinal, siguiendo los principios fundamentales en los primeros capítulos de este instrumento legal.

Ahora bien, en el nivel municipal, existen otros planes propios de éste, como el denominado Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), el cual se corresponde con los lineamientos urbanísticos, que contendrá la clasificación de los suelos, espacios libres y de equipamiento, entre otros aspectos.

También existe el Plan de Turismo, contemplado para los municipios con vocación turística; en éste se promoverán los sitios históricos, atractivos naturales, recreativos, artesanales y cualquier otro. Para ello contará con la colaboración de los sectores público y privado.  

El municipio debe coordinar su planificación con los realizados por el poder popular, como es el caso de las comunas, que preparan mediante el Plan Comunal de Desarrollo.

Se formula  a través del Consejo Comunal de Planificación y a los Consejos Comunales de la Comuna, correspondiendo su aprobación al Parlamento Comunal. Su ejecución corresponde a los órganos de autogobierno de la comuna y el seguimiento se hace por todos ellos.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de quien suscribe denominados “Los Poderes Públicos”, “La Autonomía Municipal”, “El Alcalde”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “Las Competencias Municipales”, “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y Planificación”, “La Función Ejecutiva en el Municipio”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “La Función de Control en el Municipio”, “La Función de Planificación”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “El Distrito del Alto Apure”, “Municipio y Otras Entidades Locales”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “El Cabildo Abierto”, “El Municipio Indígena”, “El Presupuesto Participativo”, “El Secretario Municipal”, “¿Ilegales las Asociaciones de Vecinos?”, “Las Empresas Municipales”, “Las Fundaciones Municipales”, “Los Institutos Autónomos o Públicos Municipales”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de la Administración Pública”, “Cogestión y Autogestión en el ámbito municipal”, “La Concesión como medio de gestión municipal”, entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.


domingo, 7 de enero de 2018

La Organización Municipal I

LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar


Durante una sesión de clases se planteó la Organización Municipal como tema para un Trabajo Especial de Grado, lo que generó estas líneas para brindar orientación, agradeciendo el interés de los estudiantes en hacer letra viva la frase con la que se cierran las entregas de quien suscribe y de mostrar lo importante del ámbito local. 

Una vez aprobada la Constitución de la República en 1999 se abrió una brecha legislativa para adecuar los diversos textos normativos en relación con lo dispuesto por ella, pudiendo ser el caso que la contradijera o aprovechar el remozamiento por cuanto era el inicio de una nueva era en la historia de Venezuela.

Lo municipal no escapó de la tarea que debía emprender el naciente órgano legislativo denominado Asamblea Nacional.

Se planteó la tesis del modelo a seguir; por una parte era (i) regresar al de tipo parlamentario, donde el protagonismo lo tenía el Concejo Municipal o (ii) se conservaba el existente con el Alcalde como jerarca del Ejecutivo, el Concejo Municipal (órgano legislativo y control), la Contraloría en lo atinente al control y los otros órganos auxiliares: Sindicatura Municipal, Cronista Municipal y la Secretaría Municipal.

Optaron por la segunda alternativa.  

A ello debía incluirse una novedad creada desde el Texto Fundamental como es el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), el cual también dispone de una ley que lo regula denominada Ley de los Consejos Locales de Planificación, cuya versión más reciente data del año 2015.

Superado esto se trabajó en los principios para la autonomía, organización, funcionamiento, gobierno, administración,  control y participación ciudadana que regirán el ámbito local tomando en cuenta las directrices constitucionales.

El producto de esta labor fue la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), la cual derogó a la Ley Orgánica del Régimen Municipal, lo que ocurrió el año 2005.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal ha tenido varias modificaciones, correspondientes a los años 2006, 2009 y 2010.

Este instrumento tiene por objeto:

  1. Desarrollar los principios constitucionales relativos al Poder Público Municipal: autonomía,organización, funcionamiento, gobierno, administración, control.
  2. Garantizar el efectivo ejercicio de la participación ciudadana en los asuntos propios de la vida local, siguiendo para ello los valores de la democracia participativa, corresponsabilidad social, planificación, descentralización y transferencia hacia las comunidades de sus competencias.
  3. Inclusión de las comunas como una entidad local y otras organizaciones del llamado poder popular.


Partiendo de las premisas de la autonomía y la descentralización, se concibió a aquélla como la facultad que tiene el Municipio para:
  • ·         Elección de sus autoridades.
  • ·         Gestionar las materias de su competencia.
  • ·         Creación, recaudación e inversión de sus recursos.
  • ·         Dictar el ordenamiento jurídico municipal.
  • ·         Organizarse, entre otras.


La noción de autonomía - desde la perspectiva del Derecho Administrativo - siguiendo al maestro Eloy Lares Martínez en su obra “Manual de Derecho Administrativo”, Ediciones Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; es la aptitud de la entidad de que se trate para darse las normas jurídicas que rijan su actuación. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), en primer lugar, reconoce el concepto de autonomía municipal, lo que es propio de los estados federales, ya que concibe a la descentralización como una de las mejores herramientas de acción política para la satisfacción de las necesidades colectivas.

De hecho, si se examina el Texto Fundamental, se encuentra una norma que así lo pregona: La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados por la Constitución. 

La Exposición de Motivos de ésta se pronuncia expresamente a favor de la autonomía municipal, remitiendo al legislador el desarrollo de los principios constitucionales.

Acerca de la elección de autoridades significa que los alcaldes y concejales llegarán a la función pública mediante procesos comiciales, los cuales son competencia del Poder Electoral de acuerdo con el Texto Fundamental.

El período de mandato es de cuatro años y las elecciones deberán hacerse separadas de las correspondientes a los órganos del Poder Público Nacional.

La descentralización – en palabras de la Exposición de Motivos de la Carta Magna - es un lineamiento estratégico de la política de desarrollo, no solo a los fines de la democratización de lo público, sino también como elemento decisivo para promover la efectividad y eficiencia de los cometidos estatales.

Debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y crear mejores condiciones, bien sea en el ejercicio de la democracia como en la prestación y ejecución de competencias.

La LOPPM  establece que  la descentralización y transferencia de competencia en materia de servicios públicos hacia las comunidades y grupos vecinales organizados previa demostración de su capacidad, se hará mediante convenios, pudiendo el Municipio intervenir o reasumir el servicio.

También existen leyes como la Ley Orgánica para la Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público (2009),  la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010) y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria (2014), que busca desarrollar los principios, normas, procedimientos y mecanismos de transferencia de la gestión  y administración de servicios, actividades, bienes y recursos desde las entidades político territoriales hacia el pueblo organizado.

El medio para ello es a través de la creación de empresas comunales y otras organizaciones de base del poder popular o de propiedad social, consejos comunales y comunas.

Otro aspecto de interés es que los actos dictados por las autoridades municipales, en ejercicio de sus competencias deberán ser respetados por los demás órganos y entes, al igual que recíprocamente debe aplicarse de aquéllas hacia estos, con miras a no invadirse las esferas de competencias de acuerdo con el ordenamiento.

Como complemento, tampoco se sustraen del control constitucional ni legal ejercido por el Poder Judicial, es decir, que solo pueden impugnarse ante los tribunales competentes; ejemplo de ello lo constituye cuando se pide la nulidad de una ordenanza por atentar contra principios constitucionales.

Como tercer elemento, los municipios tienen personalidad jurídica dentro del ordenamiento legal; basta con leer el Código Civil Venezolano (1982), luego del texto constitucional, cuando se les incluye en las llamadas personas morales de carácter público, al igual que el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (2014).

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de quien suscribe denominados “Los Poderes Públicos”, “La Autonomía Municipal”, “El Alcalde”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “Las Competencias Municipales”, “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y Planificación”, “La Función Ejecutiva en el Municipio”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “La Función de Control en el Municipio”, “La Función de Planificación”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “El Distrito del Alto Apure”, “Municipio y Otras Entidades Locales”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “El Cabildo Abierto”, “El Municipio Indígena”, “El Presupuesto Participativo”, “El Secretario Municipal”, “¿Ilegales las Asociaciones de Vecinos?”, “Las Empresas Municipales”, “Las Fundaciones Municipales”, “Los Institutos Autónomos o Públicos Municipales”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de la Administración Pública”, “Cogestión y Autogestión en el ámbito municipal”, “La Concesión como medio de gestión municipal”, entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.