La Contraloría Metropolitana II

LA CONTRALORÍA METROPOLITANA II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Determinado como ha sido que el Área Metropolitana de Caracas es una unidad política y territorial - de acuerdo con la Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas (2009) – con personalidad jurídica y autonomía, siguiendo para ello las normas constitucionales y legales, así como también posee la consideración como entidad local, quedaron pendientes de la entrega anterior algunos aspectos que se abordarán en la presente.

Cuando la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) señala las normas sobre la función de control del Municipio, expresa que están a cargo del Concejo Municipal y la Contraloría Municipal.

A ello se una también la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), dado que los contralores municipales son designados por el órgano legislativo.

En idéntico sentido corresponde con el Contralor Metropolitano; el Cabildo Metropolitano de Caracas tiene como competencia su designación siguiendo las normas que regulan la materia.

El Órgano Legislativo Metropolitano puede dictar en el ejercicio de sus competencias una Ordenanza de Contraloría en la que se regulen temas como la designación del Contralor, la organización interna, faltas temporales o absolutas, causales de destitución, participación ciudadana, régimen de personal, entre otros.

Cabe recordar que a nivel de contraloría hacen vida figuras jurídicas como el reparo, la responsabilidad administrativa y la imposición de multas, además de la polémica inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o la suspensión del ejercicio del cargo, entre otras.

También podrá realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo respecto de las actividades, evaluar los planes, programas y proyectos; se incluyen estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros o de cualquier otra naturaleza para determinar el costo de los servicios públicos.

De acuerdo con la LOPPM debe gozar de autonomía orgánica, funcional y administrativa en concordancia con las normas constitucionales sobre la Contraloría General de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal.

Resulta lógica esta previsión del legislador en razón de sus competencias porque debe sustraerse del manejo político y administrativo de las ramas ejecutiva y legislativa municipales porque, de lo contrario, afectaría la competencia asignada por el legislador, cuyo origen es de naturaleza constitucional.

Si el Contralor incurriese en hechos que amerite promover su destitución, por ejemplo,  como la comisión de delitos previstas por el Código Penal (delito común), su responsabilidad se determinará por el Poder Judicial a través de sus instancias correspondientes.

Por su parte, la LOPPM ha previsto normas sobre la situación acotada dentro de su ámbito regulatorio; se procederá a la formación del procedimiento de investigación, lo que concluirá con un acto donde se dicte o no su destitución.

Ello se encuentra a cargo del Órgano Legislativo y requiere de una mayoría calificada para poder hacerla efectiva. Asimismo, deberá ser remitida la propuesta a la Contraloría General de la República, la cual deberá expresar por escrito su opinión.               

Se establecen en aquélla como causales de destitución del contralor municipal (metropolitano en el caso que nos ocupa) las siguientes:

1.- Falta de vigilancia y de acciones en relación a la comisión de hechos irregulares en la gestión administrativa del Municipio.

2.-  Reiterado incumplimiento sin causa justificada de sus deberes y obligaciones.

3.- La no presentación al Órgano Legislativo y a la Contraloría General de la República del Informe sobre la Gestión Administrativa del Municipio (Área Metropolitana de Caracas)  y de su gestión contralora dentro del lapso establecido o de la prórroga concedida.

4.-  La inobservancia reiterada a las observaciones hechas por las comunidades en el ejercicio de la contraloría social.

Resulta oportuno señalar que, dentro de la conformación del Cabildo Metropolitano de Caracas en su página de internet www.cabildometropolitano.org.ve, existe una Comisión de Contraloría cuyo objeto es legislar sobre las normas jurídicas metropolitanas, con especial énfasis en materia de control, vigilancia y fiscalización y la correcta utilización de los fondos y manejos públicos, orientados a dar cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y a satisfacer las necesidades de los ciudadanos del Área Metropolitana de Caracas.

Asimismo, continúa mencionando la dirección electrónica, debe abrir canales de participación que optimicen una auténtica vía de comunicación y respuesta efectiva para fortalecer la democracia participativa y la gestión del gobierno metropolitano; construyendo un mejor control de gestión para procurar solucionar los problemas de los ciudadanos y presentar soluciones viables que garanticen una mejor calidad de vida y el logro de los fines propuestos.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Servicios Públicos” “Municipio y Tributación”, “Los CLPP en la ley del año 2015”, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “El Concejo Municipal”, “La Contraloría Social”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”,  “Las Empresas Municipales”, “La Administración Tributaria Municipal”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y Arrendamiento de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “Municipio y Desincorporación y Enajenación de Bienes Públicos”, entre otros; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

  

 

La Contraloría Metropolitana I

LA CONTRALORÍA METROPOLITANA I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

El ordenamiento jurídico venezolano, desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), dispone que le gestión pública debe ser objeto de revisión de sus actuaciones desde la perspectiva del manejo de los bienes públicos como de los recursos financieros que la componen.

Eso es el objeto de la función de control.

A nivel legislativo la Asamblea Nacional o por vía de habilitación legislativa al Poder Ejecutivo ha aprobado diversos instrumentos tendentes al cumplimiento de los lineamientos constitucionales; ejemplos son la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), la Ley Orgánica del Poder Ciudadano (2001), la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), la Ley Especial del Régimen Municipal a dos (2) niveles del Área Metropolitana de Caracas (2009), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica contra la Corrupción (2014), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2015), entre otros.

Las previsiones de estos textos de rango nacional se extienden al ámbito municipal.

Una de ellas es la que el Poder Municipal se encuentra comprendido dentro de las normas de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal; en idéntico sentido se pronuncia sobre el nivel metropolitano.

Es por ello que en la Ley Especial del Régimen Municipal a dos (2) niveles del Área Metropolitana de Caracas se crea la Contraloría Metropolitana.

Al respecto menciona que le corresponde el control, vigilancia y fiscalización de los bienes, ingresos y gastos del Área Metropolitana de Caracas, así como las operaciones relativas a estos, conforme a la ley y a las ordenanzas aplicables.

Ello significa que esta dependencia es la encargada de velar porque los recursos económicos de los ciudadanos que administran las autoridades metropolitanas sean manejados en forma correcta; rescatan y representan la moral púbica.

A mayor abundamiento existen varios niveles de responsabilidad en cuanto al manejo de la cosa público: civil, penal, administrativa. Cada uno es autónomo y tiene sus respectivas regulaciones, al igual que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela innovó en estas materias, como es la creación del Poder Ciudadano y del Consejo Moral Republicano.

Por otra parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala como entidades locales territoriales a los distritos metropolitanos y a las áreas metropolitanas.

También establece que la función de control es ejercida por la contraloría municipal. El control sobre la actividad administrativa en el municipio posee varias vertientes; una de ellas es la que lleva a cabo el Cabildo Metropolitano como órgano legislativo local. La segunda sería la que efectúa la Contraloría.

Siendo el Área Metropolitana de Caracas – de acuerdo con la Ley Especial - una unidad político-territorial, posee personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución de la República y la ley, significa que maneja recursos patrimoniales, tanto dinerarios, humanos como materiales, debe ser objeto de regulaciones en cuanto al control.

Su ámbito geográfico comprende el Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital y los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre del Estado Bolivariano de Miranda.

Esta instancia de régimen municipal se crea con el fin de establecer una política integral que permita la planificación y coordinación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en concordancia con los municipios que lo integran.

La Ley Especial refiere que el Área Metropolitana de Caracas se organiza en un sistema de gobierno municipal a dos niveles:

1.- El nivel metropolitano, formado por un órgano ejecutivo y uno legislativo, cuya jurisdicción comprende la totalidad territorial metropolitana; aquél a cargo del Alcalde Metropolitano y éste del Cabildo Metropolitano.

2.- El nivel municipal, formado por un órgano ejecutivo y un legislativo en cada municipio integrante del Área Metropolitana de Caracas, con jurisdicción municipal.

El mencionado teto legal ha previsto que la Contraloría Metropolitana está concebida como órgano (estructura de organización administrativa de carácter central), dirigida por un Contralor designado de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República y en las leyes aplicables.

Cabe destacar que esta última expresión ha servido para interpretar su funcionamiento, sirviéndose de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y de la Orgánica de la Contraloría General de la República.

La Contraloría Metropolitana está debidamente facultada para ejercer su labor en los entes locales, es decir, las entidades descentralizadas, tales como: institutos autónomos, empresas mixtas o de economía social, empresas municipales, mancomunidades, fundaciones, entre otros.

Así como se dice que la administración tributaria goza de amplias facultades para el ejercicio de las competencias en cuanto a la recaudación de los tributos que se le adeuden, la Contraloría también dispone de variados medios o formas de investigación dentro del marco de sus funciones de control.

Para ello podrá realizar actuaciones de verificación y determinar los daños causados al patrimonio metropolitano, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales; solicitar informaciones, declaraciones, tanto de personas como de bienes a todo tipo de sujetos, bien sean funcionarios, empleados, obreros del sector público, como a particulares que hayan desempeñado funciones o empleos públicos, contribuyentes o responsables tributarios y a quienes contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio municipal o reciban aportes, subsidios, transferencias o incentivos fiscales (exoneraciones, rebajas).

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Servicios Públicos” “Municipio y Tributación”, “Los CLPP en la ley del año 2015”, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “El Concejo Municipal”, “La Contraloría Social”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”,  “Las Empresas Municipales”, “La Administración Tributaria Municipal”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y Arrendamiento de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio, Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “Municipio y Desincorporación y Enajenación de Bienes Públicos”, entre otros; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

   

Municipio, Obras y Vías Públicas III

MUNICIPIO, OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS III

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Para asegurar que la relación municipio-ciudadanos-empresas en lo atinente a las obras que afecten los bienes del dominio público, es importante mantener altos niveles de comunicación e información, a los que hay por agregar la participación.

Los vecinos y ciudadanos no residentes de un determinado municipio, se ven forzosamente obligados a involucrarse en el seguimiento de la gestión de las autoridades locales, por aquello de la afectación individual, bien sea en la esfera subjetiva o de su actividad económica.

Esto – en términos más simples – no es otra cosa que cuando las personas hacen vida laboral, transitan habitualmente o residen en un sector y deben desplazarse – bien sea  dentro o fuera de aquélla – se encuentran con la circunstancia de no poder circular con libertad por: 

(i) Obstáculos producto de roturas de calles, avenidas o plazas.  

(ii) No fue retirado un sobrante de obras. 

(iii) Se depositaron materiales de construcción de forma indebida sobre aceras. 

(iv) No se coordinaron debidamente – en forma previa - por quienes encargan y/o ejecutan las obras con los munícipes por la carencia o deficiencia en la tramitación de permisos, licencias o autorizaciones.

(v) Una emergencia, como cuando se presenta con tuberías de agua, fugas de gas o los  transformadores para electricidad.

Cabe destacar que la competencia sobre la vialidad, circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas relacionadas con el ámbito urbano son de corte municipal por mandato constitucional.

En idéntico sentido se pronuncian la Ley de Transporte Terrestre (2008) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPM, 2010), dado que el tránsito debe ser libre por todo el territorio nacional, tanto de bienes como de personas, con las estipulaciones legales correspondientes, tales como aduanas, control de tránsito, seguridad, entre otras.

Todo esto viene a colación porque – como se decía en entregas previas – las comunidades han padecido por la realización de obras donde no se restablecen los espacios al estado de uso adecuados luego de efectuados los rompimientos.

Sin duda que afecta el libre desenvolvimiento en muchos órdenes: movilidad, seguridad, entre otros.

Para ello también los ciudadanos han buscado encausar esa preocupación  a través de medios de participación. Estos permiten que, tanto en solitario como en grupos, puedan ver resueltos problemas que les aquejan; por ejemplo, la calidad de los servicios públicos, tales como: agua, gas, telefonía, internet, transporte público, vialidad urbana.

La LOPPM trae un elenco enunciativo de medios de participación, entre los que destacan la asamblea de ciudadanos, cabildos abiertos, consultas públicas, iniciativa legislativa,  cogestión.

Dicho texto normativo obliga a los concejos municipales a legislar sobre estos para facilitar su ejercicio, lo que puede hacerse mediante ordenanzas, con miras a fijar un marco que brinde seguridad jurídica y reste discrecionalidad a los funcionarios, lo cual también – en otro orden - podría llegar a la interposición de acciones judiciales como las contenidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010) en materia de servicios públicos.    

Específicamente asigna a los juzgados de municipio las reclamaciones relacionadas con esos quehaceres.

Se les denomina como Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque tienen su sede en jurisdicción de uno o más municipios, de acuerdo con la resolución de creación a dictar por el Tribunal Supremo de Justicia, teniendo como conocer sobre  rol la materia de servicios públicos y  y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de estos.

Sin embargo, los municipios pueden ser objeto de demandas no exclusivamente por la buena marcha de aquéllos, sino que también se podrían intentar acciones cuyo conocimiento les competa a otros jueces dentro del sistema contencioso administrativo.

Véase la situación con un ejemplo.

Cuando un consejo comunal decide acudir ante un juez porque no le han cumplido con la entrega programada de recursos financieros, en ejercicio de políticas públicas, determina los supuestos en que basará su acción e introduce la demanda, debiendo proponerla ante la jurisdicción contenciosa administrativa, tomando en cuenta el territorio, cuantía y materia; sin perjuicio de la determinación de los distintos tipos de responsabilidad.

Por otra parte, a raíz de la participación ciudadana, se abre el compás para sancionar a las ejecutoras de obras o construcciones en vías públicas que no cumplen a cabalidad con las obligaciones de restauración o reparación de bienes del dominio público municipal; el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014) establece mecanismos como:

1.- Las medidas preventivas: ocupación temporal; inventario de materiales y bienes; posesión inmediata sobre estos,

2.- Inhabilitaciones para contratar con entidades públicas a través de otras personas jurídicas en los casos de personas naturales (socios) sobre quienes pesen sanciones mientras se encuentren vigentes

3.-  Evaluación de desempeño del contratista; remisión de la información al Servicio Nacional de Contrataciones para incluirla en el expediente administrativo llevado por el Registro.

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2009), que desarrolla postulados constitucionales, tiene por objeto regular temas como  control, vigilancia, fiscalización de los ingresos, gastos y bienes, así como de las operaciones relativas a estos.

Para el caso que ocupa estas líneas se hace referencia a la contraloría municipal, ya que forman parte de ese sistema, debiendo someterse a las normas de control todos los funcionarios públicos de cualquier naturaleza o quienes manejen fondos públicos aunque sean particulares.

A nivel de contraloría hacen vida figuras jurídicas como el reparo, la responsabilidad administrativa y la imposición de multas, además de la polémica inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Asimismo podrá realizar auditorías, estudios, análisis e investigaciones de todo tipo respecto de las actividades, evaluar los planes, programas y proyectos; también se incluyen estudios organizativos, estadísticos, económicos y financieros o de cualquier otra naturaleza para determinar el costo de los servicios públicos.

El control sobre la actividad administrativa en el municipio posee varias vertientes; una de ellas es la que lleva a cabo la contraloría municipal, como se ha establecido. Una segunda sería la que realiza el concejo municipal como órgano legislativo local.

La tercera se refiere al control ciudadano, materializado en la llamada contraloría social.

Aun cuando la LOPPM atribuye expresamente la función de control a la Contraloría Municipal, es menester indicar que ésta no la realiza exclusivamente, puesto que también – dentro de su esfera competencial – existe el ejercido por el Concejo Municipal y los ciudadanos a través de la llamada contraloría social.

En efecto, el órgano legislativo local ejerce el control político sobre los órganos y entes municipales, pudiendo hacer investigaciones, interpelaciones, entre otros; tanto a funcionarios y empleados municipales como a particulares, quienes deberán prestar su colaboración.

Se encuentra estructurado como un cuerpo colegiado, lo que va en consonancia con la función deliberante, puesto que sus actos están enmarcados dentro de la participación, parlamentarismo, consulta, entre otros.

Existen en muchos municipios ordenanzas que regulan la actividad de la contraloría, en las que se mencionan los aspectos de su organización interna, autonomía, régimen de personal, entre otros.

Ocurre con frecuencia que la Contraloría General de la República actúa en el ámbito local y dicta determinación de responsabilidades en el manejo de la cosa pública;  es pertinente aclarar que no se trata de una invasión a la autonomía municipal, puesto que el Municipio reciba sumas de dinero provenientes de otros niveles, como ocurre con el Poder Nacional, en materia de obras o por auxilios ante desastres, por ejemplo.

Esto significa que – al estar involucrados recursos nacionales – puede investigar y desarrollar sus competencias conjuntamente. Sin embargo, hay que diferenciar cuando la administración le compete al municipio sin la intervención de otros órganos o entes nacionales o estadales.

Otra inquietud frecuente en eventos académicos es si la contraloría es o no competente para actuar en la esfera de los particulares; la respuesta a ello es afirmativa cuando son receptores de recursos públicos, bien sea por programas o proyectos, como también ayudas, resultado lógico que no exista ningún sujeto que se sustraiga del control.

La Contraloría Municipal está debidamente facultada para ejercer su labor en los entes locales, es decir, las entidades descentralizadas, tales como: institutos autónomos, empresas mixtas o de economía social, empresas municipales, mancomunidades, fundaciones, entre otros.

Para ello podrá realizar actuaciones de verificación y determinar los daños causados al patrimonio municipal, si fuere el caso, así como la procedencia de acciones fiscales; solicitar informaciones, declaraciones, tanto de personas como de bienes , bien sea de funcionarios, empleados, obreros del sector público, como a particulares que hayan desempeñado funciones o empleos públicos, contribuyentes o responsables tributarios y a quienes contraten, negocien o celebren operaciones relacionadas con el patrimonio municipal o reciban aportes, subsidios, transferencias o incentivos fiscales (exoneraciones, rebajas).

Por último, como del manejo de recursos públicos se pueden originar situaciones de tipo delictual en procesos de contratación, el legislador aprobó – por vía habilitante – el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica contra la Corrupción (2014); aquí se regulan los tipos penales que conllevan privación de libertad, reparación patrimonial, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. 

Figuras como peculado, malversación, entre otras, son propias de esta rama especial del área penal.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Competencias Municipales”, “Organización y Gestión Municipal”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio, Parques y Plazas”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “El Alcalde”, “El Concejo Municipal”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Abierto”, “El Catastro Municipal”, “El Presupuesto Participativo”, Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la ley del año 2010”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Cogestión y Autogestión en el ámbito municipal”, “La fiscalización en materia de urbanismo local”, “La Movilidad Urbana”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “La Ordenanza de Tránsito Terrestre y uso de las vías públicas”, “La Ordenanza sobre motorizados”, “La Policía Administrativa”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”, “Las Tasas”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las variables Urbanas”, “Los Servicios de Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”,  “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “Municipio y servicio de agua potable”, “Municipio, Tránsito y Transporte Terrestre”, entre otros que  pueden ser leídas en  www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. 

Municipio, Obras y Vías Públicas II

MUNICIPIO, OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Me comentaban los estudiantes en aula que una ordenanza que regule las obras que afecten bienes del dominio público no podría manejar de un todo la temática, dado lo complejo de la tecnología, dinámica de realidad social, entre otros aspectos.

-        

           -   ¿Cómo hacer en estos casos?

Sobre ello la mejor respuesta la brinda en materia legal la actividad de rango sublegal, lo que equivale en la anterior entrega a la expresión “y demás instrumentos jurídicos conexos”; aquí hacen vida los reglamentos, decretos, resoluciones.

La Administración Local puede fijar mediante normas técnicas aspectos que complementen la ordenanza en cuestión o de alguna otra relacionada.

Retomando la idea de una ordenanza para normar sobre obras y construcciones en vías públicas que afecten los bienes del dominio público, no hay que verlo en forma aislada porque se relaciona con varias ramas de la actividad pública,  de las cuales se pueden invocar:

• ·       La tramitación de procedimientos administrativos.
• ·      La organización de la administración pública a través de órganos, entes y misiones (no aplicable a lo municipal por ser correspondiente con lo nacional), por ser los medios de expresión del quehacer público.
• ·   La racionalización de la administración pública con estándares modernos y aplicación de formas novedosas que procuren eficiencia y ahorro.
• ·       Lo impositivo que regula lo atinente a impuestos, tasas y contribuciones fiscales.
• ·       El presupuesto y planificación pública.
• ·    Como se manejan bienes de contenido patrimonial, debe regularse todo lo referente con su control, vigilancia y fiscalización.
• ·       La gestión de la cosa pública, desde la perspectiva de los ilícitos penales.
• ·       La participación ciudadana.
• ·      El acceso a la información e intercambio de datos y documentos a través de la interoperabilidad. Uso de tecnologías acordes. Gobierno electrónico.
• ·       La contratación pública.
• ·       Lo urbanístico, la ingeniería y demás aspectos relacionados.

·    Una ordenanza de esta naturaleza debe reforzar la noción de coordinación interinstitucional como intramunicipal porque exige la relación con ramas del servicio local, como la policía o el sistema de protección civil, ingeniería municipal, catastro, movilidad urbana, sindicatura municipal, entre otros. 

Para el presente caso la autoridad ejecutiva que se ocupa en materia de obras públicas y servicios lleva la voz cantante en la aplicación del caso para una ordenanza hoy en estudio.

Como complemento de la idea central del párrafo precedente lo local se vincula con el nivel nacional, estadal metropolitano o distrital, dependiendo el tipo de competencia que se trate: propias o concurrentes, por ejemplo.

Generalmente las ordenanzas reparten el manejo de la ordenación urbanística; un ejemplo son las edificaciones, lo que suele estar a cargo del servicio de ingeniería municipal. Otro caso es el que nos ocupa (obras y construcciones en vías públicas) al cual se le atribuyen a una dependencia de obras y servicios públicos o denominación similar. 

Cuando la autoridad local realiza tareas de inspección o fiscalización se está ante una actividad de policía, siguiendo las nociones del Derecho Administrativo; con aquélla lo que se persigue es garantizar la adecuación de la conducta de los particulares hacia la previsión normativa.

Es frecuente encontrar casos en materia urbanística que se pueda ver afectado negativamente el ambiente u otros elementos del entorno, por lo que se hace necesario implementar correctivos, tales como paralización de obras, demoliciones, retiro de materiales, restricción de acceso de materiales, entre otros.

De allí que la legislación tenga previsto medidas cautelares con la finalidad de velar por los intereses, no solamente de la institución municipal sino de la comunidad; se trata de acciones provisionales adoptadas por la Administración, con la finalidad de impedir la ocurrencia de daños irreparables o de difícil reparación.

La actividad de policía por desplegar - siguiendo el procedimiento establecido por las ordenanzas o leyes nacionales, según sea el caso – puede permitir libre acceso  a cualquier obra en ejecución o por iniciar, para lo cual puede auxiliarse con los cuerpos de policía de ser el caso, sin que se considere violación de recintos privados, dado que está comprendido dentro de los supuestos de excepción.

Se sugiere dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “Competencias Municipales”, “Organización y Gestión Municipal”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio, Parques y Plazas”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “El Alcalde”, “El Concejo Municipal”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Abierto”, “El Catastro Municipal”, “El Presupuesto Participativo”, Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la ley del año 2010”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Cogestión y Autogestión en el ámbito municipal”, “La fiscalización en materia de urbanismo local”, “La Movilidad Urbana”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “La Ordenanza de Tránsito Terrestre y uso de las vías públicas”, “La Ordenanza sobre motorizados”, “La Policía Administrativa”, “Las Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico”, “Las Tasas”, “El COT como norma supletoria en lo municipal”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las variables Urbanas”, “Los Servicios de Alcantarillado, Canalización y Disposición de Aguas Servidas”,  “Medios de Gestión Municipal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos”, “Municipio y servicio de agua potable”, “Municipio, Tránsito y Transporte Terrestre”, entre otros que  pueden ser leídas en la www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.  

Municipio, Obras y Vías Públicas I

MUNICIPIO, OBRAS Y VÍAS PÚBLICAS I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Las ciudades y pueblos van cambiando su fisonomía producto, por ejemplo, del crecimiento o mantenimiento de servicios públicos. Requieren en forma permanente  la realización de labores preventivas y correctivas, pudiendo mencionarse agua potable o servida, asfaltado de calles y avenidas, gas doméstico, entre otros; para poder dar respuesta a los múltiples requerimientos de la población y mejorar la calidad de vida.  

En todo caso, es imperioso contar con la planificación y coordinación para no desperdiciar los recursos materiales ni financieros.

Las comunidades han padecido con mayor frecuencia de lo deseado cantidad de roturas por trabajos en vías públicas sin que vuelvan a la situación original o quedan inconclusos, lo que complica la movilidad y seguridad de peatones y vehículos;  ejemplos de ello son las molestias por ruido, falta de saneamiento o el uso de acercas como depósito de materiales.

Por esa razón, dada la preocupante situación para los municipios porque tampoco pueden aportar y reponer asfalto, piedra y otros elementos al mismo ritmo con los que las alteraciones a las vías ocurren, dan origen a serios problemas donde se involucran a los agentes públicos o sus contratistas, así como al sector privado, ya que se origina una suerte de “carrera” entre las “reparaciones” y la normalidad.

Ello los ha llevado a la necesidad de dictar normas, condiciones, especificaciones técnicas y procedimientos para la regulación, inspección, control y fiscalización de las obras que se ejecuten en las vías públicas que afecten los bienes del dominio público del Municipio; con miras a asegurar su restitución cuando resulten deteriorados, así como garantizar la preservación del ornato, limpieza, saneamiento ambiental y reducción del impacto en los trabajos sobre el normal desenvolvimiento de las actividades en las comunidades.

Esto puede ser posible a través de ordenanzas y otros instrumentos jurídicos conexos, tomando en cuenta que éstas son actos – siguiendo a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) -  que sanciona el Concejo Municipal (órgano legislativo) con carácter de ley, de aplicación general.

Cabe recordar que el municipio, como entidad que posee bienes del dominio público en su patrimonio como calles y avenidas, debe ejercer acciones en protección o tutela sobre estos,

A ello debe unirse que es ante el ámbito local donde debe efectuarse –de acuerdo con las normas que posea la ordenanza - la tramitación cuando ocurran intervenciones que los afecten, lo que suele ejecutarse a través de procedimientos administrativos ante la alcaldía; de allí que se hable del permiso para la rotura de calles, lo que también implica cumplir con diversos trámites dependiendo la situación de que se trate: solvencias, inscripciones en registros, entre otros.  

Una ordenanza de esta naturaleza debe, por lo menos, referirse a su objeto, enumerar los  bienes del dominio público del municipio aplicables a las vías públicas: calzadas, acercas, plazas, por ejemplo.

La finalidad es la de garantizar la debida restitución al estado normal de las vías luego de las intervenciones sobre éstas que se realizaran, pudiendo obligarse a constituir garantías (fianzas, seguros de responsabilidad civil) a favor del Municipio.

También debe poner en evidencia  la responsabilidad solidaria frente al Municipio de quien encarga la obra como de quien la ejecuta. Otro aspecto es el de obligar la realización de la planificación de obras sobre los bienes del dominio público fijando los cronogramas, alcance y duración con miras a brindar información a los ciudadanos.

En cuanto a la información que deben manejar las comunidades se acostumbra ordenar la publicación de avisos oficiales donde se mencione la ubicación de las obras, inicio de éstas, duración estimada, si se trata de algo programado o es producto de una emergencia; no solamente por la prensa, sino también la página web de la alcaldía y, ahora más reciente, las llamadas redes sociales.   

Sobre los permisos impone el deber de toda persona natural o jurídica que requiera realizar trabajos en las vías públicas que puedan deteriorar total o parcialmente los bienes municipales tendrá que tramitar ante las autoridades municipales los permisos, licencias o autorizaciones pertinentes previamente a su inicio; asimismo, exhibirlos al ser requeridos con motivo de inspecciones o verificaciones, como también mantenerlos actualizados.

Para brindar la seguridad jurídica a los administrados en los casos de revocatoria del permiso se especifican, pudiendo mencionar cuando se  aportaron informaciones o documentos falsos, los trabajos no comiencen en la fecha estipulada o se paralicen injustificadamente en forma imputable al ejecutor o contratista.

Una ordenanza que regule las obras y construcciones en vías públicas debe profundizar las tareas de seguimiento y control a través de disposiciones técnicas, pudiendo mencionar la obligatoriedad del empleo de los equipos adecuados y tecnologías más avanzados, previa aprobación por parte de la autoridad competente, a los fines de reducir al mínimo su impacto negativo sobre la colectividad. De acuerdo con el cronograma de trabajo, disponer efectivamente en el sitio de la obra de los materiales, implementos y elementos necesarios, para evitar la obstrucción del libre tránsito vehicular y peatonal.

Otro caso es cuando se efectúan trabajos sobre pavimento, como en calzadas y aceras, la rotura deberá ejecutarse atendiendo las especificaciones técnicas que establezca la autoridad en cuanto a los horarios y duración de tiempo.

Cuando se llega a la etapa de la terminación, la persona natural o jurídica que ha realizado las obras en las vías públicas deberá solicitar ante la alcaldía la realización de una inspección final, con la finalidad de constatar que se ha llevado a cabo según lo aprobado, siguiendo las normas legales y técnicas aplicables, mediante un instrumento denominado Acta de Terminación que será suscrita por el profesional inspector, el profesional residente y el propietario de la obra.

Ahora con aquello de la contraloría social también puede incluir representantes comunitarios.

Si la autoridad encontrare fallas o defectos en los trabajos, así se hará constar y exigirá para que procedan a subsanarse las deficiencias encontradas dentro del tiempo fijado. A falta de éste se entenderá que deberá ser de inmediato.

Es importante que el Municipio, en aras de la protección de sus intereses, realice previsión legal cuando no sean corregidos debidamente, la autoridad podría proceder a hacerlo directamente o a través de terceros. El costo total de los trabajos, más los daños y perjuicios, serían cobrados con cargo a las garantías constituidas a tales fines, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones legales a que hubiere lugar.

Un aspecto que ha originado polémica es el de los llamados vicios  ocultos.  Suscrita el Acta de Terminación comenzaría a correr un período para exigir la corrección de estos o irregularidades no detectadas al momento de la inspección. Si se encontrare alguno en ese tiempo se notificará a la persona natural o jurídica que realizó los trabajos en la vía pública en las direcciones suministradas al momento de la solicitud para que en breve tiempo proceda a la corrección y subsanación de las deficiencias. 

Al igual que en párrafos precedentes, quedaría pendiente la iniciación de procedimientos administrativos y/o judiciales, determinación de responsabilidades. 

Otro capítulo que debe contener es el referente a las sanciones por infracciones derivadas del  incumplimiento de las disposiciones establecidas de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la falta, sin perjuicio de la obligación de cumplir los reparos.

La Clausula Penal es una de las estipuladas frecuentes cuando, por ejemplo, cuando la persona autorizada no concluya los trabajos a tiempo o durante la prórroga, deberá cancelar por concepto de cláusula penal una cantidad por cada día de atraso en la terminación.

Las multas también se pueden imponer cuando se ejecute algún trabajo sin la debida obtención de permisos, licencias o autorizaciones relacionadas con la solicitud; deberán ser canceladas ante la Administración Tributaria Municipal.

Las sanciones a que se refiere una  Ordenanza de esta naturaleza serán recurribles por los afectados de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de procedimientos administrativos y jurisdicción contenciosa administrativa.

Por último, que en las Disposiciones Finales se establezca una norma remisiva para todo lo no previsto por la Ordenanza, se siga por las previsiones en materia que regula los procedimientos administrativos, a menos que el Municipio haya aprobado su propio texto normativo.

Su entrará en vigencia será a partir de la publicación en la Gaceta Oficial Municipal, bien sea de forma inmediata o fijando un diferimiento

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En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.