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domingo, 27 de marzo de 2016

Retención en el Impuesto sobre Actividades Económicas III

RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS III

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar


Refiriendo lo tratado por la doctrina y jurisprudencia patria acerca de las retenciones – en sentido genérico – hay que señalar la circunstancia que se considera como un mecanismo diseñado para facilitar la recaudación del sujeto activo dentro de la relación jurídico-tributaria.

Para ello se emite un acto administrativo en el cual se designa a un particular que fungirá como agente de retención tomando en cuenta lo dispuesto por el Código Orgánico Tributario (2014), siendo – en la práctica diaria – al momento del pago que deba efectuarse a cualquier sujeto pasivo del ISAE frente al municipio en cuestión, bien sea por realizar actividades comerciales, industriales o de servicios.

Vale la pena mencionar un trabajo publicado por el Licenciado Camilo London (@eltributario) en www.gerenciaytributos.blogspot.com sobre lo que es el régimen de retención de tributos.

Señala el mencionado autor que “…no debe verse aisladamente sólo como un procedimiento de sustracción de una cantidad de dinero a un pago o importe adeudado a un proveedor, ella forma parte de un sistema complejo que tiene dos objetivos claramente definidos, uno el del control tributario para garantizar la recaudación del tributo y el otro es el de ser utilizado como un medio para anticipar recursos al Estado…”

El agente de retención constituye una suerte de auxiliar de la Administración, pero que no será considerado funcionario público, es decir, no se generan derechos derivados de una relación funcionarial o laboral.

Sin embargo, le comporta deberes frente a aquélla pues – como establece el Código Orgánico Tributario (2014) – efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante ella.

Esto trae como consecuencia analizar otros elementos.

El primero es que únicamente podrá designarse como agente de retención a quienes sean – efectivamente – contribuyentes en la jurisdicción de la administración tributaria local.

De practicar indebidamente la retención originará inconvenientes que podrían llegar a ventilarse – inclusive – en sede judicial de no reconocer la Administración su error; es importante porque la actividad de un contribuyente no siempre es la misma en distintas jurisdicciones locales.

Ha de recordarse las decisiones que constituyen clásicos de estudio sobre Establecimiento Permanente de las que se hizo mención al inicio de estas entregas, puesto que puede ocurrir que un municipio la actividad sea fabril y en otro lugar oficinas administrativas en las que se gestionan los negocios de venta de los productos en ese u otro ámbito local.

También puede generar que lo percibido en una jurisdicción indebidamente por retenciones no llegue a su auténtico destinatario o se produzca una doble imposición.

Como dato jurisprudencial, la Sala Político Administrativa conoció de un juicio en el que un municipio designó a un ente (Empresa del Estado) para que practicara retenciones sobre contribuyentes que le prestaban servicios; llegado cierto tiempo, el órgano local aplicó sanciones por no enterarle los montos que había retenido. El Tribunal determinó en su análisis conceptos como potestades reguladora y tributaria, ordenando que – por la inmunidad fiscal – no procedieran las sanciones y se anularon.

En la página www.mileoconsultores.com el Licenciado Miguel Mileo hace unos análisis sobre la Ordenanza del Municipio Girardot del Estado Aragua (Maracay) en el campo de retenciones del ISAE en esa jurisdicción; básicamente se circunscriben al hecho que se retendrá el tributo a aquellos contribuyentes que no posean licencia de actividades económicas de ese ámbito, encontrándose o no domiciliadas allí, pues el interés mayor es que se cumpla con el deber formal de inscribirse en los registros creados por la Administración para el ejercicio de actividades mercantiles.

Sobre la materia de retenciones del Impuesto pueden leerse las decisiones proferidas por el Máximo Tribunal en Sala Político Administrativa distinguidas con los Nos. 00473, 00649 y 00775 de fechas 23 de abril de 2008, 20 de mayo de 2009 y 03 de junio de 2009. Casos: “Comercializadora Snacks”, “Corporación INLACA C.A.” e “Industrias Diana C.A.”, respectivamente.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos” “Municipio y Tributación”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “La Indisponibilidad de la Obligación Tributaria en el ámbito municipal”, “Procedencia o no de la Novación en las Obligaciones Tributarias” “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva del Municipio”, “El COT como norma supletoria municipal”, “Gravabilidad de los servicios profesionales por el ISAE”, “Gravabilidad del ISAE en caso de indemnización o daño”, “La Administración Tributaria Municipal”, “La Autonomía Municipal”, “Los Concejales”, “La Función Legislativa del Municipio”; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
                 




domingo, 20 de marzo de 2016

Retención en el Impuesto sobre Actividades Económicas II

RETENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar


Para la determinación del Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE) se requiere que el contribuyente presente ante la Administración Tributaria Municipal una declaración jurada con los ingresos obtenidos efectivamente durante el año, sin perjuicio que puedan ser establecidos mecanismos de declaración anticipada sobre la base de los ingresos brutos percibidos en el año anterior al gravado, como también la exigencia de un mínimo tributable consistente en un impuesto fijo.

Las ordenanzas varían de acuerdo con cada municipio en el período para ello. Algunas establecen que sea mensualmente o en forma trimestral.

De allí la polémica en estas líneas. Justamente, el hecho de fijar regulaciones para pago anticipado y su retención es lo que genere que no exista acuerdo en la doctrina tributaria.

Resulta oportuno destacar un trabajo realizado por Héctor Eduardo Rangel Urdaneta denominado “Implicaciones derivadas del concepto ´ingreso bruto efectivamente percibido´ previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal sobre la determinación del Impuesto sobre Actividades Económicas”, Ediciones Funeda, Caracas, 2010; donde se expone una situación derivada de una sentencia dictada por un Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario; este aspecto despierta en su autor una polémica por aquello de los términos “devengados” y “percibidos” con sus consecuencias jurídicas.

Al respecto, la Sala Político Administrativa también emitió una decisión que responde a las inquietudes de ese autor en su obra.

En lo relacionado con exoneraciones o exenciones la ordenanza respectiva deberá tenerlas previstas.

Las Ordenanzas que regulan este tributo tienen un  Clasificador de Actividades donde se fijan de acuerdo con el ramo a que se dedique el contribuyente. Por ejemplo, si está en el campo de la fabricación de ropa o una floristería, el Clasificador le señala al funcionario cuánto debe ser el pago del sujeto pasivo; tienen como característica común que suelen ser muy completos.

Ahora bien, es bueno recordar que un obligado por cada actividad o ramo que ejerce debe inscribirse ante la Administración sobre lo que explota y, por ende, se le liquidará lo pertinente para su recaudación; por ejemplo, un establecimiento de ropa con venta de comida, deberá tributar por ambos.

Otro caso que es importante destacar es que pudiere tratarse – por ejemplo - de un establecimiento que se dedique a actividades relacionadas con el espectáculo o el juego. Allí pueden verse involucrados otros ramos rentísticos tanto en lo nacional como lo local adicionales al ISAE.

Como toda norma de carácter tributario, se fijan sanciones por el cumplimiento fuera de la oportunidad legal que señala la Ordenanza; es por ello que se habla de intereses, recargos, multas.

Ahora bien, para evitar que los municipios pudieran incurrir en arbitrariedades, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) señala que se aplicarán las previstas por el Código Orgánico Tributario (2014), ya que aquélla tiene en su haber normas de armonización y de obligatorio acatamiento para el ámbito local. De hecho, en las Disposiciones Transitorias y Finales desde su primera versión en el año 2005, les ordena a los municipios adecuar las Ordenanzas a lo por ella previsto so pena de nulidad absoluta.

Es perentorio ahondar en lo del Establecimiento Permanente (EP), pues servirá para dar una respuesta de fondo acerca del título de estas líneas, por aquello de la vinculación territorial con el ISAE, dado el hecho que los municipios solamente pueden realizar su poder tributario dentro de su jurisdicción, concibiéndose al EP como un factor de conexión para ello.

Como muestra se debe mencionar la sentencia de fecha 04 de marzo de 2004 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia) en la que se resolvió un problema relacionado con el desarrollo de actividades lucrativas en el Lago de Maracaibo por parte de particulares, independiente que sea o no para el sector público.

Aquí hay que hacer un alto para hacer merecido reconocimiento por la labor desplegada por la colega Adriana Vigilanza en ese juicio, quien intervino para dejar en alto los derechos del Municipio que por norma constitucional le corresponden.

Allí llegó a argumentarse – al absurdo - acerca de hechos como la no factibilidad de imponer el municipio su poder tributario cuando se encontrase cubierta por aguas del Lago la explotación de que se trate frente a otros contribuyentes en tierra firme.

Tan importante fue este fallo que la LOPPM al referirse al Establecimiento Permanente hizo una consideración basándose en lo allí sucedido.

Suele consultarse con frecuencia a los especialistas en el área tributaria acerca de las retenciones cuando se origina la operación mercantil con destino hacia otra jurisdicción. Al respecto, hay que decir que la jurisprudencia de instancia y del Máximo Tribunal han venido perfilando al estudiar el establecimiento permanente refiriéndose a su ámbito espacial, que se entiende reputada la actividad lucrativa como “en” y ”desde” el EP;  requiere de un asiento donde se realizan las ventas, distribución y circulación de bienes, sin importar si se llevan a cabo fuera de la jurisdicción del municipio de origen.

Más que el destino de la mercancía vendida es la ubicación del establecimiento donde el contribuyente ejerce su actividad, evocando a Luis Fraga Pittaluga en su obra “El Impuesto Municipal a las Actividades Económicas”, Editorial Torino, Caracas, 2005; quien publicó al producirse la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sustituyéndose por la LOPPM en su primera versión.   

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos” “Municipio y Tributación”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “La Indisponibilidad de la Obligación Tributaria en el ámbito municipal”, “Procedencia o no de la Novación en las Obligaciones Tributarias” “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva del Municipio”, “El COT como norma supletoria municipal”, “Gravabilidad de los servicios profesionales por el ISAE”, “Gravabilidad del ISAE en caso de indemnización o daño”, “La Administración Tributaria Municipal”, “La Autonomía Municipal”, “Los Concejales”, “La Función Legislativa del Municipio”; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
                 







domingo, 13 de marzo de 2016

Retención en el Impuesto sobre Actividades Económicas I

RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Existe la tendencia de mejorar los mecanismos de recaudación tributaria en todos los niveles, lo cual pasa por desarrollar procedimientos, tanto en sede administrativa como judicial, que le permitan al sujeto activo de la relación jurídico tributaria (Municipio) sostenimiento de las cargas públicas.

Uno de ellos es la retención en la fuente.

Es un hecho notorio que se utiliza en tributos nacionales siendo lo más frecuente el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto al Valor Agregado.

Sin embargo, el ámbito local ha venido implementando esta práctica o encomendando su estudio, no sin dejar de reconocer que le ha generado múltiples inconvenientes por las características propias del Impuesto sobre Actividades Económicas, Comercio y Servicios (ISAE).

Dado que no es menudo problema es conveniente recordar algunos aspectos de este tributo.

En primer lugar, se trata de impuesto en razón de ser una prestación en dinero exigible de manera coactiva por el sujeto activo (municipio) al pasivo.

El hecho generador o hecho imponible es el ejercicio habitual, en la jurisdicción del municipio, de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente, aun cuando dicha actividad se realice sin la previa obtención de licencia, sin menoscabo de las sanciones que por esa razón sean aplicables.

El sujeto activo es el municipio, a través de la alcaldía. Como sujeto pasivo están previstos los mismos a que se contrae el Código Orgánico Tributario (2014), es decir, contribuyentes, los cuales pueden ser personas naturales y jurídicas (sociedades mercantiles, por ejemplo); responsables.

Obviamente, debe existir en vigencia una Ordenanza, cuya  discusión y aprobación es competencia del Concejo Municipal, que regule este tributo para que el Ejecutivo Local pueda hacerlo exigible.

Acerca de sus características  está concebido, según Luis Fraga y otros en la obra “El Impuesto a las Actividades Económicas”, (Fraga, Sánchez & Asociados, Caracas, 2005), como un impuesto ordinario, porque no tiene límite predefinido en el tiempo en cuanto a su vigencia.  

Es proporcional, puesto que mantiene una relación constante entre su cuantía y el valor de la riqueza gravada o, mejor dicho, la tarifa o alícuota es constante, independientemente del aumento o disminución de la base sobre la cual se aplica esa tarifa.

Es real u objetivo,  dado que considera solo la riqueza gravada con prescindencia de la situación personal del contribuyente. No consultan las condiciones personales del sujeto pasivo, razón por la cual los criterios de vinculación se determinan en función de elementos objetivos.

Directo, por cuanto no es posible su traslación. Sobre este punto hay quienes manifiestan opinión en contrario, como es el caso de Romero-Muci, pues para él se trata de un impuesto indirecto porque gravaría el consumo, independientemente que el hecho imponible se verifique o diseñe normativamente en referencia al ejercicio de una actividad lucrativa comercial o industrial.

Territorial, en virtud que solo es posible su exigencia dentro del municipio donde se genera.

Coincide con el Ejercicio Económico Financiero, es decir, comprende desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año; independiente de que sea idéntico al ejercicio del sujeto pasivo.

La base imponible está constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del municipio o que deban reputarse como ocurridas en esa jurisdicción de acuerdo con los criterios previstos por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) o en los Acuerdos o Convenios celebrados a tales efectos.

Por su parte, Edgar Moya Millán en su obra “Derecho Tributario Municipal”, Ediciones Mobilibros, Caracas, 2006; lo define como un impuesto que grava los ingresos brutos que se originan de toda actividad económica, de industria, comercio, servicios o de índole similar realizado en forma habitual o eventual en la jurisdicción de un determinado municipio y que puede estar sometido a un establecimiento comercial, local, oficina o lugar físico y cuyo fin sea el lucro. 

Coincide con Fraga en cuanto al hecho generador, sujeto activo, ámbito espacial, proporcionalidad, establecimiento permanente, pero difiere en que sea del tipo directo, porque considera que grava manifestaciones mediatas de riqueza, de capacidad económica y que es trasladable al producto.

Añade que no se trata de un impuesto a las ventas o al consumo, como tampoco al capital, pero el hecho que grava los ingresos brutos productos de las ventas no significa que invada competencias del nivel nacional, específicamente con los impuestos sobre la renta o al valor agregado. Sin embargo, advierte que la ordenanza que lo regule debe ser cuidadosa para no regular aspectos propios de estos.
La base imponible o de cálculo – de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010)- está constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en jurisdicción del Municipio o que deben reputarse como cumplidas en ella.

Ahora bien, ¿qué son los ingresos brutos a los efectos de esta Ley?

La respuesta la brinda el propio texto legal cuando indica que son ingresos brutos, todos los proventos o caudales que de manera regular reciba el contribuyente o establecimiento permanente por causa relacionada con las actividades gravadas, siempre que no se esté obligado a restituirlo a las personas de quienes hayan sido recibidos o a un tercero y que no sean consecuencia de un préstamo o de otro contrato semejante.

Esto puede con un ejemplo.

Una carnicería percibió durante el ejercicio económico financiero una indemnización por un siniestro (incendio) que le canceló una empresa de seguros. ¿Esto es gravable por el Impuesto sobre Actividades Económicas partiendo que le ingresó esa cantidad de la indemnización por el seguro?

Si se examina el concepto de ingresos brutos aportados por la Ley, se encuentra el lector que la suma en cuestión entraría en la categoría de tales por aquello de “todos los proventos o caudales”; más adelante la misma definición aporta que reciba el contribuyente “por causa relacionada con las actividades  gravadas”. La causa por la que se produjo el pago por la empresa de seguros no fue por la venta a ésta de especies cárnicas, sino como indemnización tras la ocurrencia de un siniestro, lo cual no es el giro comercial habitual. 

Por lo tanto, no estaría sometido al Impuesto sobre Actividades Económicas.

Queda la interrogante acerca del establecimiento permanente.

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) lo define como una oficina, fábrica, taller, instalación, almacén, tienda, obra en construcción o montaje, centro de actividades, minas, canteras, instalaciones y pozos petroleros, bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción; el suministro de servicios a través de máquinas y otros elementos instalados en el Municipio, o por empleados o personal contratado para tal fin, las agencias, representaciones o mandantes ubicados en el extranjero, sucursales y demás lugares de trabajo mediante los cuales se ejerce la actividad en jurisdicción del Municipio.

De una primera lectura se desprende que debe tratarse de una actividad lucrativa o comercial, por lo que se descarta la realizada a través de profesionales liberales, tales como abogados, contadores públicos, economistas, administradores comerciales, por ejemplo; ya que sus leyes gremiales expresamente indican que no podrá gravarse el ejercicio libre de la profesión con impuestos de la naturaleza del ISAE.

Asimismo, existe una vinculación territorial con el ISAE, dado el hecho que los municipios solamente pueden realizar su poder tributario dentro de su jurisdicción, concibiéndose al EP como un factor de conexión para ello.

Resulta pertinente evocar las sentencias proferidas por la extinta Corte Suprema de Justicia (Caso: Becoblohm Puerto Cabello, 1983), (Caso: DIVENCA, 1976), (Caso: Pfizer Corporation, 1978) donde se hizo un análisis que ha dado pie para consolidar el tema sobre el Establecimiento Permanente.

En doctrina nacional también puede mencionarse a Allan Brewer Carías, Federico Araujo, Leonardo Palacios, Juan Carlos Garantón, entre otros;  quienes han escrito acerca del elemento territorial como vinculación con el actual ISAE, ya que sus trabajos se produjeron bajo la vigencia de la Constitución de 1961, a lo que no debe sustraérsele importancia, puesto que consolidó las bases hoy día vigentes.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos” “Municipio y Tributación”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “La Indisponibilidad de la Obligación Tributaria en el ámbito municipal”, “Procedencia o no de la Novación en las Obligaciones Tributarias” “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva del Municipio”, “El COT como norma supletoria municipal”, “Gravabilidad de los servicios profesionales por el ISAE”, “Gravabilidad del ISAE en caso de indemnización o daño”, “La Administración Tributaria Municipal”, “La Autonomía Municipal”, “Los Concejales”, “La Función Legislativa del Municipio”; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

martes, 28 de febrero de 2012

Gravabilidad de los servicios profesionales por el Impuesto sobre Actividades Económicas, de Comercio, Servicios o de índole similar


GRAVABILIDAD DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE COMERCIO, SERVICIOS  O DE INDOLE SIMILAR
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar


Dentro del elenco de tributos bajo la modalidad de impuestos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) correspondientes a los municipios se encuentra el Impuesto sobre Actividades Económicas de comercio, servicios o de índole similar (ISAE).

Constituye el ramo rentístico de mayor volumen de manejo por parte de los municipios urbanos, luego del Situado Constitucional, por lo que suele encontrarse en las estadísticas como el de recaudación más alta.

Por aquello de incluir la palabra “servicios” en su denominación se han presentado casos donde el municipio introduce en las ordenanzas que regulan al ISAE, la prestación de servicios profesionales a cargo de graduados universitarios, tales como: abogados, ingenieros, economistas, contadores públicos, médicos, odontólogos, entre otros. Estos se conocen como profesionales liberales.

Ahora bien, si se remonta a los antecedentes del ISAE ha de llegarse que este gravaba la industria y comercio; de hecho, para poder ejercer actividades de naturaleza mercantil en jurisdicción de un municipio debía contarse con la correspondiente patente de industria y comercio.

En la actualidad se tomó por el legislador al elaborar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) lo reseñado por la jurisprudencia de instancia y del Máximo Tribunal hasta entonces para llegar al modelo previsto por aquélla.

A mayor abundamiento la LOPPM señala que el hecho imponible del ISAE es el ejercicio habitual, en la jurisdicción del Municipio, de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente, aun cuando dicha actividad se realice sin la previa obtención de licencia, sin menoscabo de las sanciones que por esa razón sean aplicables.

Más adelante el mismo texto normativo refiere que este impuesto se causa con independencia de los tributos previstos en la legislación general o la dictada por la Asamblea Nacional.

De una interpretación literal – en el caso de algunos municipios –   aprobaron ordenanzas donde se incluía como sujetos pasivos del ISAE a los llamados profesionales liberales, por lo que  - viéndose afectados - se realizaron esfuerzos por obtener pronunciamientos judiciales para aclarar el panorama.

Sobre el particular la hoy extinta Corte Suprema de Justicia emitió sentencias donde dejaba sentado que no era procedente gravar la actividad de los profesionales liberales con este tributo (Impuesto de Patente de Industria de Comercio, hoy ISAE).

En la actualidad el Tribunal Supremo de Justicia considera que el término servicio se refiere a servicios conexos a actividades industriales y comerciales, diferenciando el tipo de riqueza que estos generan, denominado “ganancias”, de aquel producido por los servicios profesionales, al que se le denomina “honorarios”. (Caso “Chacao”, Sala Constitucional, 2006).

En idéntico sentido se pronunció acerca de la naturaleza del ISAE en estos términos: “…El impuesto local sobre las actividades económicas que garantiza la Constitución está limitado a la industria y al comercio o aquellas actividades de servicios o de índole similar que guarden relación con aquellas. En el mismo orden de ideas, es oportuno transcribir algunas leyes reguladoras del ejercicio profesional donde el legislador se contempla la imposibilidad de ser gravadas con tributos municipales…”  (Caso: “Shell de Venezuela, Sala Constitucional, 2007).

Sobre este último punto a que se contrae el fallo vale la pena examinar lo que algunas profesiones liberales, siguiendo la óptica del artículo 105 de la CRBV, incluyen en su legislación gremial, la cual está a cargo del legislador nacional.

Para el caso de los abogados, la Ley de Abogados (1966) prohíbe gravar con impuestos como el ISAE la actividad desplegada por los abogados en el ejercicio de su profesión; pese a que esta norma es preconstitucional se ajusta a los supuestos normativos de la indicada en el párrafo precedente.

Igualmente, normas de carácter similar se encuentran en las leyes que regulan la medicina, administración comercial, contaduría pública, ingeniería, arquitectura, entre otras. 

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “Municipio y Tributación”, ”El Síndico Procurador como Fiscal de la Hacienda Municipal”, entre otros; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com  o en www.tecnoiuris.com hoy denominado www.tuabogado.com  (Pódium Jurídico Derecho Municipal); para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

martes, 6 de julio de 2010

El Impuesto sobre Actividades Económicas III

EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS III

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Este Impuesto, como se ha dicho, constituye la fuente de ingreso tributario de los municipios urbanos en Venezuela, dado que grava las actividades lucrativas.

Sin embargo, es oportuno resaltar que no está dirigido hacia los profesionales liberales; por ejemplo, abogados, médicos, ingenieros, entre otros. Ello es así en razón que estos no son comerciantes, aun cuando obtienen beneficio económico por su labor por cuenta propia (honorarios) y su actividad se rige por una legislación nacional de carácter gremial.

Dada mi condición de Abogado, me permito explicarlo de esta manera.

El artículo 105 constitucional establece que la ley será el instrumento por medio del cual se regularán las profesiones que requieran colegiación. Por otra parte, la Disposición Derogatoria Única del Texto Fundamental estatuye que se mantendrán en vigencia todas aquellas normas (leyes entre ellas) que no atenten contra la supremacía constitucional.

Para este caso la Ley de Abogados (1966) es preconstitucional y, hasta la fecha, ni el legislador la ha derogado por otra Ley, como tampoco la jurisdicción judicial constitucional anularla o desaplicarla por violentar la Carta Magna.

En aquélla se establece – en su artículo 7- que quien haya obtenido el título de Abogado, de conformidad con la ley “…deberá inscribirse en un Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional”. El artículo 8 ejusdem señala que “…la solicitud de inscripción del título (de abogado) se formulará por escrito ante el Colegio (de abogados) respectivo…” (Paréntesis y subrayado míos.)

La Ley de Abogados (ob.cit.) en su artículo 2 reza que “…No puede considerarse como comercio o industria y, en tal virtud, no será gravado con impuestos de esta naturaleza…” (Subrayado mío)

De hecho, ya existen pronunciamientos jurisprudenciales acerca de este punto; conozco el caso de ingenieros particularmente.

Existe otro aspecto resaltante para el Impuesto sobre Actividades Económicas; tiene que ver con la gravabilidad o no de las actividades derivadas de la agricultura, cría, pesca y forestal. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM,2009) dice que éstas podrán ser gravadas, siempre y cuando no se traten de actividades primarias, entendidas como la simple producción de frutos, productos o bienes que se obtengan de la naturaleza y que no sean sometidos a ningún proceso de industrialización o transformación.

Asimismo, se consideran actividades primarias, a los ojos de la LOPPM (ob. cit.), las de cosechado, trillado, secado y conservación; en las actividades pecuarias, avícolas y de pesca, los procesos de matanza y beneficio, conservación y almacenamiento.

En las actividades forestales también son considerados como actividades primarias los procesos de tumba, descortezado, aserrado, secado y almacenamiento

Quedan excluidos de estas categorías los procesos de elaboración de subproductos, despresados, troceados y cortes de animales.

Hay que recordar que el legislador mercantil (Código de Comercio venezolano, 1955) no considera comerciante a quienes se dediquen a la actividad del campo, ya que ello se regula por otros instrumentos legislativos, como es el caso de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario o la Ley de Pesca y Acuicultura, por ejemplo, es decir, la legislación agraria.

Es menester elevar desde aquí un reconocimiento a la colega Adriana Vigilanza García, quien formó parte del equipo para la redacción de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en el área tributaria, por su contribución en función de mejorar el manejo de las diversas instituciones municipales, especialmente con este Impuesto, dado las frecuentes controversias en sede administrativa y judicial de las que funcionarios, contribuyentes y profesionales hemos conocido a lo largo de los años, ya que se busca simplificar y optimizar el tratamiento que la doctrina y jurisprudencia le han dispensado a este tributo.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos I y II” “Municipio y Tributación I, II y III” ; que se encuentran publicados en el Blog www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com o en www.tecnoiuris.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal o Grupo de Derecho Municipal Venezuela); para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

martes, 29 de junio de 2010

El Impuesto sobre Actividades Económicas II

EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Me preguntaban los alumnos en mi Cátedra Universitaria sobre este tributo, algunos de los elementos que aparecieron en el artículo anterior acerca de este tema. Prometí que les escribiría algo de lo que deseaban saber en el aula de clases.

Se referían acerca de la periodicidad con la que puede ser exigido, es decir, durante el ejercicio económico (1º de enero al 31 de diciembre de ese mismo año), ¿cuándo el Municipio ejerce la actividad de cobro?

Obviamente, todo el tiempo puede y debe el Municipio ejecutar las actividades propias de una Administración Tributaria; ahora bien, las Ordenanzas de cada Municipio son las que le fijan períodos en la anualidad, si es mensual, trimestral. Lo usual es que se establezcan trimestrales. Esto significa que se divide el año en trimestres, lo que da como resultados cuatro (4) trimestres por año.

Durante el primer mes se paga sin accesorios el tributo; claro está, una vez vencido, son cargados al deudor para que honre su obligación con el Municipio.

Las Ordenanzas que regulan este tributo tienen un Clasificador de Actividades donde se fijan de acuerdo con el ramo a que se dedique el contribuyente.

Por ejemplo, si está en el campo de las fábricas de ropa o una floristería, el Clasificador le señala al funcionario cuánto debe ser el pago del sujeto pasivo; tienen como característica común que suelen ser muy completos; ahora bien, es bueno recordar que un obligado por cada actividad o ramo que ejerce debe inscribirse ante la Administración sobre lo que explota y, por ende, se le liquidará lo pertinente para su recaudación. Por ejemplo, si es un establecimiento de ropa con venta de comida, deberá tributarse por ambos.

Como toda norma de carácter tributario, se fijan sanciones por el cumplimiento fuera de la oportunidad legal que señala la Ordenanza; es por ello que se habla de intereses, recargos, multas.

Ahora bien, para evitar que los municipios pudieran incurrir en arbitrariedades, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009) señala que se aplicarán las previstas por el Código Orgánico Tributario (2001), ya que aquélla tiene en su haber normas de armonización y de obligatorio acatamiento para el ámbito local.

De hecho, en las Disposiciones Transitorias Y Finales les ordena a los municipios adecuar las Ordenanzas a lo por ella previsto so pena de nulidad absoluta.

Este aspecto fue de gran discusión en el aula y se me preguntaba acerca de la aplicación o no de los llamados Deberes Formales. La respuesta no se hizo esperar; efectivamente, estos están contemplados para este Impuesto, o sea, se puede aplicar aquello de inscribirse en los registros que lleva la Administración, plazos y formularios, entre otros.

La actividad de fiscalización y verificación de este Impuesto está a cargo de la Administración Tributaria (Alcaldía), no pudiendo delegarla en particulares por mandato de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009), aun cuando cursa una demanda de nulidad sobre ello en el Tribunal Supremo de Justicia, de lo cual se espera su pronunciamiento.

 Para ello se invita al lector consultar al Código Orgánico Tributario (2001) donde está desplegado lo que puede efectuar la Administración en procura de los tributos insolutos, al igual que en materia de deberes formales.

Dentro del elenco de preguntas de mis estudiantes hubo un par sobre la Declaración del Impuesto y el Establecimiento Permanente, sobre las que prometí también escribirles algo.

En cuanto a la Declaración, es menester fijar posición que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009) dejó en manos de los Concejos Municipales, como órgano legislativo local, al estudiar las Ordenanzas que aprobarían, diversos puntos siendo este uno de ellos; de allí que se tomen los parámetros de la normativa nacional, tales como agentes de retención, declaración estimada o anticipada, declaración definitiva, entre otros, aplicándolos en esas leyes locales.

Por su parte, el Establecimiento Permanente, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009), es una sucursal, oficina, fábrica, taller, instalación, almacén, tienda, obra en construcción, instalación o montaje, centro de actividades, minas, canteras, instalaciones y pozos petroleros, bienes inmuebles; ubicados en la jurisdicción; el suministro de servicios a través de maquinarias y otros elementos instalados en el Municipio o por empleados o personal contratado para tal fin.

Este punto ha generado innumerables polémicas jurisprudenciales y de doctrina.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos I y II” “Municipio y Tributación I, II y III” ; que se encuentran publicados en el Blog www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com o en www.tecnoiuris.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal o Grupo de Derecho Municipal Venezuela); para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

martes, 22 de junio de 2010

El Impuesto sobre Actividades Económicas I

EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

El Constituyente de 1999 asignó a los municipios varios tributos con los cuales podrían cumplir los compromisos que la Carta Fundamental les fijó hacia los ciudadanos; dentro de la lista se encuentra el Impuesto a las Actividades Económicas, Comercio, Servicios o de índole similar.

En primer lugar, se trata de impuesto en razón de ser una prestación en dinero exigible de manera coactiva por el sujeto activo (municipio) al pasivo.

El hecho generador o hecho imponible es el ejercicio habitual, en la jurisdicción del municipio, de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente, aun cuando dicha actividad se realice sin la previa obtención de licencia, sin menoscabo de las sanciones que por esa razón sean aplicables.

El sujeto activo es el municipio, a través de la alcaldía. Como sujeto pasivo están previstos los mismos a que se contrae el Código Orgánico Tributario (2001), es decir, contribuyentes, los cuales pueden ser personas naturales y jurídicas (sociedades mercantiles, entre otras); responsables.

Obviamente, debe existir en vigencia una Ordenanza, cuya discusión y aprobación es competencia del Concejo Municipal, que regule este tributo para que el Ejecutivo Local pueda hacerlo exigible.

Acerca de sus características este tributo está concebido, según Luis Fraga y otros en la obra “El Impuesto a las Actividades Económicas”, (Fraga, Sánchez & Asociados, Caracas, 2005), como un impuesto ordinario, porque no tiene límite predefinido en el tiempo en cuanto a su vigencia.

 Es proporcional, puesto que mantiene una relación constante entre su cuantía y el valor de la riqueza gravada o, mejor dicho, la tarifa o alícuota es constante, independientemente del aumento o disminución de la base sobre la cual se aplica esa tarifa.

Es real u objetivo, dado que considera solo la riqueza gravada con prescindencia de la situación personal del contribuyente. No consultan las condiciones personales del sujeto pasivo, razón por la cual los criterios de vinculación se determinan en función de elementos objetivos.

Directo, por cuanto no es posible su traslación. Sobre este punto hay quienes manifiestan opinión en contrario, como es el caso de Romero-Muci, pues para él se trata de un impuesto indirecto porque gravaría el consumo, independientemente que el hecho imponible se verifique o diseñe normativamente en referencia al ejercicio de una actividad lucrativa comercial o industrial.
Territorial, en virtud que solo es posible su exigencia dentro del municipio donde se genera.

Coincide con el Ejercicio Económico Financiero, es decir, comprende desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año; independiente de que sea idéntico al ejercicio del sujeto pasivo.

La base imponible está constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del municipio o que deban reputarse como ocurridas en esa jurisdicción de acuerdo con los criterios previstos por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2009) o en los Acuerdos o Convenios celebrados a tales efectos.

Resulta oportuno destacar un trabajo realizado por Héctor Eduardo Rangel Urdaneta denominado “Implicaciones derivadas del concepto ´ingreso bruto efectivamente percibido´ previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal sobre la determinación del Impuesto sobre Actividades Económicas” (Funeda, Caracas, 2010), donde se expone una situación derivada de una sentencia dictada por un Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario; este aspecto despierta en su autor una polémica por aquello de los términos “devengados” y “percibidos” con sus consecuencias jurídicas.

Dentro de este libro se analiza lo que son los ingresos brutos, puesto que el legislador no es uniforme en su implementación como mecanismo para obtener recursos tributarios; por ejemplo, en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) o en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005).

Ambas son leyes de carácter nacional y allí se toma como base para el pago de los tributos a los ingresos brutos, por lo que es pertinente decir que esta forma no es privativa del Poder Municipal.

Este Impuesto constituye el ramo rentístico de mayor volumen de manejo por parte de los municipios urbanos, luego del Situado Constitucional, por lo que suele encontrarse en las estadísticas como el de recaudación más alta.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos I y II” “Municipio y Tributación I, II y III” ; que se encuentran publicados en el Blog www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com o en www.tecnoiuris.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal o Grupo de Derecho Municipal Venezuela); para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.