¿PUEDEN LOS MUNICIPIOS DICTAR NORMAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD? II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Volviendo al punto inicial el
Constituyente asignó al Poder Nacional dictar las normas y procedimientos en
materia de libertad, lo que se traduce en leyes como el Código Penal Venezolano
(2005) o el Código Orgánico Procesal Penal (COPP,2012), en las que se
establecen los presupuestos normativos para delitos o faltas, tanto en lo
sustantivo como adjetivo.
Se consagran a nivel nacional las
normas atributivas de competencias para los tribunales, Ministerio Público,
cuerpos de policía, defensores privados o públicos, entre otros.
El Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional
(2009) regula aspectos de la actividad policial; clasifica los cuerpos de
policía – desde la perspectiva territorial - en nacional, estadal y municipal,
los diferencia de otros cuerpos como el de Investigaciones Científicas Penales
y Criminalística (CICPC) que responde a otra naturaleza.
La actividad de policía implica,
como señala Peña Solís en su Manual de Derecho Administrativo (2006), la
potestad de adoptar decisiones limitativas de los derechos de los particulares,
correspondiéndoles a los cuerpos de policía la ejecución material de esas
decisiones, en forma coactiva o no. Otra denominación de esos son las
llamadas fuerzas de policía.
Como quiera que el Municipio -
desde el Texto Fundamental - posee la competencia para la creación y
funcionamiento de su cuerpo de policía local, siguiendo los lineamientos de la
legislación nacional, destina esfuerzos y presupuesto importante para atender -
primordialmente orientados - hacia actividades preventivas y control del
delito, lo que puede llevar a cabo por sí mismo, a través de órganos o entes,
como por mancomunidades.
Ello es competencia del Ejecutivo
Municipal, toda vez que el alcalde es la primera autoridad civil y política de
la entidad. Debe poseer regulaciones legislativas, para lo cual el concejo
municipal aprueba ordenanzas, por ejemplo, de creación y organización del
cuerpo de policía municipal, atribuyéndolo a órganos o entes, lo cual
complementa con actos de rango sublegal, como reglamentos o resoluciones,
tomando en cuenta aspectos cuyo origen es nacional.
Los municipios, además de
aprobarse ordenanzas que organizan el cuerpo de policía y preocupados por la
comisión de delitos o faltas dentro de su jurisdicción, han decidido atender el
problema con la aprobación de un texto normativo cuya finalidad es mejorar la
convivencia entre los ciudadanos, sin importar que sean residentes o
transeúntes; suele denominarse como Ordenanza de Convivencia Ciudadana y
Sanción de Infracciones Menores.
No se trata de una mera
enumeración o regulación sobre hechos delictuales, lo cual es de la competencia
nacional, sino de situaciones que pueden catalogarse como faltas desde la
perspectiva penal; sin embargo, ello no significa que no deba atenderse, puesto
– que en la mayoría de los casos – los conflictos inician en baja escala y
luego aumentan hasta la ocurrencia de homicidios, lesiones, violaciones,
violencia de género, entre otros, por ejemplo, lo que obliga a la intervención
del Ministerio Público, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas y Tribunales Penales.
Esta Ordenanza, además de regular
temas de convivencia, conlleva un carácter pedagógico, toda vez que su
finalidad es contribuir al desarrollo progresivo de una cultura repleta de
principios y valores que fomenten el respeto, la igualdad, no discriminación,
solidaridad, sentido de pertenencia hacia el lugar donde se hace y
desarrolla la vida, tolerancia, libre desenvolvimiento de la
personalidad, cuidado del patrimonio público, entre otros.
No contemplan penas privativas de
libertad; suelen contener penas pecuniarias y/o trabajo comunitario
También ha sido frecuente en la
práctica encontrar programas que fomentan los medios alternativos para la
resolución de conflictos, entre los que destacan la conciliación y mediación;
tampoco podía dejar de mencionarse a la Justicia de Paz, la cual – desde la
primera versión de la ley sobre esta materia – ha brindado experiencias dignas
de reconocimiento.
De hecho, hay ordenanzas que
agrupan – no solamente a la materia de convivencia ciudadana, sino también a
los restantes – con el objeto de tener – en un solo instrumento – todas las
disposiciones aplicables.
Tras un análisis de la Carta Magna
como del conjunto de instrumentos legales se concluye que los municipios no
pueden establecer normas privativas de libertad por ser de la competencia
nacional (Código Penal u otros), por las siguientes razones:
1.- La competencia para legislar
en lo penal le corresponde al Poder Nacional, específicamente a la Asamblea
Nacional.
2.- El Ministerio Público tiene la competencia
para ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos
punibles.
3.- También a éste el ejercicio
de la acción penal en los casos donde no sea necesaria la instancia de parte.
4.- Los cuerpos de policía municipal
deben realizar su gestión hacia actividades preventivas y control del delito,
lo que no incluye dictar normas privativas de libertad, aunque ejecutan las
órdenes para la aprehensión de los sujetos objeto de aquéllas.
5.- Los cuerpos de policía deben
prestar su concurso ante los requerimientos del Poder Judicial en el marco de
sus competencias.
6.- El Decreto con rango, valor y
fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional
(2009) señala la estructura organizativa para el desempeño de los cuerpos de
policía nacional, estadales y municipales, encabezado por el denominado Órgano
Rector (Ejecutivo Nacional) quien fija políticas públicas entre otras
competencias.
Se sugiere la lectura de otros
artículos de mi autoría denominados “Los Poderes Públicos”, “Las Competencias
Municipales”, “La Organización Municipal”, “Municipio y Desconcentración
Administrativa”, “El Alcalde”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”,
“Municipio y Planificación”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Servicio
de Policía”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “”La Ordenanza de Convivencia
Ciudadana”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Delegación de
Competencias”, “La Potestad Organizativa en el Municipio”, “La Organización
Municipal”, “La Policía Administrativa”, “La Ordenanza de Tránsito y Uso de las
Vías Públicas”, “Municipio y Transporte y Tránsito Terrestre”, “La Ordenanza
sobre Motorizados”, “La Justicia Municipal”, “¡Institutos Autónomos o Públicos
Municipales?”, “Municipio y Leyes de Base”, “Los Servicios Desconcentrados Municipales”,
“Municipio y Fiscalías del Ministerio Público municipales”, “Municipio y
legislación antidrogas”, entre otras, que se encuentran publicadas en www.eduardolarasalazarabogado.blogaspot.com
para tener mayor información.
En otra oportunidad se tocarán
tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se
construye desde sus municipios.
