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domingo, 11 de junio de 2017

El Impuesto sobre Predios Rurales II

EL IMPUESTO SOBRE PREDIOS RURALES II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar


Si se leen las disposiciones constitucionales vigentes acerca de los tributos municipales se le ha dado autonomía al ámbito local para la gestión de los tributos asignados por la Carta Magna; en efecto, salvo casos como el Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias o el que hoy ocupa estas entregas, se otorgó margen libre de maniobra para la ejecución de sus competencias.

Con ello se profundizan el Estado Federal y  la descentralización. Deseable sería que se ampliara el ejercicio de las potestades y competencias tributarias en los dos ramos rentísticos descritos.

Partiendo de la premisa que la acción de los municipios se sustenta - en gran medida - con la tributación, entendida como la forma para obtener los recursos necesarios para la satisfacción de necesidades colectivas, es oportuno gerenciar los procesos pertinentes con miras al crecimiento de lo rural, puesto que de allí se pueden derivar fuentes de empleo, emprendimiento, instalación de industrias, exportación, entre otros beneficios.

Venezuela posee extensiones de tierras, reservorios de agua y otros recursos que harían perfectamente factible la disminución de importaciones, al igual que la casi absoluta dependencia petrolera.

Hemos sido testigos presenciales acerca de la implementación de programas exitosos que son modelo positivo de Venezuela para el mundo; ejemplo es lo ocurrido con el llamado Sistema Nacional de Orquestas y Coros, quienes son considerados embajadores culturales, donde han participado - y siguen haciéndolo – jóvenes y adultos de todo el país.

Iniciativas como estas se pueden estudiar y aplicar al campo con los estudios técnicos y profesionales correspondientes.

En la medida que las necesidades de los ciudadanos puedan ser satisfecha con mayor inmediatez,  se crearán estrechos vínculos con los lugares donde se reside o labora; esto es valedero tanto para los espacios urbanos como rurales.

Para el caso de estos últimos se hace imperioso contar con una infraestructura de servicios de atención al productor como su familia.

El campo también necesita que lleguen servicios públicos de calidad, no solamente por ser un derecho previsto por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), sino también como apoyo para el mejoramiento de las condiciones de vida.

Dentro del Derecho Social existe una rama denominada Derecho Agrario, la cual se puede definir como la ciencia jurídica que persigue el estudio de las relaciones derivadas de la tenencia y uso de la tierra, al igual que el manejo adecuado de los recursos naturales, con miras a elevar la producción agraria, mediante la conservación y distribución justa o equitativa.

En él se encuentran una serie de instituciones que – a simple vista – parecen confrontar con postulados de Derecho Civil, pero el legislador lo concibió para garantizar la continuidad de la especie humana a través de la producción agrícola, ganadera, ambiental o pesquera, según sea el caso.

Conjuntamente con el Derecho Tributario más otras disciplinas, tanto del área jurídica como no jurídicas (Sociología, Economía, Ingeniería, por ejemplo) se puede normar con miras al ejercicio de las competencias correspondientes al municipio en materia de tributación sobre predios rurales.  
Universidades como la Central de Venezuela (UCV), la de Los Andes (ULA), la Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ), entre otras, han sido protagonistas y aportantes para el desarrollo del agro desde hace muchos años.

La tierra no solamente es un elemento sobre el cual se desarrollan relaciones propias de la vida urbana; también es base para la producción agraria, lo cual implica que el legislador en sus distintos niveles ha aprobado textos normativos que regulan su uso y aprovechamiento, por ejemplo.

A esto hay que sumarle que – no siempre – las ciudades crecen ordenadamente, multiplicando las carencias que deben ser provistas por las entidades públicas.

Se ha repetido en distintos escenarios que hay un aumento de movilización poblacional hacia las ciudades, llegando al punto que una cuota importante de los ciudadanos vivirá en espacios urbanos mayoritariamente.

En tal sentido, el legislador se ha visto en la necesidad de cambiar parámetros para regular los espacios y – de ellos – obtener recursos – como ocurre con la tributación – con miras a suplir demandas de las comunidades.

Uno de los elementos sobre el cual recaen regulaciones de este tipo es la tierra; la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA, 2010) tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo rural integral y sostenible, emitiendo una declaratoria de afectación de todas las tierras con vocación agrícola, sean públicas o privadas, lo que pasa por dar un uso apropiado que permita la producción  y poder proveer de alimentos a la población.

Ahora bien, en este instrumento  se crea un impuesto sobre tierras ociosas y usos no conformes a cargo del Poder Nacional, específicamente al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Cabe preguntarse, ¿es ese el impuesto a que se refiere la CRBV cuando le encomienda al legislador nacional la creación de impuestos territoriales o sobre predios rústicos cuya recaudación y control corresponda a los municipios?, ¿El existente es otro?, ¿Por qué no se ha creado aun?

La doctrina ha elevado su preocupación sobre este punto, ya que se hay una interpretación sobre el tributo que grava las tierras ociosas, donde se afirma ser diferente al impuesto sobre predios rurales, basándose en el hecho imponible, por cuanto el fin es convertir a los terrenos improductivos o infrautilizados en unidades con mayor rendimiento.   

Una regulación acerca de impuestos sobre predios rurales, como mínimo, debe reunir las siguientes características:

1.- Su exigencia no implica contraprestación, como ocurre con las tasas.

2.- No se activa su causación a instancia de parte interesada, sino que el sujeto activo de la relación tributaria (municipio) está en la obligación de exigirlo en razón del principio de sostenimiento de las cargas públicas, además del  principio de indisponibilidad de las obligaciones tributarias.

3.- Posee carácter territorial, pues solo tiene vigencia en la jurisdicción del municipio donde está ubicado el inmueble. 

4.- De él se dice también que no es trasladable su pago a terceros, ni toma en cuenta la situación patrimonial del sujeto pasivo tributario, puesto que se causa y debe cumplirse la obligación fiscal.

5.- Se limita al ámbito espacial no urbano, quedando pendiente establecer normas precisas sobre los inmuebles ubicados en lo periurbano. 

Lo más relevante es que el tema pasa por regulaciones de ordenación territorial, donde puedan conciliarse las visiones fiscales, ambientales, agrarias, urbanísticas, entre otras, en aras de un verdadero y auténtico desarrollo con armonía.

Un ejemplo de esto es lo periurbano.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Planificación”, “La Ley de los CLPP del año 2015”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Gestión Comunitaria”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Registros Público y Notariado”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Planificación Pública y Popular”, “El Distrito del Alto Apure”, “El Catastro Municipal”, “Municipio y Régimen de Tierras”, “Municipio y Régimen de Tierras Rurales”,   “Municipio y Servicios Públicos”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “Las Contribuciones Especiales Municipales”, “Las Tasas”, “El Síndico Procurador como Fiscal de la Hacienda Municipal”, “Indisponibilidad de la obligación tributaria en el ámbito municipal”, “Procedencia o no de la novación en las obligaciones tributarias”, “El C.O.T. como norma supletoria en lo municipal”, “Indisponibilidad de la Obligación Tributaria”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Municipio Indígena”, “El Situado Municipal”, “El Territorio Insular Miranda”, “Las Dependencias Federales”,  entre otros; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.