¿EL JUEZ O LA ALCALDÍA COMPETENTE EN MATERIA DE PARALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN?
II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Si bien el ordenamiento jurídico
le asigna competencias al Poder Municipal para el ejercicio del urbanismo, de
conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV,
1999), la Ley Orgánica para la Ordenación Urbanística (1987) y la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), hay unas previsiones en el Código Civil Venezolano (1982) que no han
sido modificadas desde versiones anteriores y, de alguna manera, coexisten con
aquéllas.
Sin embargo, es menester señalar
que todas apuntan en dirección hacia la sana convivencia como las establecidas
por las ordenanzas municipales sobre la materia.
Veamos algunos ejemplos.
·
“El propietario puede hacer en su suelo o debajo
de él toda construcción, siembra, plantación o excavación y sacer por medio de
ellas todos los productos posibles, salvo las excepciones establecidas
para las servidumbres prediales, lo que dispongan leyes especiales y los
reglamentos de policía.” (Subrayado mío).
·
“Si en la construcción de un edificio se ocupare
de buena fe una parte del fundo contiguo y la construcción se hubiere hecho con
conocimiento y sin oposición del vecino, el edificio y el área podrán
declararse propiedad del constructor quien, en todo caso, quedará obligado a
pagar al propietario del suelo el valor de la superficie ocupada y, además, los
daños y perjuicios…”
Continúa el Código Civil
Venezolano con el otro supuesto de la norma transcrita.
·
“…De no haber habido conocimiento por parte del
vecino, el constructor, fuera del pago de los daños y perjuicios, está en la
obligación de pagar el duplo del valor de la superficie ocupada.”
Para el primero de ellos se trata
cuando alguien lleva a cabo una construcción, siembra, plantación o excavación
y extrae del suelo lo producido por él.
Si bien el dueño – en aras de su
derecho de propiedad - puede usar, gozar y disponer del bien, como sería el
aprovechamiento de los frutos, entendidos como todo aquello que la cosa produce
periódicamente y sin disminución o destrucción sensible de su sustancia, siguiendo
al maestro Gert Kumerow en su obra “Bienes y Derechos Reales, Derecho civil II”,
Ediciones de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela; resulta
significativo que la disposición en cuestión deja también abierta la
posibilidad que el legislador nacional o local, en sus casos, puede aprobar
instrumentos jurídicos que regulen esa situación imponiendo limitaciones a la
propiedad.
Las servidumbres, en palabras del
mencionado Autor y obra citada, son un derecho real limitado sobre la cosa ajena,
matizado por la utilidad o ventaja que un fundo (sirviente) presta a otro
(dominante).
Ejemplos de ellas son las
relacionadas con caminos, conductores eléctricos, tuberías, entre inmuebles, tanto urbanos como rurales.
Anteriormente los llamados reglamentos
o códigos de policía contemplaban conocer de asuntos donde estuviere
involucrada la salubridad, ambiente, urbanismo, entre otros, como instructor
y/o ejecutor de las decisiones tomadas; de allí el origen de la policía
administrativa.
Sobre las leyes especiales se
trata de la actividad legislativa o regulatoria; al respecto pueden mencionarse: aguas, ambiente,
agricultura, pesca, minas, hidrocarburos, bosques, electricidad, navegación
aérea y acuática, entre otras.
Cada uno de ellos – en la actualidad
y sin indicar orden de prevalencia – posee textos normativos en el área de su
especialidad en el ámbito nacional, como serían:
·
- Ley
de Aguas (2007).
- Ley
Orgánica del Ambiente (2006).
- Ley
de Bosques (2013).
- Ley
Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (reformada en 2007).
- Ley
Orgánica de Ordenación del Territorio (1983).
- Ley
Orgánica para la Ordenación Urbanística (1987).
- Ley
Penal del Ambiente (2013).
- Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010).
- Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario (2010).
- Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Espacios Acuáticos (2014).
- Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (2008).
- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura (2014).
- Ley Orgánica de Reorganización del Sector Eléctrico (2010),
- Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (1993).
- Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2015), entre otras.
Los municipios, por su parte,
están facultados para dictar ordenanzas y otros textos en las materias de su
competencia, sean estas propias o concurrentes, por ejemplo, tránsito terrestre, educación, cementerios,
Para el segundo caso se trata de
una construcción que llega hasta la del vecino, pudiendo hasta provocar una extensión
de los linderos del inmueble, teniendo o no conocimiento el afectado con las
consecuencias jurídicas que le asignó el legislador civil, partiendo de la
buena fe.
Cuando no la hubiere, el Código
Civil Venezolano (1982) también aporta las vías para solventar tal problema,
debiendo acotar que pasa por instituciones como la posesión, el deslinde, la
declaratoria de declaración de certeza del derecho de propiedad y la reivindicación.
Expresa el profesor Kumerow (Ob.
Cit.) que la propiedad en Venezuela se reconoce pero no en forma absoluta,
puesto que sigue la tendencia de la función social de ella.
El ordenamiento jurídico así lo
recoge claramente, tanto en lo constitucional como legal; dentro de ese
concepto hacen vida limitaciones, tales como:
·
- Las concernientes a la extensión en sentido horizontal como vertical, lo que pasa por la no obstaculización de la libre navegación por los ríos navegables; no efectuar determinadas construcciones o sobrepasar ciertas alturas en áreas cercanas a aeropuertos, entre otras.
- Las concernientes con la intensidad del derecho de propiedad que tornan compatible o armonizable el poder del titular con el de otros propietarios y que se asocian tanto con las relaciones de vecindad como a las restricciones impuestas en interés público, siendo mencionables las aguas privadas, distancias entre construcciones, luces y vistas de la propiedad del vecino, desagüe de techos, entre otros.
Nótese que al estudiar los
instrumentos legales en referencia se puede observar la creación de instancias
administrativas o judiciales, sin contar con la participación ciudadana bajo
diversas modalidades, estén o no agrupados en consejos comunales.
Entrando en el plano judicial la
Carta Magna señala que el Poder Judicial se ejerce por el Tribunal Supremo de
Justicia y demás tribunales que determine la ley.
Siguiendo el modelo
constitucional la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2010), la Ley
Orgánica del Poder Judicial (1998), la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (2010), el Código Civil Venezolano (1982) y la Ley
Orgánica sobre Amparo y Garantías Constitucionales (1988), entre otras, nos dan
idea de cómo pueden actuar los órganos jurisdiccionales ante la violación de
derechos y garantías.
Lo primero que debe determinarse
cuál es el Juez competente ante quien se presenta una reclamación derivada de
una perturbación por una obra en construcción.
El Código Civil Venezolano (1982)
señala que se harán ante el Juez sin indicar específicamente, por lo que hay
que acudir a la ley que regula los procedimientos en materia civil denominada
Código de Procedimiento Civil (1990), el cual menciona al Juez de Distrito o
Departamento, los cuales ya no existen en la organización judicial venezolana
desde hace años, producto de la restructuración de la que fue objeto el Poder
Judicial.
Esto conllevaría a consultar la
Ley Orgánica del Poder Judicial (1998), dado que es el texto que regula la
organización y estructura del Poder Judicial siguiendo las directrices del
Texto Fundamental sobre leyes orgánicas; pero como es preconstitucional y, ante
el conflicto con las previsiones de la CRBV, se interpretó que ésta prevalece
sobre aquélla por el Principio de Supremacía Constitucional.
Todo esto nos conduce a revisar
la normativa dictada por el órgano cúpula del Poder Judicial para determinar la
competencia por la materia.
El Tribunal Supremo de Justicia,
en Sala Plena, es el competente para dictar las regulaciones sobre la
administración y organización del Poder Judicial, el cual se vale de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) que sustituyó al Consejo de la
Judicatura tras la reforma constitucional en 1999.
Con vista de todo lo anterior hay
que concluir que deberá intentarse ante un Juez de Municipio, que reemplazaron
a los juzgados de distrito y departamento, de conformidad con las distintas
resoluciones al respecto, siendo la más reciente la Nº 2018-0013 de fecha 24-10-2018 que regula lo referente con la competencia por la cuantía.
En segundo término se tiene que
establecer el tipo de juicio o solicitud cuando se está padeciendo perturbación
por una obra en construcción.
Los estudiosos en Derecho Civil
denominan como procedimientos posesorios o interdictales prohibitivos, específicamente el llamado Interdicto de Obra Nueva.
Ángel Francisco Brice en un trabajo sobre los Interdictos publicado en una obra colectiva denominada “Títulos Supletorio, Posesión e Interdictos. Derecho Civil Venezolano”, Ediciones Fabretón, Caracas, 1991, expresó que el objeto de esta acción no es proteger la posesión que se arrebata o molesta, sino evitar que se ocasione un daño a determinadas cosas.
Citando a Ramiro Antonio Parra
señala que se trata de detener la obra para evitar un perjuicio. La misión del
Juez no es destruir lo hecho sino suspender la obra, detener su curso; que no
se cause un daño probable mientras la
cuestión se discute en juicio ordinario.
El Código Civil Venezolano (1982)
establece las pautas para intentar la acción judicial, por lo que se debe ser
muy cuidadoso de no incurrir en inexactitudes, puesto que podría invadir el
campo de otras vías procesales, incluidas las interdictales, ya que es
frecuente que los litigantes confunden los supuestos de los de obra nueva con
el de amparo, el restitutorio y el de obra vieja.
Hasta aquí partiendo de la idea
de un particular.
Ahora bien, ¿cómo se puede actuar
cuando quien ocasiona la perturbación es una entidad pública?,
¿Es aplicable la
fase sumaria prevista para los interdictos donde no se estila la participación
de la otra parte?
Al igual que toda persona
jurídica, las entidades públicas territoriales o no, deben cumplir con los
requisitos exigidos por la ley para su actuación.
El Derecho Administrativo regula
relaciones jurídicas con entidades públicas territoriales o no entre sí como
las que se derivan entre éstas y los particulares.
Uno de los pilares fundamentales
del quehacer público es el llamado Principio de Legalidad, por lo que deben
someterse plenamente a la ley y al Derecho.
Cuando alguna de las partes
litigiosas sea una entidad pública territorial o no, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa (LOJCA, 2010), constituye
– de forma general porque las excepciones son expresas como ocurre en materia
laboral, por ejemplo – un fuero atrayente en sentido activo o pasivo.
Como materias que debe conocer tiene previstas las siguientes:
- Las impugnaciones que se interpongan contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, incluso por desviación de poder.
- De la abstención o carencia de las autoridades a producir un acto al cual estén obligados por la ley.
- Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a los órganos del Poder Público.
- Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el Poder Público.
- Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos.
- La resolución de los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo.
- La resolución de controversias administrativas que se susciten entre la República (Poder Nacional), algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades.
- Las demandas que se ejerzan contra la República (Poder Nacional), los Estados, los Municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva.
- Las demandas que ejerzan la República (Poder Nacional), los estados, los Municipios, los institutos autónomos, entes públicos, empresas o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva, si es de contenido administrativo.
- Las actuaciones, abstenciones, negativas o vías de hecho de los consejos comunales y de otras personas o grupos que en virtud de la participación ciudadana ejerzan funciones administrativas.
- Las demás actuaciones de la Administración Pública no previstas en los numerales anteriores.(Subrayado mío)
La idea sugerida es que se tenga noción de los supuestos en los que pudiere
estar involucrada una obra en construcción en sentido amplio y cómo podría ser
conocida por la jurisdicción contencioso administrativa de la cual el Municipio
es objeto de su control.
Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “De las “Competencias Municipales”, “De la Organización y Gestión Municipal, “El Distrito Capital”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Sistema de Justicia y Justicia de Paz”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, Municipio, Tránsito y Transporte Terrestre”, “La Ordenanza de Tránsito Terrestre y Uso de Vías Públicas”, “Justicia de Paz Comunal y Legislación de Arrendamientos”, “La Administración Tributaria Municipal”, “La Autonomía Municipal”, “La Fiscalización en materia de urbanismo local”, “La Justicia de Paz Comunal”, “Las Fiscalías Municipales”, “Municipio y Ambiente” “La Ordenanza de Gestión Ambiental”, “Municipio y Protección Civil”, “Municipio y Ley Orgánica del Servicio y Cuerpo de Bomberos”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Municipio y Ley de Gestión de Riesgos Socio Naturales y Tecnológicos”, “Potestad Tributaria vs Potestad Reguladora”, ¿Posee el Juez de Paz competencias en materia de Propiedad Horizontal? , entre otros los cuales se encentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para obtener mayor información sobre lo aquí tratado.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
