DERECHO URBANÍSTICO, ¿CAPRICHO O NECESIDAD? I
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Los asentamientos urbanos deben poseer regulaciones jurídicas, puesto que el ser humano al ser concebido para vivir en sociedad y, a través de ellas, se establecen vínculos de diversa índole; ello conlleva diversos procesos en el desenvolvimiento, siendo uno de ellos lo referido con la asignación de espacios (individual y grupal), construcción de lugares para residir, trabajar, entre otros.
Para Juan Garrido Rovira en su libro “Ordenación Urbanística” el urbanismo es una ciencia que proclama la necesidad de prever y planificar con antelación la creación, remodelación y ensanche de las poblaciones, con la vista puesta en el buen uso de la tierra, la ciencia y la tecnología con el más alto grado de seguridad, comodidad y bienestar, haciendo suyos unos conceptos reflejados en una sentencia de la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de 1977, con cabida en nuestros días.
Sigue diciendo el mencionado autor en esa obra que plantea las interrelaciones entre las formas y las estructuras físico-espaciales y las distintas funciones sociales que se realizan en la ciudades y centros poblados.
El Derecho responde a esa orientación, ya que moldea comportamientos socialmente aceptados, así como también se ocupa de quienes se apartan de la línea esperada, como se observa con el Derecho Penal, bien sea con aquellas sanciones que impliquen privación de libertad o no.
Dentro del Derecho Público hace vida una rama denominada Derecho Urbanístico; éste tiene aristas vinculadas con aspectos fundamentales para la vida, como: salud, educación, vivienda, recreación, ambiente, hábitat, transporte, policía, convivencia ciudadana (justicia de paz), agua, electricidad, gas, telefonía, internet, entre otros, los cuales pasan hasta desapercibidos cuando se reciben de forma permanente o habitual con calidad satisfactoria.
Para que ello sea factible es menester que se creen las bases; se encarga de las previsiones jurídicas que limitan y delimitan el derecho de propiedad en aras del interés general, por cuanto en él se fundamentan otros como el derecho a edificar o el de deshacer lo hecho.
El Derecho Público, en general, debe adaptarse a los cambios que transcurren con el tiempo para dar respuesta efectiva y eficiente acerca de las áreas de incumbencia.
Una de esas vertientes de él es – precisamente – la que genera estas líneas.
Si existe alguna de las disciplinas afín en las áreas públicas con él es Derecho Municipal; tanto uno como otro se tocan continuamente porque a lo local le compete la ejecución de planes, proyectos y la realización de iniciativas que hagan efectivo el enunciado descrito líneas arriba. De hecho, dentro de la organización municipal existen estructuras que responden a los fines del Derecho Urbanístico, como son el catastro, control urbano y la tributación.
No hay que pasar por alto que ambos toman de cada rama jurídica como de las que no lo son algún elemento para la realización de sus cometidos; esto puede explicarse con la relación – en aquél, por ejemplo – de ramas como el Derecho Constitucional, Administrativo, Procesal, Penal, Civil, Presupuestario, Tributario.
Esta última es importante reseñarla, pues existen cargas fiscales estrechamente relacionadas con ese campo, aun cuando por principio obedecen al de unidad del tesoro, no es menos cierto que también su ámbito se dirige hacia éste; es el caso del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, el Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias y las Contribuciones por Mejoras y la de Plusvalía.
El Derecho Urbanístico es una rama que busca el equilibrio y regulación de derechos como el de propiedad, pues restringe o limita derechos de los particulares en aras de la sana convivencia; de allí la existencia de instrumentos como las Ordenanzas de Zonificación, para evitar la anarquía.
Tiene relación con la llamada ordenación de espacios, pues solamente de manera metódica y organizada será posible la vida en sociedad.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) le asigna al municipio competencias relacionadas con la materia en concordancia con otras leyes, entre las que se encuentra la de ordenación urbanística; al igual que ellas el legislador – especialmente nacional y municipal, puesto que los estados no poseen competencias urbanísticas - ha venido manifestando textos que directa o indirectamente se vinculan tales como:
· desarrollo urbano local (PDUL),
· catastro,
· zonificación,
· planificación,
· procedimientos urbanísticos (generalmente denominadas Ordenanza de Urbanismo, Arquitectura y Construcciones o sobre Construcciones Ilegales);
· tributarios urbanísticos (Ordenanza de Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, Ordenanza sobre Impuesto a las Transacciones Inmobiliarias, Ordenanza sobre Contribuciones Especiales por Mejoras o la de Plusvalía por Incremento de Intensidad de Uso Urbanístico), entre otras.
No solamente por vía legislativa se atiende sino que, mediante control jurisdiccional judicial en el contencioso administrativo, se ventilan los asuntos donde están involucrados tanto la Administración como los particulares.
El derecho de propiedad, siguiendo al Código Civil venezolano (1982), se define como el derecho de usar, gozar y disponer de un bien, sin más limitaciones que las establecidas por el ordenamiento. La propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y de todo cuanto se encuentre sobre ella o debajo.
Ahora bien, esto amerita hacer algunas precisiones.
Lo primero es que el derecho de propiedad no es absoluto; así lo recoge la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), no siendo novedoso este concepto, por cuanto ha sido tradicional en los Textos Fundamentales.
Tan es así que la jurisprudencia lo asevera en distintas temáticas donde se vincula.
Asimismo, la legislación corrobora esta afirmación, ya que existen materias en las cuales se patentiza el deber de los particulares de ceder su interés frente al general, siendo ejemplo de ello expropiaciones, minas, hidrocarburos, ordenación territorial, aguas, aviación civil, salud, ordenación urbanística, agrario, ambiente, seguridad y defensa, entre otros.
En palabras del profesor Armando Rodríguez en su libro “Fundamentos de Derecho Urbanístico: una aproximación jurídica a la ciudad”, el cual tiene como génesis, además de su dilatada experiencia, el Trabajo Especial de Grado para optar al Doctorado en Derecho, otorgado por la Ilustre Universidad Central de Venezuela; reseña que abarca normas de muy difícil origen y formato, como sería el ordenamiento supranacional, lo que ejemplifica con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra “derecho a un nivel de vida adecuado”, comprendiendo – entre otros – vivienda, salud y los servicios básicos necesarios.
El Derecho Público prela en las ramas objeto de su regulación sobre los asuntos propios del Derecho Privado, donde – por ejemplo - están enmarcado el Derecho Civil y Mercantil.
- ¿Cuáles son las áreas donde se hace sentir mayormente el Derecho Urbanístico?
En opinión del profesor Armando Rodríguez (Ob. Cit.) – fundamentalmente - son la organización administrativa del urbanismo; régimen de la ordenación urbanística, básicamente a través de la planificación como instrumento primordial en la función urbanística; la gestión y control de las actividades públicas y privadas en el urbanismo; el régimen de los servicios públicos urbanos en tanto expresión de la funcionalidad urbana y referente del nivel de calidad de vida de la población y, finalmente, las técnicas de participación ciudadana en los espacios de las decisiones políticas y administrativas.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
