El Distrito Capital y su sistema tributario II

 

EL DISTRITO CAPITAL Y SU SISTEMA TRIBUTARIO II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

 

El Distrito Capital, como al resto de los poderes públicos, sigue la clasificación tripartita de los tributos: impuestos, tasas y contribuciones.

Cuando se aprobó la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) se le asignaron del tipo impuesto y tasas, es decir, no posee contribuciones lo que se observa en el nivel nacional y municipal.

-          ¿Cuáles son los impuestos que tiene a su cargo el Distrito Capital?

Está el llamado Impuesto 1x1000; su nombre deriva que se cancelará a razón de un bolívar por cada un mil bolívares con dos vertientes; una primera se vincula con la actividad bancaria – sin interferir en ella por ser nacional - relacionada con el otorgamiento de instrumentos crediticios a favor de persona natural o jurídica por parte de los bancos y demás instituciones financieras, regidas por el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (2014), cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en el Distrito Capital.

La segunda se origina con la emisión de órdenes de pago, cheques, transferencias y cualquier otro medio de pago efectuado por parte de los órganos o entes del Poder Público, ubicados en el Distrito Capital - como ministerios, institutos autónomos, empresas públicas - que sean realizadas en calidad de anticipos, pagos a favor de contratistas derivados de contratos de ejecución de obras, prestación de servicios o la adquisición de bienes y servicios.

Una de las vinculaciones de esta exacción se encuentra al realizarse contrataciones públicas; los tributos de todo nivel aplicables son un integrante obligatorio del pliego y – posteriormente - en el contrato como costo, por aquello que están a cargo del prestador de servicios, proveedor o ejecutor de la obra, de acuerdo con el marco regulatorio vigente (2014) sobre la materia, debiendo calcularse y efectuarse las retenciones respectivas.

A diferencia de otras entidades estadales, no se contempló el impuesto de salida, dado que el Distrito Capital no posee puertos ni aeropuertos en su jurisdicción. Tampoco fue regulada por la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) lo referente con minerales no ferrosos que estén fuera de reserva al nivel nacional.

-          ¿Qué debe entenderse por instrumentos de crédito?

La del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) lo define como aquellos mediante los cuales los bancos y demás instituciones financieras regidas por el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (2014), cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en el Distrito Capital, otorguen de manera directa cantidades dinerarias en calidad de préstamos y bajo las condiciones por ellos estipuladas, con excepción de las tarjetas de créditos y línea de crédito, ya que poseen regulaciones específicas y las entidades públicas centralizadas – a menos que se trate de un ente bancario -  no suelen financiar crédito al consumo.

-          ¿Qué es eso del hecho imponible?

El Código Orgánico Tributario (2020) lo define como el presupuesto de hecho establecido por la ley para que se origine la obligación tributaria, el cual se desencadena tras producirse tal supuesto; por ejemplo: Cuando se trate de situaciones fácticas, desde el momento que se hayan realizado las circunstancias materiales necesarias para que produzcan los efectos que normalmente les corresponden.

Cuando fueren del tipo jurídico, desde el momento en que estén definitivamente constituidas de conformidad con el derecho aplicable.

Puede suceder que el hecho imponible estuviere bajo condición o sea un acto jurídico condicionado, pudiendo derivar de la ley o convención, por ejemplo.

-          ¿Cuándo se produce la causación del hecho imponible?

Ello se hace efectivo desde la emisión por parte del prestamista, en los casos de la primera vertiente y, en la segunda, al momento de la generación de la orden de pago, cheque, transferencia y cualquier otro, indistintamente de donde se produzca la adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras.

-          ¿Cómo es posible hacer efectivo el cobro del impuesto sin que lo burle el instituto bancario o de otra índole?

Dada sus características, se aplica la denominada retención en la fuente, es decir, cuando se origina el instrumento – en forma simultánea – debe liquidarse para su posterior recaudación por el sujeto activo tributario; a la Administración Tributaria Distrital – que posee para su ejercicio las conferidas  a cualquier otra por el Código Orgánico Tributario (COT, 2020) - le es posible constatar mediante verificación y fiscalización cuántos créditos y demás medios de pago ha emitido con detalle, incluido - por aquello del principio de colaboración y cooperación institucional - requerir del órgano de control bancario (SUDEBAN) u otros terceros tales operaciones, debiendo prestarle la debida atención a su petición.

En idénticos términos, podría ser con otra administración tributaria: SENIAT, FONACyT, entre otras.

Igualmente, en el ejercicio de sus competencias, puede ordenar la apertura de procedimientos administrativos, incluidos los sancionatorios como aplicar las respectivas penalidades, sin perjuicio de la comisión de delitos para lo cual acudirá ante el Ministerio Público y los tribunales.

-          ¿Puede el (SATDC) designar agentes de retención o percepción?  

Así es, tanto el Código Orgánico Tributario (2020) concordante con la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025), le asigna competencia para ello.

Cabe destacar que, según este mismo Código (2020), el agente de retención es el único responsable ante el Distrito Capital y el contribuyente por el importe retenido o percibido; de allí que se exige en la práctica por las administraciones tributarias, la creación de un formato para tal fin y del cual deberá entregarse un comprobante al contribuyente, constituyendo su empleo deber formal, lo que acarrearía sanción de no hacerlo.

Si sucediere que no se realizó la retención o percepción debiendo llevarla a cabo, responderá solidariamente con el sujeto pasivo frente al acreedor tributario.

También deberá responder ante el contribuyente si se hiciere sin normas legales que la autoricen.

-          ¿Quiénes son los sujetos de la relación jurídico tributaria?

El sujeto activo es el Distrito Capital; no hay que olvidar la definición que aporta el Código Orgánico Tributario en la que establece que ha de ser la entidad púbica (órgano o ente) acreedor del tributo.

Los sujetos pasivos – siguiendo al Código Orgánico Tributario (2020) - son los contribuyentes y responsables, bien sean personas naturales o jurídicas,  que se encuentren en la situación fáctica prevista por el texto legal capaz  de desencadenar el hecho imponible de que se trate, o sea, ser (i) beneficiarios de créditos o préstamos otorgados por instituciones bancarias o financieras; así como (ii) de órdenes de pago emitidas por órganos o entes del Poder Público por concepto de prestación de servicios, ejecución de obras o adquisición de bienes.

Contrario a lo que se pueda pensar se reitera que los contribuyentes son los clientes de bancos y demás instituciones (no éstas) regulados por la legislación nacional sobre esa materia; en la otra variante, son los que reciben sumas de dinero mediante órdenes de pago, cheques, transferencias y cualquier otro efectuado por parte de órganos o entes del poder público situados en el Distrito Capital (no estos), derivados de contratos de ejecución de obras, prestación de servicios o de adquisición de bienes y servicios.

En ambos casos, los bancos y demás entidades reguladas por la legislación bancaria, como las organizaciones oficiales (órganos y entes) fungen de agentes de retención o percepción, en sus casos, para el Distrito Capital, lo que les incluye en la categoría de responsables tributarios.

-          ¿Puede ocurrir que el impuesto 1x1000 también concurre con otros al momento de la emisión y otorgamiento de un préstamo?

Como se ha explicado en otras oportunidades, el patrimonio del deudor-contribuyente puede ser objeto de varios tributos; por ejemplo, para el presente caso, se daría la circunstancia que el nivel nacional también grava sobre lo que va a percibir el sujeto pasivo, aplicando el impuesto al valor agregado (IVA) y/o el impuesto sobre la renta (ISLR), debiendo la entidad crediticia servir como agente de retención o percepción, en sus casos

A mayor abundamiento, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR, 2015) establece que - en principio – los ingresos se consideran disponibles desde el momento en que realicen las operaciones que los produce; para el caso de aquellos derivados por créditos concedidos por bancos se consideran disponibles sobre la base de los ingresos devengados durante el ejercicio gravable; esta materia contiene normas sobre anticipo de impuesto.

En el impuesto al valor agregado (VA), la ley que lo regula (2020) grava la prestación de servicios, entendiéndose por tales – principalmente – las obligaciones de hacer, como los contratos de obras mobiliarias e inmobiliarias, incluso cuando el contratista aporte los materiales, incluyendo aquéllos que provengan del exterior; arrendamientos o cesiones para el uso de bienes incorporales tales como: marcas, patentes, derechos de autor, obras artísticas e intelectuales, proyectos científicos y técnicos, estudios, instructivos, programas de informática y demás bienes comprendidos y regulados en la legislación sobre propiedad industrial, comercial, intelectual o de transferencia tecnológica.

Nuevamente, como se mencionó en materia de (ISLR) deberán aplicar las retenciones previstas por esta legislación nacional, puesto que existen normas sobre anticipo de impuesto.

Ahora bien, uno de los principios de la tributación en general es que un impuesto, tasa o contribución no puede tener como base imponible el monto a pagar por concepto de otro.

Un ejemplo de lo anterior se observa en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) no solamente por la presencia de esta afirmación, sino que las relaciones fiscales entre los distintos niveles del poder público han de estar regidas por los principios de coordinación, cooperación, autonomía, integralidad territorial, solidaridad interterritorial y subsidiariedad; como también observar estrictamente principios constitucionales como no confiscatoriedad, legalidad, capacidad contributiva, entre otros.

-          Expresamente en la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) no se menciona la oportunidad para el enteramiento, ¿se perdió tal posibilidad para el (SATDC) y hay que aprobar una nueva ley que lo contemple?

Si bien es cierto que eso no aparece en su articulado, el mismo instrumento normativo deja en manos del (SATDC) para que, mediante actos administrativos como las providencias, lo haga posible; al respecto dice:

“… La divulgación, recaudación, inspección, verificación, fiscalización, resguardo, control y administración de los tributos establecidos en esta Ley, es competencia de la administración tributaria del Distrito Capital.

 

-          Al no estar plasmados en su texto todo lo que consideran como ilícitos formales y/o materiales, ¿Cómo puede el Distrito Capital ejercer su cumplimiento?

 

Existe en la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) una norma remisiva al Código Orgánico Tributario (2020) sobre los procedimientos de fiscalización, los cuales se efectúan sobre los deberes formales y/o materiales.  Aquí están comprendidas las medidas cautelares y ejecutivas; en cuanto a las sanciones, también se establece la remisión al mencionado Código (2020).

 

Sin embargo, contienen deber formal de inscripción y actualización del registro interno llevado por (SATDC), al punto que va en sintonía con el del Código Orgánico Tributario (2020) y la (LOCAPTEM, 2023) sobre la materia

 

Actualmente, se encuentra vigente un Reglamento de la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) donde se regulan esta y otras situaciones, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Capital.

 

-          ¿Existe alguna exención del Impuesto?

La Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) ha previsto la exención en los siguientes casos de instrumentos crediticios:

o   Adquisición de la vivienda principal.

o   Adquisición para el sector agrícola de maquinarias, equipos e insumos.

o   Financiamiento otorgado con condiciones preferenciales por parte del Estado.

o   Crédito a emprendedores de acuerdo con las regulaciones nacionales sobre la materia y organizaciones de base del llamado poder popular.

 

-          ¿Y en exoneraciones?

La mencionada Ley permite al Jefe de Gobierno del Distrito Capital conceder exoneraciones totales o parciales y por tiempo determinado mediante acto motivado; en estos casos deberá tomar en cuenta las características de la industria o empresa; fin social, situación económica o de emergencia.

Otra de las formas de ingreso tributario para el Distrito Capital lo constituye la Renta de Timbre Fiscal.

Ella comprende los ramos de papel sellado y timbres. Las estampillas, es decir, la filatelia es materia nacional.

-          ¿Qué es un timbre fiscal?

La Ley no los define, por lo que se optó buscar con otras fuentes de investigación que permitieran satisfacer la duda.

Para efectos pedagógicos se tomaron dos portales en Internet con nociones básicas y universales.

El portal Wikipedia (www.wikipedia.org) lo reseña de esta forma:  

“… Un timbre de ingresos, de impuesto, nacional o fiscal (del francés timbre, sello) es una etiqueta adhesiva habitualmente utilizada para recoger impuestos o costes en documentos, tabaco, bebidas alcohólicas, fármacos y medicinas, cartas de juego, licencias de caza, licencias de armas de fuego, y muchas otras cosas. Típicamente los negocios compran los sellos al gobierno, y los adjuntan a los elementos gravados como parte del proceso de poner los elementos a la venta, o en el caso de documentos, como parte de rellenar formularios.

Los timbres fiscales son a menudo muy similares a los sellos postales y en algunos países y periodos de tiempo ha sido posible utilizar sellos de franqueo para el mismo propósito que los fiscales…” (Subrayado mío)

Continúa así:

“…Los timbres fiscales son sellos utilizados para recaudar impuestos y tasas. El gobierno es el encargado de emitirlos, sean nacionales o locales, así como los cuerpos oficiales de varias clases. Pueden tener muchas formas y ser adhesivos o no, perforados o no, impresos o en relieve, y de cualquier medida. En muchos países, son tan detallados en su diseño como los billetes y son a menudo hechos del mismo tipo de papel. El alto valor de muchos timbres fiscales hace que pueden contener medidas de seguridad para impedir falsificaciones…” (Subrayado mío).

Por su parte, el portal Economipedia (www.economipedia.com) lo define como:

“…El timbre fiscal, o timbre de ingresos, es una etiqueta adhesiva, la cual acompaña a muchos bienes y servicios que consumimos en el día a día. El objetivo de este timbre es la aplicación de un determinado impuesto, que deberá abonar el cliente al adquirir ese bien, o ese servicio.

 

El timbre fiscal, en otras palabras, no es más que una etiqueta adhesiva, impresa por el Estado, que se encuentra en determinados bienes y servicios que consumimos. El tabaco, el alcohol, los fármacos, así como otros elementos que solemos adquirir habitualmente suelen llevar este timbre fiscal. El objetivo de este timbre es que el ciudadano pague los impuestos correspondientes que, habiendo sido fijados por el Estado, deben abonarse con la compra de este bien o servicio…”

(Subrayado mío).

Con vista de las transcripciones se podrían resumir sus características así:

• Suele ser una etiqueta adhesiva, aunque pueden estar impresos, o presentar distintas formas.
• Son emitidos por el Estado, al igual que ocurre con los billetes, por ejemplo.

• El objetivo del Estado es recaudar tributos.
• Aquellos bienes que llevan timbre, llevan asociado un determinado impuesto estatal, como ocurre en especies derivadas del alcohol y/o del tabaco.
• Para ello, suelen implementar mecanismos de seguridad en el diseño que impiden su falsificación.
• Son similares a los sellos de franqueo.
• También, pueden acompañar a documentos como licencias, entre otros.
• La palabra “impuesto” allí empleada se sugiere tomarla en sentido genérico o amplio y debe ser interpretada como tributo, para hacer esto más preciso.

Con el pasar del tiempo, tomando en cuenta el costo de producirlos, el avance tecnológico y la implementación para preservarlos de fraudes, unido a la aprobación de la legislación nacional sobre organización de la administración pública (2014), infogobierno (2013), simplificación de trámites (2014), interoperabilidad (2012), la tendencia es hacia lo digital, ofreciendo también medidas de control; de allí la inclusión de los llamados timbres electrónicos o los “en línea” en las leyes estadales, sin perjuicio del empleo de formatos manuales para casos excepcionales, lo cual ha permitido reducir los costos, ofreciendo mayores y mejores medidas de control.

 Tanto el timbre como el caso papel sellado, poseen un valor facial, por lo que las cantidades a sufragar para cumplir con la obligación tributaria se hará por la operación aritmética hasta completar la exigencia. El diseño, implementación y características de este sistema será desarrollado por el Ejecutivo del Distrito Capital.

Dadas sus características se puede licenciar expendios en aquellos lugares donde la Administración Tributaria así lo considere por diversas razones, como la distancia de la sede de ésta o la extensión territorial, aunque ya es frecuente verlos – por ejemplo, sucede en otras latitudes - en oficinas notariales o registrales o en sus cercanías.

-          ¿Quiénes son los sujetos dentro de la relación jurídica tributaria en materia de timbre fiscal?

El sujeto activo, como bien lo expresa la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital es el Distrito Capital (2025); los sujetos pasivos – como establece el Código Orgánico Tributario (2020) - son los contribuyentes, bien sea persona natural o jurídica, y los responsables que incurran en los supuestos del hecho imponible.

-          ¿Cuál es el hecho imponible?

Aquí viene dado por los solicitantes de gestiones, trámites, documentos, certificaciones, escritos o peticiones ante las autoridades dentro de la jurisdicción del Distrito Capital o que se beneficien de ellas.

Algunos ejemplos se observan ante registros y notarías públicas; ello sin perjuicio de los tributos nacionales y/o municipales por cada caso. Para entenderlo mejor, se puede explicar que - al comprar  un inmueble - el registro público va a liquidar los nacionales como el (ISLR) y del municipal la presentación de solvencia en Impuesto sobre Inmuebles Urbanos por el vendedor y la satisfacción del Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias, que son dos arbitrios distintos a cargos del ámbito local.

Si se va a gestionar un poder, la notaría pública va a ordenar la liquidación del timbre fiscal distrital, al igual que los de carácter nacional previstos por la legislación nacional sobre la materia.

Cuando el administrado requiere dirigirse a la administración tributaria como en los casos de   consulta sobre la aplicación o interpretación de normas jurídicas de contenido impositivo, prevista por el Código Orgánico Tributario (2020); solicitudes y peticiones de beneficios fiscales, expedición de constancias o solvencias,

También se causa por cualquier servicio prestado por un órgano o ente del Distrito Capital.

Queda a salvo que los timbres no se aplicarán cuando los servicios sean cobrados mediante tasas distritales.

-          ¿Hay exenciones en materia de timbre distrital?

La Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025) ha previsto los siguientes:

o   Las declaraciones que por mandato legal y con el exclusivo objeto de liquidar tributos, dirijan por escrito los sujetos pasivos a la administración tributaria del Distrito Capital.

o   Los documentos y actos que las leyes declaren expresamente exentos del uso del papel sellado, timbre, especialmente lo relativo a la aplicación de la justicia, dado que hay gratuidad porque el Poder Judicial no ejerce potestad tributaria.

o   Los documentos que se tramiten y reciban de las organizaciones de base del poder popular, misiones y programas sociales del Estado.

o   Los supuestos de exenciones previstos en la legislación nacional.

 

-          ¿Cuándo se efectúa la liquidación de los timbres?

Por las características de este tributo, se hace con la presentación de la petición, consulta, servicio o trámite; uno de los requisitos para el procesamiento que exigen sea satisfecho por los organismos es – precisamente – la cancelación del timbre fiscal.

La tercera fuente de ingresos tributarios, siguiendo los fines pedagógicos que se buscan con esta publicación son las Tasas.

Las Tasas constituyen un medio para tal fin por cuanto se causan con ocasión de la utilización privativa de bienes o espacios distritales, así como por servicios o actividades de su competencia, bien sea porque sean de solicitud o recepción obligatoria de los usuarios o que no puedan realizarse por estos, al igual que cuando se deba requerir intervención o ejercicio de autoridad o por estar reservados legalmente.

Ejemplos de esto lo constituyen:

o   Por la inspección general que realicen los órganos o entes del Distrito Capital dentro del área de su competencia, de conformidad con la Ley que regula la Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, se pagará una tasa por metro cuadrado de extensión o área del establecimiento

o   Por la certificación de un documento, la digitalización de planos, mapas, expedientes u otros

o   Autorización, permiso, licencia, mantenimiento anual y renovación para operadores, comercializadores y agencias de juegos de envite y azar ante la Lotería de Caracas, y operadores turísticos ante la Corporación de Turismo del Distrito Capital.

o   El uso de bienes o espacios públicos del Distrito Capital, con fines de lucro; esto concurre con el Impuesto (Municipal) sobre Espectáculos Públicos, por ejemplo.

¿Es posible la habilitación en lo distrital?

La Ley en cuestión (2025) ha señalado que la habilitación opera en casos de prestación de servicios por parte de los órganos o entes del Distrito Capital en (i) tiempos extraordinarios, (ii) fuera de las horas y días hábiles de labor o (iii) en lugares distintos a los dispuestos habitualmente para ello, lo que originará la liquidación de la o las tasas pertinentes.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

El Distrito Capital y su sistema tributario I

 

EL DISTRITO CAPITAL Y SU SISTEMA TRIBUTARIO I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) ha incluido al Distrito Capital como una forma organizativa de la división político territorial de Venezuela.

Luego, fija la ciudad de Caracas como la capital de la República, la cual estará enclavada dentro del territorio asignado al Distrito Capital y los correspondientes municipios del estado Miranda.

De igual forma, es el asiento principal de los órganos del Poder Nacional: Legislativo, Ejecutivo, Ciudadano y Electoral. Ello significa que su sede nuclear está allí, aunque se vean dependencias en toda la geografía.

Aquí es donde hacen vida nociones como la descentralización y desconcentración administrativa.

En tal sentido, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital (2009), al que se califica como una entidad político territorial, otorga personalidad jurídica, patrimonio propio y un régimen especial de gobierno; ello en razón que le corresponde legislar acerca de la organización y régimen distrital por mandato constitucional.

Se dice que tiene un régimen especial de gobierno, dada su proximidad -no solo territorial sino funcional – con el Poder Nacional.

Al respecto, no cuenta con gobernador ni consejo legislativo, como el resto de las entidades federales, quienes acceden a sus cargos por elección popular; se diferencia porque la instancia ejecutiva se denomina Jefatura de Gobierno y su jerarca es de libre nombramiento y remoción por el presidente de la República; el ámbito legislativo está a cargo de la Asamblea Nacional.  

Dentro del elenco competencial administra sus bienes, inversiones y recursos, incluidos los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Público Nacional, como de la participación en los tributos nacionales que se le asigne.

Hay que recordar que existe la llamada administración financiera y tributaria, de la cual el Distrito Capital no escapa.

Por otra parte, posee potestad tributaria la que ejerce mediante la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, entre los que cuentan: el (i) timbre fiscal al punto que lo equipara a una entidad estadal mencionando la norma constitucional que los regula.

(ii) El impuesto 1 x 1000, con dos modalidades; la primera se refiere al otorgamiento de instrumentos crediticios a favor de persona natural o jurídica por parte de los bancos y demás instituciones financieras, regidas por el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (2014), cuyas sucursales o agencias se encuentren ubicadas en el Distrito Capital.

La segunda que queda comprendida bajo este Impuesto, grava la emisión de órdenes de pago, cheques, transferencias y cualquier otro medio de pago efectuado por parte de los órganos o entes del Poder Público, ubicados en el Distrito Capital, que sean realizadas en calidad de anticipos, pagos parciales o totales a favor de contratistas derivados de prestación de servicios, ejecución de obras o la adquisición de bienes y servicios.

(iii) Las Tasas son una modalidad tributaria que el legislador ha previsto cuando se pretende utilizar algún bien público o desea que le sea prestado algún servicio por alguna entidad pública. También se estilan cuando se requiere el procesamiento por procedimientos autorizatorios, licencias o permisos.

Ejemplos:

o   la realización de alguna inspección general que realicen los órganos o entes del Distrito Capital dentro del área de su competencia.

o   Certificación de un documento, la digitalización de planos, mapas, expedientes u otros, así como por la obtención de copias.

o   Autorización, permiso, licencia, mantenimiento anual y renovación para operadores, comercializadores y agencias de juegos de envite y azar ante la Lotería de Caracas, al igual que los operadores turísticos que desarrollan su actividad y deben estar inscritos en la Corporación de Turismo del Distrito Capital.

Dado que el legislador al regular el Distrito Capital (2009) no se extendió con profundidad en este tipo de disposiciones normativas, aprobó la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025); sustituye a la Ley Especial de Timbre Fiscal para el Distrito Capital del año 2012.

En la actual Ley se expresa como objeto regular la creación, organización, recaudación, control, fiscalización, inspección, verificación, resguardo y administración de los ramos rentísticos cuya competencia corresponde al Distrito Capital.

Para la gestión diaria se ha previsto la creación de una administración tributaria distrital.

-                ¿Por qué el legislador habla de sistema tributario?

Parte de la noción que todo Estado debe tener una forma para la satisfacción de las necesidades colectivas de sus ciudadanos. Venezuela no escapa de ello.

Siendo la República Bolivariana de Venezuela un Estado Federal, como expresa su Constitución (1999), se refuerza tal idea pues reconoce la existencia de tres niveles político territoriales (nacional (República), estados y municipios) perfectamente delineados, los cuales – para la satisfacción de las cargas correspondientes – detraen del patrimonio de los particulares los recursos hacia tal fin; uno de ellos es vía tributación.

Por esta razón se ha ideado un sistema tributario que permita disponer de una suma de medios capaces para lograr la esencia de un Estado sin importar su forma o sistema de gobierno.

El maestro Luis Casado Hidalgo en su publicación “Una presentación del Sistema Tributario Venezolano en sus bases constitucionales y orgánicas” dejó sentado:

 

“… se refleja lógicamente en la organización de las competencias tributarias porque no es anterior a la Constitución, sino creación del constituyente o, en todo caso, asumido y condicionado por él…”

 

“Desde el punto de vista orgánico, formal (o instrumental si se quiere) el sistema tributario podría ser conceptuado como la organización legal, administrativa y técnica que el Estado crea y organiza con la finalidad de ejercer de una manera eficaz el poder tributario que soberanamente le corresponde. Si atendemos al principio de reserva legal en materia tributaria, de la que nos ocuparemos más adelante, hay que sostener que esa organización, como reflejo o consecuencia de un ejercicio de poder público, no es en modo alguno discrecional sino reglada tanto en sus aspectos básicos como adjetivos, por normas de derecho cuya jerarquía a su vez depende del mandato constitucional y de la manera como el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional condiciona al legislador al señalarle el contenido necesario de la ley creadora del tributo…” (Paréntesis del original). (Subrayado mío).

 

Cuando se estudia el texto constitucional – de vieja tradición – el lector encuentra que ese sistema tributario se desarrolla – primariamente - atendiendo la distribución territorial de los poderes públicos, es decir, en el nivel nacional, estadal y municipal. En ellos se han venido creando, por mandato constitucional y legal, una serie de ramos rentísticos tendentes a la realización de los principios descritos en los párrafos precedentes.

       ¿A la fecha existe en el Distrito Capital alguna modalidad de administración tributaria?

Mediante Decreto del año 2009 emanado de la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital se instauró el Servicio de Administración Tributaria del Distrito Capital (SATDC), por lo que se excluye la idea que se trate del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), como sucedió con el tributo aplicado en materia agraria; tiene la forma de un servicio desconcentrado, lo que implica capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera.

El órgano jerárquico sobre el Servicio es la Jefatura de Gobierno del Distrito Capital.

-                 ¿Qué tiene a su cargo el (SATDC)?

De acuerdo con su Decreto de Creación (2009) le corresponde la gestión, liquidación, recaudación, determinación, control, inspección y fiscalización de los ramos tributarios según las disposiciones legales.

   ¿Se aplican al (SATDC) el Código Orgánico Tributario (COT, 2020) y la Ley Orgánica para la Coordinación y Armonización de las potestades tributarias de estados y municipios (LOCAPTEM, 2023)?

Ambos textos legislativos nacionales le son aplicables al Distrito Capital, por así disponerse en ellos, ya que se considera al Distrito Capital como una entidad federal para estos fines.

El primero de ellos señala que las normas lo serán de forma supletoria, como está previsto para los estados (entidades federales) y municipios, toda vez que debe respetar la autonomía que les ha sido asignada desde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999).

De la misma forma, su poder tributario deberá ser ejercido dentro del marco de competencias originadas tanto por el Texto Fundamental (1999) como de las leyes dictadas en su ejecución.

En cuanto al segundo, concordante con el (COT, 2020) sobre la aplicación supletoria, se busca garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, de acuerdo con la Carta Magna (1999); hay que acotar la norma constitucional que faculta al Poder Nacional la armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios mediante ley, lo cual ya se había hecho presente con anterioridad – por ejemplo – en materia municipal al fijar tope en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), al regular el Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE) cuando se grave a las telecomunicaciones o sobre actividades de agricultura, cría, pesca y forestal siempre que no se encuentren en su fase primaria, siendo concordante la (LOCAPTEM, 2023).

-          ¿El pago de las obligaciones se hace como el resto de las administraciones tributarias estadales y municipales?

En cuanto al pago de tributos y accesorios deberá emplearse la unidad de cuenta dinámica resultante del tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), el cual deberá ser satisfecho en bolívares al tipo de cambio vigente en la fecha del pago, de acuerdo con el Código Orgánico Tributario (2020).

-               ¿Posee alguna limitación interterritorial la Ley del Sistema Tributario del Distrito Capital (2025)?

La mencionada Ley se aplica en toda la extensión territorial del Distrito, al igual que los tributos que se encuentran a su cargo.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden los Municipios crear o promover la explotación del ramo de loterías? I

 

¿PUEDEN LOS MUNICIPIOS CREAR O PROMOVER LA EXPLOTACIÓN DEL RAMO DE LOTERÍAS? I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

 

Esta pregunta obedece a un ejercicio hecho en aula, recogiendo estas líneas lo allí tratado.

Sobre esto, hay que hacer algunas precisiones antes de responderla.

El juego y las apuestas han existido desde tiempos remotos y forma parte de la actividad cotidiana del ser humano, por lo que el Estado busca gravar la capacidad contributiva producto de ellas; en tal sentido, el ordenamiento venezolano lo hace – tributariamente hablando – desde varias percepciones.

Resulta curiosa la concepción del legislador nacional, desde la perspectiva penal y civil, en relación con los juegos y apuestas.

Para el Derecho Penal, lo incluye en el Código Penal Venezolano (2005) en el Libro de las Faltas, estableciendo sanciones de multa o arresto; en el caso del Derecho Civil, el Código Civil Venezolano (1982) le da la categoría de las obligaciones naturales, es decir, según el maestro Eloy Maduro Luyando en su conocido libro “Curso de Obligaciones (Derecho Civil III)”, aquellas no susceptibles de ejecución forzosa por parte del acreedor, resultando no obligado el deudor a cumplirlas.

Sin embargo, el avance del tiempo ha venido atenuando ese carácter moralista de los juegos y apuestas, especialmente en materia de bingos, carreras de caballos  y loterías; dado que están a lo largo y ancho del territorio nacional, con la característica que las últimas son manejadas directamente por el Estado a través de entes sin forma empresarial; tal es el caso de los institutos de beneficencia pública para las loterías y el instituto autónomo que ejecuta las regulaciones de  la actividad hípica (Instituto Nacional de Hipódromos, INH), aunque con una supresión decretada en el año 1999, cuyo control está en manos de un órgano desconcentrado (SUNAHIP).

Desde el ámbito fiscal los juegos y apuestas han recibido un tratamiento que permite su ejercicio, siempre y cuando se acojan bajo los parámetros legales y sublegales vigentes.

En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) establece - como un deber de toda persona - coadyuvar al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley (ordenanzas en el caso de los municipios).

También, es un hecho sin que pueda refutarse, que le concedió competencia al Poder Nacional en lo atinente con la legislación (régimen) en materia de loterías, hipódromos, bingos y casinos.

La Asamblea Nacional, haciendo uso del encargo constitucional, como también de la competencia para legislar sobre los asuntos de la competencia nacional, lo ha puesto de manifiesto – por ejemplo – con la Ley de Impuestos sobre Juegos de Envite y Azar (2007) y la Ley Nacional de Loterías (2006); por vía de  habilitación legislativa,  el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Impuesto sobre la Renta (ISLR, 2015).

Adicionalmente, le concedió competencia al municipio para gravar los juegos y apuestas lícitas.

A esta altura se suele revivir la discusión entre potestad reguladora y potestad tributaria, como conquista del ámbito local pues – en repetidas ocasiones – ha hecho valer su autonomía en Estrados como fuera de él; afortunadamente, la jurisprudencia ya ha delineado el punto y no encuentra asidero el nivel nacional con aquel argumento que la potestad reguladora incluye un carácter exclusivo en su favor para la tributación, aunado de la asignación directa al ámbito local con el impuesto sobre juegos y apuestas.

Significa que, si bien se le ha dado al nivel nacional el régimen para regular determinadas actividades como el alcohol y especies alcohólicas, telecomunicaciones o el que nos ocupa, como son los juegos y apuestas, específicamente loterías; no es menos que el Municipio puede y debe hacer de las competencias asignadas, no solamente aquellas de rango constitucional expresas, sino las derivadas de rango legal.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) contiene una norma que reproduce la de la Carta Magna de 1999, donde el municipio puede gravar los juegos y apuestas sin excluir loterías; en tal sentido, hay un impuesto que grava los juegos y apuestas lícitas, al cual hay que asociarle el impuesto que grava las actividades económicas, comercio, servicios y similares.

-          ¿Se contradijo el Constituyente de 1999 o el legislador con los distintos instrumentos normativos aprobados sobre la materia?    

 A simple vista pareciera que hay multiplicidad de tributos que simultáneamente gravan a los contribuyentes en idéntica materia, por lo que podría pensar la configuración de la doble tributación sobre los mismos hechos gravables.

Ahora bien, como quiera que los juegos y apuestas generen enriquecimientos que tienen su origen en las ganancias fortuitas (alea) al igual que la ejecución de hechos que subsumen en distintos hechos imponibles, esto conlleva a una coexistencia con el Poder Nacional, puesto que a éste también le compete gravarlas; tal es el caso – por ejemplo - del Impuesto sobre la Renta (2015), la Ley de Impuesto a las actividades de Juegos de Envite y Azar (2007) y la Ley Nacional de Loterías (2006).

No es la primera vez que el legislador grava a una misma actividad desde distintas perspectivas; esto es posible a un elemento del tributo denominado hecho generador o hecho imponible, el cual es definido por el Código Orgánico Tributario (2020) así:

 

“… Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria”

 

“… Sólo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas generales de este Código las siguientes materias:

 

1.- Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible; fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo…”  (Subrayado mío).

 

-         Pero el Código Orgánico Tributario es una ley nacional, ¿eso incluye a los municipios?

La respuesta se encuentra a continuación:

“… Las normas de este Código se aplicarán en forma supletoria a los tributos de los estados, municipios y demás entes de la división político territorial. El poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos que la Constitución (de la República Bolivariana de Venezuela) y las leyes les atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales será ejercido por dichos entes dentro del marco de la competencia y autonomía que le son otorgadas, de conformidad con la Constitución y las leyes dictadas al efecto…”    (Paréntesis y subrayado mío).

 

A ello hay que agregar lo que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) nos aporta:

“… La administración financiera de la Hacienda Pública Municipal está conformada por los sistemas de bienes, planificación, presupuesto, tesorería, contabilidad y tributario regulados en esta Ley.”

 

“… Son ingresos ordinarios del Municipio:

1.- Los procedentes de la administración de su patrimonio, incluido el producto de sus ejidos y sus bienes.

2.- Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas, comercio o servicio o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; las contribuciones especiales por …”

 

“… El Municipio a través de ordenanzas podrá crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o que les sean asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, los municipios podrán establecer los supuestos de exoneración o rebaja de esos tributos…”

 

“… No podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución municipal alguna que no esté establecido en ordenanza…”

 

“… El Municipio ejercerá sus competencias mediante los siguientes instrumentos jurídicos:

1.- Ordenanzas: son actos que sanciona el Concejo Municipal para establecer normas con carácter de ley municipal, de aplicación general sobre asuntos específicos de interés local…”  (Subrayado mío en todos).

 

La Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios (LOCAPTEM, 2023) agrega:

“… Los estados y municipios no podrán cobrar impuestos, tasas o contribuciones que no se encuentren previstos en leyes estadales u ordenanzas, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley nacional…“   (Subrayado mío).

 

Esto puede explicarse porque solamente le compete al legislador establecer las manifestaciones de riqueza gravable sobre la capacidad contributiva.

Un ejemplo de esto se observa al vender un inmueble.

Cuando se está ante una oficina de registro para otorgar la venta de un inmueble, por ejemplo, un apartamento, se encuentra el lector que le son ordenadas varias liquidaciones de planillas contentivas de tributos que gravan esa operación.

-          En el nivel nacional, el Impuesto sobre la Renta.

-          Si va a lo estadal, hay la presencia de timbres fiscales, bien sea impresos o digitales.

-      Por último, no menos importante, lo municipal; están el Impuesto sobre Inmuebles Urbanos, el Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias.

    Otro caso sucede con los vehículos automotores.

-          Lo nacional: Impuesto sobre la Renta (ISLR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

-          Se repite lo de timbres fiscales que son estadales.

-          En lo local, está el Impuesto sobre Vehículos.

 

-          Ahora bien, ¿Siendo el mismo patrimonio y persona, se puede diferenciar el supuesto de hecho en cada uno de estos tributos de los ejemplos aportados para una mejor comprensión y su posterior análisis si aplica en loterías?

Véase a continuación con las leyes nacionales mencionadas y su vinculación con este tema.

El impuesto sobre la renta grava enriquecimientos anuales netos y disponibles en dinero o en especie de cualquier origen con fuente territorial o no, de personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en Venezuela; para aquellos que no, pero que los obtienen aun sin establecimiento permanente o base fija, posee regulaciones al respecto.

Aquí se incluyen las ganancias fortuitas, los cuales se consideran disponibles una vez pagados los importes por tal concepto. En esa oportunidad se deberá entregar al contribuyente-ganador un comprobante de retención de impuesto, así como un comprobante que detalle el monto percibido y la retención, debiendo enterarse al siguiente día hábil luego de efectuada la operación.

Como puede observarse, las loterías están allí comprendidas.

En el caso de la Ley de Impuestos a las actividades de juego de envite y azar (2007) se grava la explotación, operación, verificación, fiscalización – en general – de los juegos de envite y azar, lo que incluye a las loterías, sin menoscabo de las que son señaladas por la Ley Nacional de Loterías (2006); corresponde en el rango de aquélla su ejecución al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mientras que en la última a la Comisión Nacional de Loterías (CONALOT).

La Ley de Impuestos a las actividades de juego de envite y azar (2007) define la explotación de juegos de lotería como la actividad que permite obtener utilidad de los juegos de envite y azar a los institutos de beneficencia pública y asistencia social creados por el Estado para tal fin, con el propósito de recaudar fondos destinados para ello.

La operación de juegos de lotería – según el mencionado texto legal supra – como la actividad realizada por personas naturales o jurídicas y demás entidades económicas de carácter privado, mediante el cual se gestiona, administra y comercializan juegos de lotería y similares propios o patrocinados por las instituciones oficiales de beneficencia pública y asistencia social creados para la explotación de tales juegos.   

En el año 2006, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Nacional de Loterías, cuyo objeto es establecer la facultad exclusiva del estado para explotar, organizar, administrar, operar, fiscalizar, controlar, regular y vigilar la actividad de todos los tipos de lotería y sus modalidades, así como el establecimiento de principios y disposiciones sobre la actividad.    

A continuación, algunos aspectos del Impuesto (Municipal) sobre Juegos y Apuestas Lícitas.

El profesor Allan Brewer Carías en su obra “Consideraciones sobre el Régimen Jurídico de los Juegos y Apuestas”, nos aporta una definición de ambos.

Expresa que el contrato de juego es aquél por el cual las partes se prometen que una de ellas obtendrá una ganancia determinada que depende de la mayor o menor destreza o agilidad de los jugadores, de sus combinaciones o, en mayor o menor escala, del azar.

Mientras que, para la apuesta, es una convención en cuya virtud dos partes, una que afirma y otra que niega un hecho determinado, se prometen recíprocamente cierta ganancia que obtendrá aquella de las dos que resulte que tenía razón, una vez comprobado el hecho de que se trate.

Por su parte, cabe preguntar, ¿el Impuesto (Municipal) al Juego y Apuestas Lícitas, se vincula con (i) aquel hecho o circunstancia aleatoria donde media la obtención de una ganancia que depende de la mayor o menor destreza o agilidad de los jugadores, de sus combinaciones o, en mayor o menor escala, del azar?

¿O puede ser (ii) la convención en cuya virtud dos partes, una que afirma y otra que niega un hecho determinado, se prometen recíprocamente cierta ganancia que obtendrá aquella de las dos que resulte que tenía razón, una vez comprobado el hecho de que se trate?

-          ¿Cuándo se causa el Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas?

Hay que dejar bien claro que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) indica que el tributo se causa al ser pactada una apuesta en jurisdicción del municipio, así como también pauta que el o los impuestos a las ganancias son de competencia nacional.

Para efectos de establecerlo en el tiempo, se entiende que ha sido hecha la apuesta con la adquisición efectuada, al organizador del evento con motivo del cual se pactan a algún intermediario, distribuidor o cualquier otro tipo de agente

-          ¿De cuáles medios puede valerse para exigible?

Como medio para ello se enuncian los billetes, cupones, vales, boletos, cartones, formularios o instrumentos similares a estos que permitan la participación en rifas, loterías o sorteos de dinero o de cualquier clase de bien, objeto o valores, organizados por entidades públicas o privadas.

Se incluyen las apuestas efectuadas mediante máquinas, monitores, computadoras y demás aparatos similares.

-          ¿Quiénes conforman la relación jurídico tributaria en este Impuesto?

El sujeto activo de la relación tributaria es el municipio mientras que, como pasivo, se tiene al contribuyente que apuesta o juega.  También pueden existir responsables tributarios dentro de la relación que enmarca a este impuesto.

-          ¿Cómo se establece la base imponible?

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) – lo que siguen las ordenanzas que lo regulan - establece como base imponible de este arbitrio, el valor o precio por la apuesta plasmado en el formulario, billete o boleto de juegos lícitos.

Se hace énfasis que los enriquecimientos obtenidos por las ganancias fortuitas o no son competencia del Poder Nacional. El hecho generador lo constituye la apuesta o juego; es el hecho de pactar una apuesta o la adquisición formal para participar en el juego. 

El legislador nacional deja a las ordenanzas la estructuración de los otros aspectos del tributo, tomando en cuenta los lineamientos del Código Orgánico Tributario (2020), tales como exoneraciones, exención, prescripción, entre otros.

Cabe destacar que la mayoría de las ordenanzas le impone deberes formales a los sujetos intervinientes en la relación tributaria pasiva, como es el de llevar libros, inscribirse en registros estipulados por la administración tributaria, plazo para enterar lo percibido o retenido, entre otros.

Siguiendo a Edgar Moya Millán en su obra “Derecho Tributario Municipal” lo caracteriza como:

-          un impuesto local, por aquello de ser aplicable en la jurisdicción del respectivo municipio establecido por la ordenanza que lo regula;

-          no toma en cuenta la capacidad contributiva del obligado o contribuyente, puesto que independiente de los ingresos grava una vez causado el tributo;

-          es instantáneo, porque se paga al mismo momento de la compra o adquisición del billete u otro medio;

-          proporcional, porque el Impuesto a pagar se va a determinar en función del valor de la apuesta o jugada. 

Otro autor que lo analiza sus características es Rafael Contreras Millán en la obra colectiva “Tributación Municipal en Venezuela, Aspectos Jurídicos y Administrativos”.

La jurisprudencia del Máximo Tribunal ha hecho aportes valiosos que permiten establecer el lindero claramente de las competencias nacional y municipal, entre otros elementos que rodean al tributo en cuestión, pudiendo mencionarse los fallos proferidos por la Sala Constitucional de fechas 10 de octubre de 2000 (caso: Ordenanza sobre Impuesto municipal de Juegos y Apuestas del Municipio Cajigal del Estado Sucre), 13 de mayo de 2004 (caso: Ordenanza sobre Impuesto Municipal de Juegos y Apuestas del Municipio Iribarren del Estado Lara), 12 de mayo de 2015 (caso: Ordenanza sobre Impuesto Municipal de Juegos y Apuestas del Municipio Baruta del Estado Miranda);

También por la Sala Político Administrativa en fecha 07 de julio de 2016 y 02 de noviembre de 2016, ambas contra el Municipio Baruta del Estado Miranda accionadas por particular. 

-          ¿Cuál ha sido tradicionalmente la política pública en materia de loterías?

La política pública imperante es  no  permitir la explotación del negocio en forma directa por particulares, dada que se ha usado como herramienta para la realización de fines altruistas y solidaridad social, (persistente hoy día) lo que no significa que estos no participen en él; ejemplo son los vendedores de formularios o boletos, entre otras, quienes funcionan a lo largo y ancho del país, representando un ingreso a la entidad oficial ya que deben cumplir una serie de exigencias: inscripción, supervisión, enteramiento de fondos, entre otras.

Prueba de ello es que se han otorgado actos administrativos que permiten su desempeño sin violentar la legislación.

Carlos Reverón Boulton en su blog “Boletín Legal Venezuela” ( https://boletinlegalve.blogspot.com) en una publicación del año 2017 reseña decisiones dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia en materia de loterías; es el caso de la distinguida con el número 256 de fecha 05 de mayo de 2017, en la que ratifica criterio fijado en la número 601 de fecha 14 de mayo de 2012, donde deja sentado el destino y finalidad de los recursos que se manejan por dicha actividad.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con e tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.