MUNICIPIO Y LEY DE EMPRENDIMIENTOS II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
El emprendimiento, desde la
óptica de la Ley de Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos (2021), se
conecta con la simplificación de trámites; esto sucede en virtud que el
particular que busca insertarse en lo comercial, por ejemplo, encuentra
múltiples exigencias oficiales que lo hacen sentir limitado, como serían
permisos, licencias y autorizaciones varias, las cuales se observan en todos
los ámbitos, con la consecuencia de no salir de la informalidad por diversas
razones.
Veamos algunos sencillos ejemplos
nacionales.
La inscripción ante el Registro
Mercantil, aunque sea a título de comerciante individual, implica trámites de
reserva de nombre, timbres fiscales, honorarios de abogado por la redacción de
documento, compra de libros contables los cuales deben ser sellados antes de su
apertura y manejo por quien lleve la contabilidad, entre otros.
Distintas administraciones
tributarias tienen nexo con cualquier proyecto; a título de ejemplo: Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (Registro
de Información Fiscal, Impuesto sobre la Renta y al Valor Agregado); Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), (Inscripción patronal y de
Trabajadores); Instituto Nacional de Capacitación y Educación (INCES), (Inscripción
patronal y de Trabajadores).
Si alguien decide incursionar en
el sector alimentos debe cumplir las normas en materia sanitaria, donde se dan
cita el certificado de quienes laboran directamente, la manipulación de
alimentos, su procesamiento, servicios con los que cuenta el espacio desde la
ejecución de la actividad, entre otros.
Esto es absolutamente razonable
para no exponer a la población ante riesgos eventuales como la creación de
focos epidemiológicos.
Ahora desde lo municipal.
Cuando se desea iniciar una
actividad económica, hay que contar con la licencia a que se contrae el
Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE), lo que pasa por obtener del
Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Ingeniería Municipal las actuaciones en
seguridad y, si el uso que se dará a las instalaciones es cónsono (conformidad
de uso) con las normas de ordenación urbanística, respectivamente.
Esto sin contar con la
inscripción en registros para establecer un censo de contribuyentes por sector
geográfico, actividad económica, entre otros.
En cualquiera de estos si no
reúne las condiciones necesarias será nugatoria la petición.
La lista es extensa y no se
pretende abrumar ni desalentar.
Por esa razón, resultaba
imperioso coordinar las acciones para que los particulares pudieran dedicarse a
la actividad económica lícita de preferencia cumpliendo con el ordenamiento
jurídico sin tanto entrabamiento burocrático.
El Decreto con
rango, valor y fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (DLSTAD,
2014), viene a desarrollar principios de rango constitucional y legal, como el
derecho a la información, administración al servicio de los ciudadanos,
presunción de buena fe ante aseveraciones en tramitaciones, eficiencia,
eficacia, transparencia, celeridad, entre otros.
Esto va tomado de la mano con la planificación pública, la cual se ha concebido con inclinación hacia la centralización, evidenciándose en textos normativos como la Ley de la Comisión Central de Planificación (2011), Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2015), Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Planificación Pública y Popular (2014), Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
Es por ello que contempla en el articulado de aquélla normas sobre:
·
Ventanilla Única.
· Administración al Servicio de los Ciudadanos.
·
Presunción de Buena Fe.
· No Exigencia por la Administración de recaudos
como copias de cédulas de identidad, siendo suficiente acreditar la
identificación en original o, en el caso de las copias certificadas, bastando
fotostáticas que indiquen los datos que pueden ser verificados posteriormente
durante la sustanciación.
· Solvencias de la misma dependencia en otros
trámites.
·
Formularios.
·
Servicios de atención telefónica.
· Presentación de requisitos que sirvieron previamente para obtener el trámite que se cursa.
· No comprobación de pago de cuotas anteriores
para aceptar nuevo pago; entre otros.
Para llevar a
cabo las competencias crea un ente
denominado Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos
(INGETYP), el cual es un instituto público (antes instituto autónomo), con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con las prerrogativas y privilegios
que goza la República.
En esta materia las distintas
autoridades de los diversos niveles del Poder Público se someterán a los
directrices indicadas por el Instituto.
Se implanta el Sistema Nacional
de Trámites Administrativos (SISTRAD), conformado por el conjunto de políticas
públicas, estrategias, órganos y entes, plataformas, entre otros; que sirven a
su funcionamiento.
Su órgano rector es una Comisión
Presidencial, presidida por el Vicepresidente Ejecutivo de la República, con
sendos representantes de los ministerios con competencia en materia de
finanzas, planificación, ciencia y tecnología, así como la Autoridad Nacional
de Simplificación de Trámites y Permisos.
Además de tareas consultivas,
este cuerpo colegiado emitirá las aprobaciones sobre aspectos fundamentales de
la simplificación de trámites administrativos.
Existen varias herramientas
legales que permiten acelerar la política pública de simplificación en lo local,
además del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Simplificación de
Trámites Administrativos (DLSTA, 2014), tales como:
· Ley de Infogobierno (2013), cuyo objeto es
establecer los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las
tecnologías de información en el Poder Público para mejorar la gestión pública
y los servicios que se prestan a las personas. Impulsar la transparencia del
sector público, la participación y el ejercicio pleno del derecho de soberanía.
· Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre
Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los
Órganos y Entes del Estado (2012).
· Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de
Mensajes de datos y Firmas Electrónicas (2001); tiene por objeto otorgar y
reconocer eficacia y valor jurídico a la Firma Electrónica, al Mensaje de Datos
y a toda información inteligible en formato electrónico, independientemente de
su soporte material, atribuible a personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, así como regular todo lo relativo a los Proveedores de Servicios de
Certificación y los Certificados Electrónicos.
· Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
(1981) a la que se conoce como “LOPA”.
· Decreto con rango, valor y fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública (LOAP, 2014), que regula aspectos
organizacionales.
· Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM,
2010).
Para el sector público conlleva algún beneficio la simplificación de trámites?
Entre los múltiples beneficios se
pueden mencionar:
- Suprimir trámites innecesarios que incrementen
el costo operacional, que hagan menos eficiente la actividad administrativa y
propicien conductas impropias.
-
Supone el uso de tecnología nacional y foránea
actualizada como se ha expresado.
- Evitar la discrecionalidad de los funcionarios
con procedimientos mejor estructurados; incorporar controles automatizados.
-
Propiciar la participación ciudadana.
En pocas palabras, los
particulares pueden desarrollar sus proyectos mientras que lo público gestiona
con menos costos, diversifica la economía aplicando el postulado constitucional
de corresponsabilidad, genera ingresos ordinarios y adicionales, entre
otros.
En otra oportunidad se tocarán
tópicos relacionados con el tema.
Se sugiere al lector dar un
vistazo a otros artículos de este Autor denominados “De la Competencia
Municipal”, “De la Organización y Gestión Municipal”, “De la Hacienda
Municipal”, “De los Medios de Participación Ciudadana”, “Municipios y
otras entidades locales”, “De los Poderes Públicos”, “El Alcalde”, “El Cabildo
Abierto”, “El Catastro Municipal”, “El Concejo Municipal”, “El Cronista Municipal”,
“El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”,
“El COT como norma supletoria municipal”, “El Establecimiento Permanente”, “El
Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”,
“El Impuesto sobre Vehículos”, “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”,
“El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda”, “El Mobiliario Urbano”, “El
paisajismo como elemento integrador de espacios urbanos”, “Presupuesto
Participativo”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Gestión de servicios públicos
municipales”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Autonomía Municipal”, “La
Autogestión y Cogestión”, “La Concesión como medio de gestión municipal”, “La
Fiscalización en materia de urbanismo”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”,
“Las Instancias de Atención Ciudadana”, “Los Espacios Públicos”, “Municipio y
Alimentación”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Planificación”,
“Municipio y Ambiente”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y reforma
habilitante 2014: Impuesto al Alcohol y Especies Alcohólicas”, “Municipio y
Cultura Tributaria”, “Municipio y Emprendimiento”, “Municipio y reforma
habilitante 2014: Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular”, “Municipio y Marca Territorial “, La
Actividad de Fomento” “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de
Bienes Públicos”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Municipio y Servicio de
Policía”, “Municipio, Transporte y Tránsito Terrestre”, entre otros que
aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para
tener mayor información.
No lo olvide, el país se
construye desde sus municipios.
