MUNICIPIO Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Partiendo de los lineamientos dados por la Constitución de
la República (CRBV, 1999) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM,
2010) sobre la responsabilidad patrimonial, corresponde el análisis de la
extracontractual derivada por hecho ilícito.
A lo largo de nuestra existencia nos desenvolvemos en
entornos donde realizamos contratos – como se observó en la anterior entrega –
con sus consecuencias, como también lo hacemos frente a obligaciones que toda
persona debe observar en comunidad o conductas establecidas expresamente por el
ordenamiento.
El municipio no es la excepción.
Siguiendo a Eloy Maduro Luyando en su obra “Curso de
Obligaciones Derecho Civil III”, Fondo Editorial Luis Sanojo, Colección Grandes
Juristas, Maracaibo, Venezuela, 1981; se trata de deberes jurídicos que deben ser observados y cumplidos por
todo sujeto de derecho.
Cuando se produce un incumplimiento de estos puede ocurrir
un daño lo que origina su reparación por parte de quien lo comete denominándose
como agente en perjuicio de otro sujeto, a quien se le adjudica el nombre de
víctima, bien sea por la violación, inejecución o incumplimiento.
La conducta dañosa se llama hecho ilícito. Definirlo ha
sido uno de los aspectos más controversiales para la doctrina.
Sin embargo, cuando un sujeto de Derecho Público o Privado
causa un daño a otro – que puede ser público o privado – sin que se derive de
una obligación contractual - como sería el caso de una venta o arrendamiento,
por ejemplo – se está en presencia de un hecho ilícito.
Como características del hecho ilícito señala el
mencionado autor:
·
- El hecho que lo genera consiste en un acto voluntario y culposo por parte del agente.
- Se origina por el incumplimiento o inejecución de una conducta preexistente que el legislador no la especifica expresamente, pero la presupone en todo sujeto de derecho y la sanciona con la obligación de reparar.
- El incumplimiento culposo de la conducta preexistente referida debe causar un daño.
- El incumplimiento culposo de la conducta preexistente debe ser ilícito.
La responsabilidad patrimonial extracontractual por hecho
ilícito tiene su fundamentación legal en el Código Civil Venezolano (1982),
cuando señala:
“El que con intención, o por negligencia o por impericia,
ha causado un daño a otro está obligado a repararlo.
Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a
otro excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena
fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.”
Héctor Turuhpial en su obra “La Responsabilidad Extracontractual del Estado por actuaciones conforme
a la ley”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1994; opina que - en cuanto al
reconocimiento de la responsabilidad extracontractual por hecho ilícito - la
jurisprudencia se inclina por señalar que aquélla se rige por los presupuestos
y principios consagrados por el Código Civil (1982) en los casos de una falta
de servicio, omisión, negligencia o riesgo objetivo dentro del marco
constitucional.
Cuando se estudia la responsabilidad se clasifica en
ordinaria por hecho propio y especial o compleja.
La primera de ellas es de carácter personal, lo que
significa que el agente queda obligado a reparar el daño.
En la segunda, el civilmente responsable no lo hace
directa o personalmente a la víctima, sino por aquellos causados por persona o
cosas por las que el legislador lo considera responsable y le impone la
obligación de reparar.
El Código Civil Venezolano (1982) consagra las siguientes:
·
- La del padre, madre y tutor por el hecho ilícito en que incurran los niños y adolescente que habitan con ellos.
- La del preceptor y el artesano por el daño causado por sus alumnos y aprendices, mientras estén bajo su vigilancia.
- La del dueño, principal o directores por el daño causado por sus sirvientes o dependientes en el ejercicio de las funciones propias del empleo.
- La del dueño o guardián de un animal por el daño causado por éste.
- La del guardián de una cosa por el daño causado por éste.
- La del dueño de un edificio o de otra construcción arraigada al suelo, por los daños provenientes de la ruina.
Si el hecho ilícito es atribuible a varias personas quedan
obligadas solidariamente para la reparación, lo que se extiende tanto en lo
material como en lo moral. Es oportuno mencionar que el Juez resolverá en su
sentencia lo conducente – lo cual es de su soberana apreciación – cuando lo
acuerde o no.
Una obras que ayudan a resolver dudas es la de José Melich
Orsini denominada “Responsabilidades Civiles Extracontractuales”, Editorial
Schnell C.A., Caracas, Venezuela, 1981, con una perspectiva de Derecho Civil;
mientras que Luis Ortiz Álvarez en su libro “La Responsabilidad Patrimonial de
la Administración Pública”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela,
1995; lo hace con una concepción de Derecho Público.
Se recomienda consultar la jurisprudencia, especialmente
del Máximo Tribunal, dado el hecho de los criterios sobre esta materia,
especialmente en sentido negativo por motivos presupuestarios o de planificación
pública.
Como legislación a título de complemento es pertinente
leer la Ley Orgánica para las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
(LOPCYMAT, 2005), por cuanto regula supuestos vinculados con indemnizaciones
derivadas del hecho laboral, de las cuales no está exento el Municipio, bien
sea en lo central como descentralizado.
Otras materias dignas de estudio son la de transporte y
tránsito terrestre; al respecto puede consultar la Ley de
Transporte Terrestre (2008).
La práctica forense enseña que la mayoría de las
reclamaciones suelen ser en casos donde la entidad pública funge como guardián,
por estar estrechamente vinculada con servicios públicos, al igual de las
derivadas por los trabajadores (obreros, contratados) y funcionarios públicos.
Suele confundirse entre un hecho ilícito con las
obligaciones con cláusula penal y las de
carácter penal (delito).
Las dos primeras
corresponden con el ámbito civil (Derecho Privado) mientras que, la última, con
la rama del Derecho Público que se ocupa de estudiar las sanciones como castigo
por la responsabilidad delictual que puede implicar privación de libertad y
posee regulaciones propias; ejemplos: el Código Penal Venezolano (2005) y el
Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 2012), entre otros.
En palabras del maestro Maduro Luyando (Ob. Cit.) la
denominación implica una semejanza entre el hecho ilícito y el delito (penal)
por ser violaciones del ordenamiento jurídico.
La que contiene una cláusula penal – siguiendo al Código
Civil Venezolano (1982)- se refiere cuando el deudor, para asegurar el
cumplimiento de una obligación, se compromete a dar o hacer alguna cosa para el
caso de inejecución o retardo en el cumplimiento; se suele encontrar en
contratos donde se promete la entrega de bienes en un término fijado, como el
arrendamiento o la venta, lo que tampoco debe confundirse con garantías como la
fianza, aval, hipoteca, ni con el préstamo a interés por aquello de los
intereses, ya que tienen sus regulaciones propias.
Continúa explicando el Maestro de las Obligaciones en su
libro acerca de las diferencias entre el hecho ilícito y el delito; se pueden
observar en cuanto a su
- Naturaleza.
- Efectos.
- Existencia.
- Apreciación de la culpa.
- Régimen de responsabilidad.
- Tipificación.
- Prescripción.
- Jurisdicción.
- Renuncia.
- Efectos de la cosa juzgada.
En otra
oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
Se sugiere al
lector dar un vistazo a otros artículos de este autor denominados “De los
Poderes Públicos”, “Competencias municipales”, “Medios de gestión municipal”,
“Municipio y participación ciudadana”, “La Organización Municipal”, “La
Potestad Organizativa en el Municipio”, “De la Hacienda Municipal”, “Municipios
y otras Entidades Locales”, “El Alcalde”, “El Área Metropolitana de Caracas”,
“El Concejo Municipal”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “La Contraloría
Metropolitana”, “El Distrito del Alto Apure”, “El Consejo Federal de Gobierno”,
“El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Mobiliario Urbano”, “Los
Espacios Públicos”, “El Presupuesto Participativo”, “El Territorio Insular
Miranda”, “Gravabilidad del ISAE en casos de indemnización por daños”, “La
Administración Tributaria Municipal”, “La Autonomía Municipal”, “La Autogestión
y Cogestión en el ámbito municipal”, “La Contraloría Municipal”, “La
Contraloría Social”, “La Policía Administrativa”, “La Sindicatura Municipal”,
“Los Concejales”, “Las Instancias de Atención Ciudadana”, “La Función de
Control en el Municipio”, “La Función de Planificación en el Municipio”, “Las
Ordenanzas y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “Municipio y
Presupuesto”, “Municipio y Expropiación”, “Municipio y reforma habilitante
2014: Ley de Contrataciones Públicas”, “Municipio y reforma habilitante 2014:
Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Marca Territorial”, “Municipio y
Servicios Públicos”, “Municipio, Obras y Vías Públicas”, entre otros, que se
encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com
para tener mayor información.
No lo olvide, el
país se construye desde sus municipios.
