¿ES IMPORTANTE CONTAR CON EL CONCURSO DE LA PARTE URBANÍSTICA EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIAL? II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Lo que persigue un mensaje publicitario es llegar a la mayor cantidad de personas que transitan o hacen vida en el lugar donde se exhibe.
Esto puede ser en (i) terrenos privados, bienes del dominio público municipal, edificaciones, entre otros. Recuérdese que (ii) suele emplearse también con vehículos o (iii) a pie.
Si se toma el primero de los ejemplos, resulta obvio que se hace imperioso acreditar la propiedad u otro carácter legítimo como el arrendamiento, enfiteusis, comodato, entre otros. De irrumpir en el inmueble y realizar la instalación constituye una perturbación, que puede acarrear sanciones legales, incluidas las de tipo penal, ya que la invasión es penada por la ley, como se tipifica en el Código Penal Venezolano(2005); en idéntico sentido si ello sucediere sobre bienes del dominio público o privado del municipio o de cualquier otro sujeto del sector público.
En cuanto a los bienes municipales, tanto el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Público (DLOBP, 2014) como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) poseen normas que indican de cuáles se tratan.
Siguiendo a ésta, considera bienes municipales los de tipo mueble o inmueble que, por cualquier título, ingresen a su patrimonio. Las indígenas se regulan por otro regimen legal.
Desde una perspectiva de clasificación de los bienes que conforman el mobiliario urbano, podría decirse – siguiendo al Código Civil Venezolano (CCV, 1982) - que están incluidos en los bienes muebles e inmuebles; aquellos los define este texto como los que pueden moverse por sí mismos o fuerza exterior sin destruirse o deteriorarse mientras que, los últimos, se encuentran adheridos de forma permanente al suelo u otra estructura, como es el caso de las paradas de transporte público.
Ello – a su vez – les hace formar parte de los bienes del dominio público.
Ejemplos de bienes del dominio público, están: los ejidos, vías terrestres urbanas, rurales y de usos comunales.
Para ahondar sobre lo que rodea a cada uno de estos, se sugiere dar lectura a las obras sobre Derecho Civil Bienes y Derechos Reales de los profesores José Luis Aguilar Gorrondona, Gert Kumerow o Manuel Simón Egaña.
Al estar en esta categoría a cargo del municipio asumen la titularidad, lo que implica inversión del presupuesto que puede traducirse en importantes sumas de dinero.
Esta situación requiere de un ordenamiento en el campo legal.
Instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica para la Ordenación Urbanística (1987), la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), la Ley Orgánica del Ambiente (2006), Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014), Código Civil Venezolano (1982) tienen estrecha relación con esta materia, por mencionar algunos de carácter nacional. Los municipios, a través de sus ordenanzas, reglamentos y decretos han venido regulando numerosas situaciones relacionadas con esos bienes. Ejemplo: su mantenimiento.
Por cuanto al nivel local le competen gran cantidad de servicios públicos en espacios urbanos, se han generado criterios para obtener recursos que ayuden a reducir los altos costos que su manejo implica; una forma es la publicidad y propaganda comercial.
Dentro de las competencias locales se encuentra lo relacionado con la ordenación urbanística, como se observa en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987); las ordenanzas desarrollan los principios del texto nacional.
Como al municipio le corresponde – de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) – el gobierno y administración en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación territorial y urbanística, patrimonio histórico, turismo local, parques, plazas y jardines, arquitectura civil, nomenclatura y ornato público, vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas por las vías municipales, servicios de transporte público, protección al ambiente, saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, servicios de atención al discapacitado, servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes, entre otros; ya puede irse estableciendo la vinculación entre el mobiliario urbano y diversas materias en las que el ámbito local ejerce sus competencias y atribuciones.
Algunas se encuentran dentro de las llamadas competencias propias; otras son concurrentes.
A diario las personas que residen en espacios urbanos se desplazan por calles y avenidas. Para ello existen normas jurídicas que lo regulan.
Ahora bien, se ha preguntado alguna vez, ¿Qué es el mobiliario urbano?, ¿A quién pertenece? ¿Qué lo constituye?, ¿Quiénes pueden hacer uso de él?
El mobiliario urbano agrupa el conjunto de piezas y equipamientos que se encuentran en la vía pública con varios propósitos; aquí hacen vida bancos o sillas, papeleras, buzones, paradas de transporte público, casetas telefónicas, entre otros.
Es propio de disciplinas como la Arquitectura, Urbanismo o Ingeniería, por ser de tipo técnico, dado que se trata de densidad, dimensiones u otros semejantes, para asegurar una adecuada convivencia; sin embargo, el Derecho les auxilia con el régimen legal aplicable al uso, mantenimiento, conservación, entre otros.
Algunas se encuentran dentro de las llamadas competencias propias; otras son concurrentes.
Para hacer un desplazamiento por calles y avenidas, ha quedado establecido que quienes lo hacen a pie (peatones) deben hacerlo en un área que se denomina acera, mientras que los vehículos por la calzada. Cuando se hace uso del transporte público se debe aguardar, abordar y desembarcar en las llamadas paradas, por ejemplo. Al respecto, existe la Ley de Transporte Terrestre (2008) que regula la circulación de vehículos y peatones, desde la perspectiva nacional; contiene competencias concurrentes para cada nivel del Poder Público.
Quien hace uso de espacios públicos, mediante avisos o mensajes publicitarios en instalaciones, pudiendo ser el caso en paradas de transporte público, por ejemplo, quedaría sujeto al Impuesto sobre la Publicidad y Propaganda Comercial, de acuerdo con los lineamientos generales a que se contrae la (LOPPM, 2010) y la Ordenanza del arbitrio.
También podría ocurrir que se generen tasas por procesamiento, inscripciones, certificaciones, entre otros.
Esto permitiría al nivel local obtener un ingreso que ayudaría a disminuir la inversión en materia de mobiliario urbano, lo cual puede originarse mediante un contrato (concesión o arrendamiento, por ejemplo) o a través de actos administrativos, siendo la más frecuente por medio de autorización otorgada por la autoridad pública; esto debe contar con una serie de condicionantes, no solamente de medidas o superficie, materias sobre las cuales podría originar prohibiciones, como ocurre en materia de alcoholes o productos derivados del tabaco, o restricciones.
Existen trabajos doctrinarios, tanto jurídicos como de otras disciplinas, bien sea de corte nacional o foráneo que ilustran con mayor profundidad; por ejemplo, Gustavo Grau Fortoul en la obra “El Derecho Administrativo Venezolano en los umbrales del siglo XXI, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, en un homenaje al Manual de Derecho Administrativo del maestro Eloy Lares Martínez, ofrece una publicación relacionada con estas líneas de interés para quienes se inician en ciencias como Urbanismo o Derecho Urbanístico, Civil, Administrativo o Municipal.
A nivel de Ordenanzas, se menciona la participación de las autoridades urbanísticas y su nexo estrecho con la publicidad y propaganda commercial; por ejemplo en la del Impuesto sobre Publicidad y Propaganda Comercial del municipio Baruta (2023) de la ciudad de Caracas, se encuentra el lector lo siguiente:
“… A los efectos de esta Ordenanza, la Administración Tributaria tendrá como funciones:
1.- Aplicar las disposiciones contenidas en esta Ordenanza.
2.- Recibir los recaudos, tramitar las solicitudes y otorgar las autorizaciones relativas al registro sobre publicidad y propaganda comercial.
3.- Recibir los recaudos, tramitar las solicitudes y decidir los permisos para la edición, transmision, exhibición o distribución de la publicidad o propaganda.
4.- Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias consagradas en la presente ordenanza.
5.- Liquidar y recudar los impuestos establecidos en este instrumento normativo.
Parágrafo Único.- Igualmente podrá suspender, prohibir, remover, cualquier medio publicitario que no se ajuste a las normas de ética, lenguaje y buenas costumbres, así como en casos de peligros inminentes que pueda ofrecer su instalación con respect a emergencias como: cortocircuitos, lluvias, sismos, vientos o impactos, cuando atente contra el ornato público y paisajismo, cuando se efectúe publicidad sobre productos nocivos para la salud sin que el mensaje contenga la advertencia de sus efectos, sea incluido o illegible, a distancias menores de veinte (20) metros.” (Subrayado mío)
Por su parte, sobre la autoridad urbanística:
“… Corresponderá a la dirección con competencia en planificación urbana…
1.- Aplicar las disposiciones de la presente ordenanza en los asuntos de su competencia.
2.- Recibir los recaudos, tramitar las solicitudes y emitir el informe técnico de inspección, para decider la procedencia o no de la instalación de vallas o elementos publicitarios, en espacios públicos del Municipio… “ (Subrayado mío).
Quedaba pendiente cuando se hace la difusión a través de vehículos o a pie.
Ya en estos casos la autoridad urbanística no interviene porque es un tema que no le compete, porque lo hacen la Administración Tributaria y la de seguridad ciudadana.
Las ordenanzas de Impuesto sobre publicidad y propaganda como las del Impuesto sobre Vehículos mantienen la concordancia en este punto, ya que a través de los vehículos puede llegar el mensaje a gran cantidad de personas.
Ahora bien, ?qué es un vehículo?
La respuesta la ofrece la legislación nacional.
Se entiende por vehículo, siguiendo lo establecido por el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre (1998), todo artefacto o aparato destinado al transporte de personas o cosas, capaz de circular por las vías públicas o privadas destinadas al uso público permanente o casual.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), lo que reproduce la (LOPPM, 2010), le asigna al municipio como ingreso ordinario el Impuesto sobre Vehículos.
Tradicionalmente las ordenanzas fijan como hecho imponible gravar la propiedad de vehículos de tracción mecánica, cualquier que sea su clase o categoría y sean propiedad de una persona natural residente o una persona jurídica domiciliada en el municipio respectivo.
Dada la naturaleza del Impuesto mantiene estrecha vinculación con la actividad nacional en materia de transporte y tránsito terrestre, dado que ambos niveles territoriales deben cooperar entre sí para el mejor desenvolvimiento de los roles que la legislación les asigna a los dos.
La Ley de Transporte Terrestre (2008) tiene un aspecto de interés sobre estas líneas; al nivel nacional le compete lo concerniente con las dimensiones, características y tipología de los vehículos, dado que también lleva el Registro Nacional de Conductores y Vehículos.
La vinculación con lo municipal al utilizar un vehículo con mensajes publicitarios o de propaganda comercial, es que el ámbito local conserva íntegramente sus competencias en materia de tránsito y circulación urbana como de tributación; lo resaltante es que si ese vehículo va a ser objeto de cambios en su estructura o apariencia que se aprecie un cambio en las condiciones originales, debe tener el concurso de la autoridad nacional en materia de transporte y tránsito terrestre a que se contrae la Ley de Transporte Terrestre (2008), puesto que puede incidir sobre aspectos que no permitan – de primera mano – identificarlo y ejercer las medidas de su competencia, como también las de seguridad ciudadana.
Ejemplo de ello son los vehículos que se les coloca un rotulado que modifica colores u otros elementos; esto se ve en taxis, vehículos de transporte de pasajeros o de carga.
Cuando se hace a pie no hay mayor concurso de otras autoridades, pues la tributaria y de seguridad ciudadana (policía) controlan los aspectos relacionados con la previsión de las ordenanzas que rigen la materia.
Aquí también surge la arista relacionada con las labores de resguardo tributario, ya que – en el caso de la municipal, a mayor abundamiento – según la (LOPPM, 2010) le corresponde hacer a la policía municipal realizar funciones de policía administrativa (velar por el cumplimiento de las ordenanzas y demás disposiciones, como cooperar o apoyar a las autoridades municipales en el ejercicio de sus competencias).
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
