Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Powered By Blogger

Vistas a la página totales

Buscar este blog

Translate

Mostrando las entradas con la etiqueta contribución por plusvalía. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta contribución por plusvalía. Mostrar todas las entradas

miércoles, 3 de junio de 2020

La Contribución por Plusvalía II


LA CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL POR PLUSVALÍA II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Uno de los aspectos que casi nunca se destacan dentro de esta Contribución es su vinculación con la Ordenanza que origina el cambio de uso e intensificación y los planes urbanísticos, pese a que se hace mención de esa circunstancia.

Al respecto, Juan Garrido Rovira en su libro “Ordenación Urbanística”, Editorial Arte, Caracas, Venezuela, 1988, nos hace aportes importantes.

Para ello parte de lo que es un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL); lo concibe como una herramienta para la gestión particularizada pues, sin perjuicio de su especificidad, ha de ejecutar el plan de ordenación urbanística correspondiente y no puede contradecir la disciplina establecida por éste.

Al momento de escribir su obra no habían entrado en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) ni la legislación posterior a ésta en materia de planificación:
·       
      -  Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2014).
·        -   Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2015).
·   - Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación.

En consecuencia, hay que siempre tener presente las adaptaciones correspondientes, aunque no hay que restar los méritos que presenta su trabajo, inclusive en la actualidad, porque la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987) aún está vigente como se explicó.  

El objeto fundamental de un PDUL es la ordenación y racionalización del suelo en beneficio de la comunidad, explica el autor.

Cita a Carlos Mouchet a través de su publicación “Notas sobre el urbanismo y el derecho de planeamiento”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela Nº 21, Caracas, Venezuela, 1961; y de él extrae que solo mediante una eficaz labor de planeamiento urbano es posible:
·       
  • Ordenar el desarrollo de las edificaciones, construcciones e instalaciones en el interior de las ciudades a fin de que sus habitantes puedan cumplir física y moralmente, las diversas funciones del hombre en comunidad. 
  • Impedir el desbordamiento desordenado de la ciudad fuera de límites racionales desde el punto de vista físico y administrativo.
  • Regular la interdependencia de las ciudades con los núcleos poblados que lo circundan.
  • Prever, cuantitativa y cualitativamente, los servicios necesarios en función de densidades de población y de las actividades a desarrollarse.
  •  

La planificación urbana local se realiza a través de los PDUL y de la actividad de zonificación tanto en lo funcional como arquitectónicamente, lo que incide en áreas como salud, propiedad privada, comercio, industria, transporte, entre otras.

Allí se encuentran la rama ejecutiva, legislativa y de planificación municipal para su elaboración y aprobación.

Si no se hubiere instaurado la disciplina urbanística las ciudades crecerían desordenadamente, haciendo prácticamente insostenible la sana convivencia; uno de los soportes para hacer posible el éxito del Derecho Urbanístico es la zonificación, la cual es una limitación legal de la propiedad.

Resulta oportuno recordar que ésas no generan indemnización, salvo que se desnaturalice el derecho de propiedad por la ocurrencia de un daño directo, cierto, actual, individualizado y cuantificable, conforme la Ley Orgánica para la Ordenación Urbanística (1987).

Garrido (Ob. Cit.) afirma sobre la zonificación que singulariza las determinaciones sobre usos y precisa los estándares relativos a la densidad urbana, altura y distancia entre edificaciones, así como las proporciones que deben existir entre espacios destinados a usos residenciales, de producción económica y a actividades públicas.           

La profesora Cecilia Sosa Gómez en su trabajo “Comentarios a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística” dentro del libro “Ley Orgánica de Ordenación Urbanística” (ley comentada, varios autores), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 1989, explica que el principio para la elaboración de un plan es la coordinación interinstitucional.

Opina Sosa (Ob. Cit.) que va a permitir la acción o participación ordenada de sus intervinientes – nacionales, estadales, municipales, particulares - con miras a la realización y posterior ejecución; uno de los elementos fundamentales dentro del proceso del PDUL es la consulta, ya que aporta información para la toma de decisiones.

Los parámetros establecidos por la legislación nacional sobre esta Contribución; fueron concebidos para el ejercicio de la armonización tributaria y urbanística, toda vez que los municipios gozan de la autonomía para la gestión de las materias de su competencia, debiendo – al igual que el nivel nacional – someterse a los principios que rigen el ordenamiento jurídico, pues basta con recordar la disposición constitucional sobre la competencia nacional en cuanto a la

(i)      “…legislación para garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias para definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales y municipales”; 
(ii)       el “…establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo y la legislación sobre ordenación urbanística”;
(iii)          “…la legislación en materia…de sanidad, vivienda,…ambiente…y ordenación del territorio”;
(iv)        “…régimen de tierras baldías; y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.”      

En ese sentido, tanto la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983) como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) contienen normas sobre porcentajes máximos a pagar por concepto de contribución por plusvalía.

La primera señala que sería de cinco por ciento (5%) del valor total del inmueble mientras que, la segunda, no podrá exceder de un quince por ciento (15%) del monto total de la plusvalía que experimente cada inmueble.

Esto podría prestarse a confusión porque daría pie a una eventual colisión de leyes.

Al respecto, Roberta Núñez Díaz (Ob. Cit.) es de la opinión que la ley aplicable al caso es la LOPPM (2010) por aquello de (i) ser posterior a la de Ordenación del Territorio (1983); (ii) la especialidad, dado que es la que regula el tributo, el cual tiene asignación constitucional originaria, al igual de (iii) ser el texto normativo que tiene por objeto el desarrollo de los postulados constitucionales para el ámbito municipal.

Ahora bien, en ambos casos, debe interpretarse que se dictaron tales artículos como:
·       
  •          “coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias para definir principios,           parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o             alícuotas de los tributos estadales y municipales”;

  •              “…establecimiento, coordinación y unificación de normas y procedimientos técnicos para            obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo y la legislación sobre ordenación                   urbanística”;

  •     “…la legislación en materia…de sanidad, vivienda,…ambiente…y ordenación del territorio”. (Subrayado de E.L.S.)

Estas competencias nacionales establecidas por la CRBV sirven de orientación al legislador local para la realización del PDUL como también la contribución por plusvalía.

Nótese que en la LOPPM solamente podrá crearse este tributo cuando – como consecuencia del o los cambios de uso o de intensidad que experimenten los inmuebles – sea igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de su valor antes del cambio de uso o de intensidad en el aprovechamiento.   

Se recomienda el uso de equipos multidisciplinarios debidamente coordinados (abogados, urbanistas, ingenieros, licenciados en ciencias fiscales) para estas competencias, porque posee aristas que – con deficiente sustanciación y preparación – harían complejo o hasta nugatoria su ejecución. 

A mayor abundamiento de estudio sobre estas ramas del Derecho Público venezolano, además de los mencionados, existen autores como Antonio Moles Caubet, Luis Torrealba Narváez, Leopoldo Ustariz, Nelson Geigel Lope-Bello o Gustavo Urdaneta Troconis, entre otros, quienes han desarrollado obras sobre la materia con prestigio muy bien ganado en el área, sin contar los innumerables doctrinarios calificados foráneos.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y Expropiación”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Régimen de Tierras”; “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Predios Rurales”, “El Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Registros Público y Notariado”, “Los Ejidos”, “¿Realmente los ejidos son imprescriptibles?”, “Municipio y Ordenación”, “El Síndico Procurador Municipal como Fiscal de la Hacienda Pública”, “Vigencia de las normas tributarias, ¿60 días siempre?”  “Variables Urbanas”, “Procedencia de la Repetición de Tributos”, “El Resguardo Tributario”, “Procedencia de la Novación de Obligaciones Tributarias”, “Potestad Tributaria Sancionatoria Municipal”, “Las Ordenanzas Municipales y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “La Policía Administrativa”, “Municipio y Vivienda”, “Municipio y Régimen de Tierras Rurales”, “Municipio y Principio de Reserva Legal”, “Municipio y Principio de no confiscatoriedad”, “Municipio y Principio de Generalidad Tributaria”, “Municipio y Ornato Público”, “Municipio y Armonización Tributaria”, “Los CLPP y su ley del año 2015”, “Las Tasas”, “La Movilidad Urbana”, “La Autonomía Municipal”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “El Catastro Municipal”, “Municipio, parques y plazas”, “Municipio, obras y vías públicas”, “Municipio y Ley de Bosques”, “Municipio y Leyes de Base”, “Las Contribuciones Especiales Municipales, ¿Ingresos Ordinarios o Extraordinarios?”, entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com; para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.





martes, 26 de mayo de 2020

La Contribución Municipal por Plusvalía I


LA CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL POR PLUSVALÍA I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

Cuando se estudia el Derecho Tributario Municipal se encuentra el investigador que el legislador venezolano siguió la clasificación tripartita de impuestos, tasas y contribuciones.

Hoy corresponde el turno a una de las últimas, específicamente, a la Contribución Especial por Plusvalía debida a cambios de uso o intensidad en el aprovechamiento de terrenos.

No aparece a nivel normativo nacional ni municipal ninguna definición acerca de lo que es una contribución y su diferenciación con los impuestos y tasas.
Para ello hay que buscar auxilio en otras fuentes del Derecho como la doctrina foránea o del país.

Héctor Villegas en su libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2005; nos aporta que son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o grupos sociales derivados de obras, gastos públicos o de especiales actividades del Estado.

Carlos Giuliani F., en su “Derecho Financiero”,  Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 2001; centra su concepto en distinguirlo de los impuestos y las tasas como un tercer tipo de tributos, cuyo cobro se justifica en los beneficios o ventajas obtenidos por personas o grupos sociales como consecuencia de la realización de obras públicas o de actividades estatales.

En el mismo sentido apunta Onéximo Garnica en su libro “Las Contribuciones Especiales en España y Venezuela”, Ediciones Plaza Universitaria, Salamanca, 2001; al igual que Massimo Melone y Alejandro Poggioli en “La Contribución Especial por Plusvalía, aproximación a la determinación de la Base Imponible y el problema de la valoración”, Revista de Derecho Tributario Nº 74, Caracas, Venezuela, 1997.

Esta Contribución ya es de vieja data en la tributación venezolana, pues la Constitución de la República de Venezuela (1961) daba cuenta de ella bajo el esquema de la existencia de una ley nacional para exigirla, lo que algunos doctrinarios denominan como potestad derivada.

En aquel tiempo el encargo lo cumplió el legislador cuando aprobó la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983), la Ley Orgánica para la Ordenación Urbanística (1987) y la Ley Orgánica del Régimen Municipal; ésta dio paso a la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) a partir del año 2005, siendo la vigente desde el 2010.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) cambió la concepción de su antecesora e incluyó a las contribuciones municipales por mejoras y de plusvalía dentro del elenco de tributos locales sin necesidad de la existencia de ley nacional previa.

Para quienes piensan que los dos textos normativos de ordenación en referencia perdieron su vigencia, ello solamente ocurrirá si pretendieren violentar disposiciones constitucionales o el Poder Legislativo decide modificarlos, puesto que la CRBV establece en su Disposición Derogatoria que:

"...“El resto del ordenamiento jurídico mantendrá su vigencia en todo lo que no  contradiga esta Constitución.”

Ello va en concordancia con las normas sobre la supremacía constitucional, el control concentrado y difuso.  

Ambas leyes continúan vigentes, pese a un intento de sustituirlas con la llamada Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (2005), que nunca entró en vigencia por la aprobación de la Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (2007), tras una anterior ley de reforma (2006) que modificó la vacatio legis.  
Sobre este punto el profesor Allan Brewer Carías publicó un trabajo en la Revista de Derecho Público Nº 109, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, Venezuela, 2007.

No se tiene conocimiento oficial de algún proyecto de ley que regule la materia a la fecha de redacción de estas líneas (2020).

La Ley Orgánica para la Ordenación Urbanística (1987) menciona un órgano de autoridad urbanística nacional denominado Ministerio para el Desarrollo Urbano (MINDUR), el cual no existe hoy día, así como también a los concejos municipales a cargo del urbanismo local, cuando en el presente se aplica de manera diferente tras la aprobación de legislación en materia municipal como de planificación a raíz de la CRBV.

Tanto la contribución por plusvalía como la de mejoras se relacionan con la materia urbanística, dada la materia sobre la que actúan, por lo que no debe olvidarse que la competencia en el ordenamiento jurídico venezolano es del tipo concurrente entre el ámbito nacional y local, con las limitaciones legales previamente fijadas.

El estudio de la contribución municipal por plusvalía  no se ha desarrollado con profundidad en la doctrina, pues suele confundirse con la contribución por mejoras, la cual también es de la competencia municipal en Venezuela.

Véanse algunos ejemplos.

El profesor Carlos Escarrá – en un trabajo denominado “La planificación de la ordenación del territorio. Las Contribuciones por mejoras y la propiedad privada”, Caracas, 1987 - lo concebía como una relación continente-contenido en la que la contribución por mejoras (continente) se subdivide en (contenido) las originadas por construcción de obras, prestación de servicios y los cambios de uso e intensidad de aprovechamiento del suelo.

Rafael Badell en su “Régimen del Urbanismo”, Cuadernos Jurídicos Nº 8, Badell & Grau, Caracas, Venezuela, 2000; dice que “…nos encontramos con las denominadas contribuciones por plusvalía, también denominadas por la doctrina contribuciones por mejoras…” (Cursivas de su autor).

Sin embargo, existe en doctrina quien ha delimitado la situación de forma más precisa.

El profesor Armando Rodríguez García en su trabajo “Las Contribuciones Urbanísticas” dentro del libro “Tributación Municipal en Venezuela”, Prohombre, P.H. Editorial, Caracas, Venezuela, 1996; expresa que:

“…A diferencia de lo que sucede con la Contribución por Mejoras, esta fórmula fiscal (Contribución por plusvalía) es exclusivamente municipal y el hecho generador no está relacionado con la ejecución de obras públicas o instalación de servicios, es decir, a inversiones o gastos en infraestructura, realizados por organismos públicos municipales. No se trata entonces de un mecanismo o fórmula para recuperar inversiones públicas…”

“… (E)l hecho generador del tributo está en el incremento de valor que experimenten las propiedades inmobiliarias. Si bien ese incremento debe estar causado a los efectos de la contribución especial, por razones específicas o concretas, como lo son los cambios de uso o intensidad de aprovechamiento fijados por los planes de ordenación urbanística, se trata de elementos perfectamente diferenciales, siendo solamente el incremento de valor, el que puede generar la aplicación del tributo y además, el que sirve de base de cálculo para su liquidación,…”        

(Paréntesis y subrayado de E.L.S.)

En el libro “La Contribución Especial por Plusvalía debida a cambios de uso o intensidad en aprovechamiento de terrenos”, Ediciones Liber, Caracas, Venezuela, 2010, de Roberta Núñez Díaz; se aprecia esta definición:

“…ingresos propios de carácter tributario, distintos a las tasas e impuestos, que pueden crear y exigir los municipios, mediante sus leyes respectivas (Ordenanzas), a los propietarios de bienes inmuebles ubicados en jurisdicción de ese ente exactor cuando,  por causas extrínsecas a las voluntades de esos particulares, estos hayan experimentado un acrecentamiento en el valor de sus bienes inmuebles en virtud de la especial actividad estatal que representa la implementación, mediante ordenanza, de planes de ordenación urbanística que cambien el uso o intensifiquen el aprovechamiento de esos inmuebles y cuyas sumas tributarias deberán, por ley, ser destinadas a sufragar los gastos de obras o servicios públicos en las zonas que el ente exactor decida invertir…”    (Paréntesis de E.L.S.).

Obsérvese algunos elementos.
-      
  •      Son ingresos propios, lo que significa que forman parte de las fuentes de financiamiento del municipio para el sostenimiento de las cargas públicas y desarrollo de sus competencias, sin tener que devolverlo a persona pública alguna, como ocurre con los empréstitos, por ejemplo.
  •     Carácter Tributario; al asignarlo el Constituyente y profundizarlo el Legislador, tanto nacional como local, permite el despliegue de la autonomía en aquellos aspectos como la legislación y gestión en materias de su competencia; también se suma que puede crear, modificar o suprimirla, en aras de los intereses de la Entidad y beneficio de los ciudadanos.
  •      Como todo tributo, requiere de texto con rango legal (Ordenanza) para su implementación, lo que está a cargo del Concejo Municipal y su ejecución por la Alcaldía mediante el plan urbanístico y demás actuaciones administrativas.
  •     Está dirigido a los propietarios de los inmuebles (sujeto pasivo) del área comprendida en la contribución, por lo que se genera la cualidad de contribuyente o responsable frente a la Administración, dado el carácter personal de la obligación tributaria.
  •      El bien es el objeto del incremento patrimonial por el aumento del valor tras la aprobación del plan urbanístico que origina un cambio o intensificación de uso, debiendo realizar el aporte correspondiente de acuerdo con la determinación efectuada.
  •      El despliegue de la actividad estatal; consiste en la aprobación de la ordenanza que sustituye la zonificación y se genera el cambio, cuya consecuencia es un nuevo uso reconocido (por ejemplo: de residencial solamente a residencial-comercial) con una intensidad en el aprovechamiento inédita.
  •      La ordenanza que contiene la contribución no depende de los sujetos pasivos; se origina por el Municipio en aras del interés general y satisfacción de cargas públicas, siendo esta una vía pertinente
  •      El municipio decide el destino de lo percibido por la contribución, conforme la ordenanza que la regula.

A estas alturas se tiene que aclarar la existencia de otro tipo de contribuciones en el ordenamiento jurídico venezolano, las cuales no son el objeto de estas líneas para no generar confusiones, como ocurre en el nivel nacional con las materias de drogas, deportes, seguridad social, entre otras.

La Carta Fundamental (1999) ha previsto que la Contribución por Plusvalía forme parte de los ingresos del Municipio, ampliando la posibilidad de crear, modificar o suprimirla; dada la autonomía local, lo cual comprende:
·       
       Elección de sus autoridades: alcaldes y concejales.
  •        Legislar en las materias de su competencia.
  •        Gestionar las materias de su competencia.
  •        Controlar, vigilar y fiscalizar sus ingresos, gastos y bienes.
  •        Impulsar y promover la participación ciudadana, entre otras.  

Con la advertencia de no trasgredir los principios constitucionales de la tributación, tales como: legalidad tributaria, no confiscatoriedad, capacidad contributiva, generalidad, progresividad, no retroactividad.

La jurisprudencia se ha pronunciado acerca de las nociones del párrafo precedente, en diversas ocasiones, por lo que en aras de la brevedad, se cita una de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fechada 08 de marzo de 2003, caso: “Constructora Pedeca vs. Municipio Caroní del Estado Bolívar”; donde señaló:

“…se evidencia que los municipios tienen, dentro de su competencia material y espacial, un poder tributario originario que les permite regular lo relativo a la materia tributaria municipal, siendo las disposiciones que dice de aplicación preferente a la normativa del Código Orgánico Tributario.
Así, los Municipios se encuentran facultados para dictar, en relación con los ingresos que la Constitución les asigna, la normativa que regule lo concerniente a la creación, modificación y supresión de sus tributos, la definición del hecho imponible, la determinación de la materia o acto gravado, la cuantía del tributo, el modo, término y oportunidad en que éste se cause y se haga exigible, las obligaciones de los contribuyentes, los procedimientos constitutivos, los recursos administrativos de impugnación y las sanciones correspondientes…”  

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y Expropiación”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Régimen de Tierras”; “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Predios Rurales”, “El Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley de Registros Público y Notariado”, “Los Ejidos”, “¿Realmente los ejidos son imprescriptibles?”, “Municipio y Ordenación”, “El Síndico Procurador Municipal como Fiscal de la Hacienda Pública”, “Vigencia de las normas tributarias, ¿60 días siempre?”  “Variables Urbanas”, “Procedencia de la Repetición de Tributos”, “El Resguardo Tributario”, “Procedencia de la Novación de Obligaciones Tributarias”, “Potestad Tributaria Sancionatoria Municipal”, “Las Ordenanzas Municipales y su ubicación en el ordenamiento jurídico venezolano”, “La Policía Administrativa”, “Municipio y Vivienda”, “Municipio y Régimen de Tierras Rurales”, “Municipio y Principio de Reserva Legal”, “Municipio y Principio de no confiscatoriedad”, “Municipio y Principio de Generalidad Tributaria”, “Municipio y Ornato Público”, “Municipio y Armonización Tributaria”, “Los CLPP y su ley del año 2015”, “Las Tasas”, “La Movilidad Urbana”, “La Autonomía Municipal”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “El Catastro Municipal”, “Municipio, parques y plazas”, “Municipio, obras y vías públicas”, “Municipio y Ley de Bosques”, “Municipio y Leyes de Base”, “Las Contribuciones Especiales Municipales, ¿Ingresos Ordinarios o Extraordinarios?”, entre otros, que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com; para tener mayor información sobre lo aquí tratado.
     
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.