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miércoles, 18 de noviembre de 2026

¿Posee el Municipio responsabilidad patrimonial por los daños que cause? II

 

¿POSEE EL MUNICIPIO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS DAÑOS QUE CAUSE? II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

 

Establecido como ha sido que la responsabilidad patrimonial del Estado – en el caso que nos ocupa del Municipio – resulta oportuno realizar algunas precisiones.

En palabras de Héctor Turuhpial en su libro “La responsabilidad extracontractual del Estado por actuaciones conforme la ley”, el análisis de la responsabilidad del Estado amerita pues, la distinción de tres categorías: la responsabilidad contractual del Estado, la responsabilidad extracontractual por hecho ilícito y la responsabilidad extracontractual por acto lícito.

De la primera tiene su basamento en que la entidad pública - municipio – debe cumplir con las condiciones, tiempo, forma y lugar asumidas mediante el contrato, como el pago del precio y demás que corresponde a su cocontratante particular; un ejemplo lo constituye cuando se hace un procedimiento licitatorio y de lo que él deriva, para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras a que se contrae el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).

Cabe recordar que dicho texto legal contempla garantías para la celebración de contrataciones públicas, siendo las más socorridas la fianza, seguro de responsabilidad civil y retención de valuaciones.

Forzosamente, se necesita aludir a los contratos administrativos y los contratos de derecho privado, por cuanto los primeros son aquellos que realiza persiguiendo un fin de interés público, como se evidencia en las concesiones de servicio público.

De ello pueden dar buena cuenta autores como Eloy Lares Martínez y Allan Brewer Carías.

Por otra parte, los últimos son los que celebra el municipio siguiendo las normas de derecho común; al punto que el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), denomina como exclusiones a ciertas actividades, entre las que se encuentran:

-          Las derivadas de acuerdos internacionales de cooperación, suscribiendo instrumentos propios o típicos de Derecho Internacional (acuerdos, convenios).

-                     Prestación de servicios profesionales.

-                     Prestación de servicios financieros.

-        Adquisición de bienes inmuebles (no expropiación), arrendamiento incluido el financiero.

-     Adquisición de obras artísticas, literarias, o científicas, que no sean por vía expropiatoria.

-      Servicios básicos para el funcionamiento del organismo (agua, electricidad, telefonía).

-             Adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras encomendadas a órganos o entes públicos.

Acerca de la segunda forma de responsabilidad, la que se produce por falta o funcionamiento anormal, causada por acción u omisión, tras una conducta ilícita; la atención se centra en este indebido desempeño.

Es la menos compleja – generalmente – para determinar porque se espera del municipio un obrar dentro de cánones armoniosos, aun en el ejercicio de potestades públicas y amparados en el interés general, cuyo origen es el no cumplimiento de obligaciones preexistentes.

Un ejemplo sería cuando el municipio realiza un asfaltado dentro del casco urbano, ya que es competencia municipal lo concerniente con la vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos y peatones, como del servicio de transporte público urbano - de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) y la Ley de Transporte Terrestre (2008) - sin contar con la señalización de tal circunstancia, produciéndose algún hecho dañoso. 

Otro caso a considerar es que un árbol cause daños corporales a una persona o un vehículo dentro del casco urbano, sin importar que sea de forma grave o leve, puesto que la llamada arboricultura urbana - de conformidad con la Ley de Bosques (2013) - es competencia municipal, por lo que le corresponde su cuidado y mantenimiento, concordante con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) y la Ley Orgánica del Ambiente (2006), lo que comprende:

-            Planificar y ejecutar a nivel local programas, acciones y obras para la protección, conservación, mejoramiento y recuperación del patrimonio forestal municipal.

-         Velar por la conservación, mantenimiento y resguardo de los árboles fuera del bosque localizados en vías y espacios públicos urbanos.

-                  Otorgar los permisos y autorizaciones de tala y poda, con fines de seguridad y mantenimiento de árboles fuera del bosque, ubicados en jurisdicción urbana del municipio, salvo especies en veda.

-                      Fomentar la arboricultura urbana sustentable con especies forestales aptas para este fin que contribuyan con la protección del medio ambiente, el ornato de calles, avenidas, plazas, parques, jardines, áreas recreativas, y demás espacios públicos del municipio.

-          Conservar y resguardar los bosques naturales ubicados en ejidos municipales.

-          Promover y apoyar a nivel local, la conformación de cadenas productivas forestales.

Se decía en términos de leve o grave para establecer algo comprensible, pero lo cierto es que el particular no tiene – como dicen la doctrina y jurisprudencia en esta materia – que cargar a cuestas con un sacrificio constituido por la lesión en su persona y/o patrimonio sin haber sido causante de conducta que diere lugar a la coerción por el municipio; para comprenderlo, si fuera un asunto de naturaleza civil, se diría que el municipio es el guardián de los árboles, por lo que le corresponde su cuido y mantenimiento, debiendo comprometerse con indemnizar el daño causado. 

Hay un escenario que mucha gente se pregunta y es cuando se está bajo estados de excepción, los cuales deben producirse tras situaciones extraordinarias de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014).

Como apunta Álvaro Guerrero Hardy en su libro “El régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública durante la vigencia de los estados de excepción”, considera en su trabajo doctrinario, cuando se ocasiona un daño mediante una acción, positiva o negativa, violatoria de obligaciones preestablecidas.

El hecho de encontrarse el país o, específicamente, un municipio o parte de él para el caso que motiva estas líneas, bajo régimen de excepción no significa que no pueda ser establecida la responsabilidad y acordar la reparación pertinente o, en palabras de ese autor (Ob. Cit.), la declaratoria de un estado de excepción no implica la eliminación del ordenamiento jurídico ni la inexistencia de límites legales a la actuación de los poderes públicos, concluyendo que la Constitución de la República (1999) establece expresamente la obligación de indemnizar.

Teniendo en cuenta la existencia de normas constitucionales y legales que afirman la aplicabilidad de responsabilidad sin falta y con ella, se puede poner en práctica el régimen de responsabilidad patrimonial extracontractual durante los estados de excepción.

También se observa la llamada responsabilidad sin falta o por funcionamiento normal, lo cual puede producir dudas porque – a primera vista – no luce evidente como aportan Héctor Turuhpial (Ob. Cit.) y Luis Ortiz Álvarez en su libro “La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, respectivamente, donde del último se extrae:

“… la Administración Pública también puede, sin embargo, sin cometer ilegalidad alguna, dictar (o abstenerse de dictar medidas (generales o individuales) que pueden producir, en virtud de un sacrificio particular derivado, el rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas.

 

En estos casos, la reparación patrimonial es obligatoria para compensar las consecuencias desiguales – en el plano de los efectos legalmente impuestas… “   

(Subrayado mío).    

 

Un ejemplo lo constituiría una ordenanza de zonificación que desnaturalice el derecho de propiedad.

 

A través de las Ordenanzas se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad, por cuanto el uso de un inmueble viene dado en concordancia con el plan de ordenamiento vigente, toda vez que – como instrumento legislativo local por excelencia – es el canal de expresión para incluir al Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), que deberá aprobar cada municipio, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010).

Ésta solamente tiene prevista la tarea acerca del (PDUL), por lo que hay la obligatoria remisión a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987, vigente), las Ordenanzas y otros instrumentos normativos.

Siguiendo al profesor Allan Brewer Carías en su trabajo “Introducción General al Régimen de Expropiación· dentro del libro “Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social”, tiene que haber un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), conforme lo que se establezca por ley nacional y ordenanzas, para poder realizar cualquier actividad privada en área urbana.    

En ocasiones, esa afectación puede conducir a la necesidad de expropiar porque se desnaturaliza el derecho de propiedad; por ejemplo, si se aprueba un cambio de zonificación – entendida como el sistema en virtud del cual se atribuye un destino específico al suelo urbano, determinándose sus condiciones de desarrollo - donde un inmueble pasa a ser una nueva calle cuando antes tenían otro uso, aun sin dictarse el decreto de afectación, se estaría en presencia de una “afectación tácita”.

Cuando se otorga un uso distinto al permitido por ella, origina como resultado lo que se denomina “uso no conforme”, cuyas consecuencias son las de

(i)               procurar que se ejecute la previsión normativa y, por ende,

(ii)             negar toda solicitud de alteración en sentido opuesto, nuevas construcciones o ampliaciones del inmueble que vaya en sentido contrario al normativo, lo que también conduce hacia aquello de la revocatoria sobre derechos adquiridos.

La profesora Hildegard Rondón de Sansó publicó un trabajo denominado “Zonificación y rezonificación en el ámbito de la normación urbanística venezolana” en la Revista de Derecho Público Nº 17; donde trata los elementos sobre la zonificación y los cambios de ésta.

Dice Rondón de Sansó (Ob. Cit.) que las zonificaciones contienen uno de los elementos esenciales de la planificación urbanística, por cuanto a través de ellas se le asigna un destino específico a la propiedad inmobiliaria que se armoniza con el de todo el núcleo urbano en el cual se ubica.     

Retomando la idea original, bajo cualquiera de las vertientes acotadas, nace para quien ha sufrido ese obrar del municipio la reparación de tal proceder, sin importar que sea con óptica civilista o de la de Derecho Público porque – como bien han sostenido la doctrina y jurisprudencia – nadie debe soportar una carga que no le corresponde.

Se puede entender que con una expropiación, por ejemplo, se produzca una disminución patrimonial tras haber sido privado del bien de que se trate con ocasión de ella, basado en causa de utilidad pública o social, pero ello no significa que se empobrezca por el sacrificio, por lo que existe la previsión de la justa indemnización.

En materia de daños es aplicable también, sin que constituya fuente de enriquecimiento, porque lo que se busca es compensar ante la pérdida sufrida.

Hacia otras latitudes el criterio es distinto; por ejemplo, en una cita del autor Juan Carlos Henao dentro del libro de Gina González “La indemnización integral en materia de responsabilidad patrimonial del Estado (Visión de la Sala Político Administrativa)”, se expone que responde al concepto de daño punitivo, donde ese exceso – aparte del compensatorio – es con el fin de fungir como ejemplarizante y que tal conducta no se repita.

El presupuesto público debe tener la previsión para afrontar tal circunstancia, pues no puede haber gasto con cargo al erario (municipal en este caso) sin contar con los recursos para ello; al punto que es un principio general en materia presupuestaria.

Todo esto no son más que páginas inconclusas dentro de la historia jurídica porque no existen elementos suficientes ni precisos que, en profundidad, permitan tratar el punto.

Gina González (Ob. Cit.) nos da nociones que demandan del estudioso del Derecho investigaciones y decisiones que apunten hacia ese rumbo; de su obra se pueden extraer algunos.

-   ¿Qué es lo indemnizable?

Si bien la jurisprudencia se inclina por todo daño, la práctica diaria se topa con situaciones de gran reflexión.

Dicha autora aborda para responder la interrogante que debe abarcarse de forma integral, por cuanto un exceso implica enriquecimiento sin causa, es decir, un lucro indebido; lo otro es que se impone al Estado – donde el municipio no escapa – el respeto por los derechos fundamentales.

Ha sido motivo de polémica si los daños morales son objeto de indemnización; digno de estudio es, por ejemplo, ante una destitución basada en hechos que rayan en corrupción y estos no fueron demostrados o, mejor aún, se estableció que no sucedieron al ventilarse ante la jurisdicción penal pero que no se poseía la declaratoria de nulidad del acto destitutorio ante la jurisdicción contencioso administrativa.

 -  ¿El lucro cesante y el daño emergente son indemnizables?

Esto se desprende de la ocurrencia de daños materiales, es decir, de naturaleza económica o patrimonial.

La doctrina los diferencia de los corporales porque estos se atribuyen a la integridad física de las personas.

González (Ob. Cit.) toma una referencia del maestro Maduro Luyando en su célebre libro sobre Derecho de Obligaciones, en la que el daño emergente lo concibe como el deterioro o el menoscabo material por incumplimiento del agente mientras que, el lucro cesante, la privación de aumento patrimonial ante el incremento que normalmente hubiere ingresado de no haber ocurrido la situación que lo desencadena.

La jurisprudencia ha venido aceptando la aplicabilidad para indemnizar.

Aquí se recomienda el empleo de una técnica probatoria capaz de convencer al juzgador, no solo de la ocurrencia del hecho dañoso, sino de las consecuencias que de ellos se derivan; ejemplos se tienen en casos como el de Hugo Eunice Betancourt Zerpa con ocasión de la situación incapacitante que lo privó de su desempeño funcionarial ante el Máximo Tribunal, por cuanto resulta preciso cómo se afecta y disminuye en su esfera patrimonial y personal.

Al respecto se puede tomar del libro “El daño cierto en la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública “de Luis Ortiz Álvarez la serie de pertinentes recomendaciones.

Se ha conocido de casos que dejan gran aflicción y pena, como la muerte de un infante o la de su padre con hijos bajo minoridad, por una conducta atribuible a la Administración, donde ha llegado a debatirse si es indemnizable o no, ante el análisis de conceptos como manutención, lo que comprende – según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2015):

 

“… La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña o adolescente.”    

 

Esto puede dar noción cuánto se afecta la vida de las personas, la familia y la sociedad con un desempeño, bien sea por acción u omisión, o en la aplicación de la norma; que origine a los particulares pérdidas en su esfera personal o patrimonial, de acuerdo con lo expuesto.   

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

martes, 3 de noviembre de 2026

¿Posee el Municipio responsabilidad patrimonial por los daños que cause? I

 

¿POSEE EL MUNICIPIO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS DAÑOS QUE CAUSE? I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

 

La historia jurídica remota relata sobre este punto que el sector público no siempre ha respondido frente a los perjuicios ocasionados a los particulares, al punto de declararlo como no responsable bajo ningún respecto, debiendo soportar estoicamente.

La doctrina en Derecho, ciencias políticas y la sociología recogen cantidad de episodios donde el Estado era declarado así porque éste podía obrar libremente y se presumía que su actuación jamás iría en detrimento de sus pobladores.

El maestro Eloy Lares Martínez en su conocida obra “Manual de Derecho Administrativo” reseña que, por ejemplo, en Francia a mediados del siglo XIX, regía el principio de la irresponsabilidad, solamente pudiendo accionar cuando actuaba como persona privada, es decir, no en el ejercicio de potestades públicas.

Otro tanto podría observarse en Italia cuando se decía que existiría responsabilidad si se actuó ilegítimamente por los órganos que conforman al aparato estatal.

Un tercer ejemplo – continúan mismo autor y obra – lo constituyen los Estados Unidos porque no era posible hasta hace unos años, demandar al nivel federal ante tribunales.  

Para el caso venezolano – precisa Lares Martínez (Ob. Cit.) – que la Constitución de 1901 reconoció indirectamente la responsabilidad, pues solo era procedente cuando se produjera tras actuaciones desplegadas no legítimas.  

Afortunadamente, las sociedades evolucionan y modifican pareceres que permiten el ejercicio de los derechos ciudadanos para reparar las lesiones sufridas en la esfera personal tanto el campo físico, moral y patrimonial.

Cuando se ha pretendido hacer valer el derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios cuya autoría tiene su génesis en el sector oficial, los tribunales han venido valiéndose de formas propias del Derecho Civil (rama del Derecho Privado), como la guarda de las cosas y bienes, al igual que el resto de las llamadas responsabilidades objetivas, el deber de reparación ante la causación de un daño, cumplimiento cabal de obligaciones como han sido pactadas, entre otras; lo que ha servido de fundamento para establecer la participación y grado de ésta por parte de los agentes y entidades públicas, pudiendo provenir por vía contractual o extracontractual. El basamento para establecerla se hizo con fundamento en el Código Civil venezolano.

Autores como Eloy Maduro Luyando, Emilio Pittier, Gert Kummerow, José Mélich Orsini, Manuel Simón Egaña, José Luis Aguilar Gorrondona, o María Candelaria Domínguez Guillen en el campo nacional – así como la amplia lista de foráneos - con sus obras en Derecho Civil han sido baluartes para esto.

Nos brindan la idea cardinal que hay que conducirse con rectitud, ante la alegación de carencia de una legislación expresa que regulase la materia.

Varios autores en materia de Derecho Público así lo hicieron sentir, como sería el caso de Allan Brewer Carías o Carlos Escarrá Malavé.

Esto va en sintonía con lo expuesto por la doctrina sobre este punto de manera general.

Sin embargo, con el auge del Derecho Administrativo se han adquirido herramientas en favor de éste y desenvolverse para ir delineando todo el entramado jurídico que implica afrontar la responsabilidad patrimonial que es algo complejo, por cuanto posee privilegios y prerrogativas, además de múltiples normas preñadas de interés público, interés general, orden público y tantas otras nociones y principios que lo nutren.

Los municipios, como cualquier otro sujeto del sector público, están expuestos permanentemente de forma voluntaria o involuntaria a ocasionar daños.

El ordenamiento jurídico ha previsto tal circunstancia al estatuir dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) el principio de responsabilidad por su actuación, pudiendo exigirse la determinación de su participación, como la de sus agentes, y obtener la correspondiente indemnización, al punto que – en el Poder Judicial – existen unos tribunales especializados donde se ventilan las causas contra la administración pública en todas sus vertientes - salvo que se atribuya la competencia a otra autoridad judicial, como sucede en materia laboral - por asuntos derivados de su quehacer, lo cual se denomina como jurisdicción contencioso administrativa; a nivel legislativo se ha aprobado un texto normativo que recibe el nombre de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010).

Al respecto nos dice aquélla:

“… El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derecho habiente, incluido el pago de daños y perjuicios.

 

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.

 

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.”

 

“… El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública.”

 

“… La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” (Subrayado mío en todos los casos).

Asimismo, están consagrados distintos tipos de responsabilidad: civil, penal, administrativa y disciplinaria. Cada una es independiente de la otra, por lo que podría suceder que alguien se encuentre incurso en responsabilidad civil pero no en penal, por ejemplo.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) también contiene este principio así:

“… El Municipio responderá patrimonialmente por los daños que cause con ocasión de su funcionamiento de sus servicios por acción, falta u omisión; queda a salvo el derecho del particular para exigir la responsabilidad del funcionario y el derecho del Municipio de actuar contra éste, de conformidad con las leyes que regulan la materia.” (Subrayado mío).

Luis Ortiz Álvarez en obras de su autoría como “La responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios públicos en la Constitución de 1999” o “La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, formula críticas a esa posición iusprivatista; es de la opinión que el Derecho Administrativo puede y debe fundar sus actuaciones en materia de responsabilidad patrimonial - dada la constitucionalización de dicha rama jurídica – porque:

“… estas normas civilistas no responden totalmente a las exigencias modernas en materia de responsabilidad administrativa ni responden - a los superiores y preferentes - principios y normas constitucionales…”    

 

“… Es aquí, en la Constitución o, si se quiere, en la “atmósfera constitucional”, donde deben buscarse todos los elementos necesarios para la revolución científica requerida en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración en Venezuela. Las referencias exclusivas al Código Civil como base normativa de la responsabilidad administrativa debe regirse por principios propios publicistas los cuales, si bien en algunos casos son compatibles con los principios propios de Derecho Privado, en general los depasan (sic), y de largo. Las particularidades del fenómeno administrativo, y la enorme gama de reglas específicas que rigen el instituto resarcitorio frente a los entes públicos, así como la existencia de un bloque normativo propio, justifican el buen grado de autonomía y originalidad de la responsabilidad administrativa…”   (Subrayados míos).       

Este mismo autor, como quien aquí escribe, hacen una enumeración de textos legislativos nacionales que se han producido regulaciones obedeciendo esta tendencia; por ejemplo: Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010), Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2026) (como también la legislación que regulaba la hoy extinta Corte Suprema de Justicia), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (2014), Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983, vigente), Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987, vigente), Ley Orgánica para la Descentralización, Delimitación, Transferencia de competencias del Poder Público (2009), Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), entre otras.  

El maestro Eloy Lares Martínez en su conocido “Manual de Derecho Administrativo” daba cuenta – según menciona Hernández (Ob. Cit.) que:

“… si indagamos el fundamento de la responsabilidad del Estado, veremos que consiste en la idea de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas. En efecto, como antes se apuntó, los servicios públicos funcionan en interés general de la colectividad; como ésta aprovecha de las ventajas, es justo que soporte la carga de la reparación…”

 

Dentro de las materias propias del Derecho Público, el Derecho Administrativo tiene a su cargo las regulaciones y relaciones del sector público, toda vez que vigoriza y desarrolla principios que figuran en la Carta Magna. Ahora bien, aun cuando – luego del Derecho Constitucional – es la rama jurídica que tiene sobre sí el mayor peso dentro del Derecho Público, no es menos que también interactúa con otras disciplinas en aras del interés general; como apuntan en doctrina – pudiendo mencionar a Ana Cristina Núnez Machado o José Ignacio Hernández – no se desprende del Texto Fundamental de 1999, que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado sea solamente de Derecho Público.

José Ignacio Hernández en su trabajo “Actividad Consultiva de la Administración y Responsabilidad Patrimonial nos aporta:

“…  el sistema constitucional venezolano de responsabilidad administrativa, se inspira en el principio de globalidad, desde que la responsabilidad se consagra en base a los daños y perjuicios ocasionados por la actividad administrativa, sin distinguir el Texto Constitucional la forma de manifestación de esa actividad: actos, hechos, omisiones y contratos. Tampoco califica el constituyente, si esa actividad administrativa ha de ser lícita o ilícita…” (Subrayado mío).

 

“…según nuestro régimen constitucional, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración está fundada - con prescindencia de la causa - en una sola idea: la lesión antijurídica, frente a la integralidad patrimonial del ciudadano; siendo tal integralidad más o menos sensible, según la relación jurídica-subjetiva que el ciudadano tenga con la Administración, todo ello teniendo en cuenta el interés general que persigue la actividad administrativa…” (Subrayado mío).

En otra de sus obras denominada “Reflexiones críticas sobre las bases constitucionales de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en Venezuela” nos va insertando en cómo entender las normas constitucionales sobre esta materia; hace recordar el origen de los artículos que perfilan la responsabilidad, remitiéndonos a la Ley de Expropiación Forzosa española de 1954.

Que el estado venezolano es responsable, lo cual se encuentra en varias disposiciones constitucionales, resaltando – a los fines de estas líneas:

“… el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública…”      

La doctrina ha coincidido que la interpretación de esto no puede ser jamás literal, porque desvirtuaría la intención del Constituyente, porque existen – por ejemplo – responsabilidad derivada por la actividad legislativa o judicial y no solamente las que se ocasionen por el ejecutivo en todas sus vertientes, de acuerdo con la distribución del Poder Público.

Lejos de lo que pudiera pensarse, el municipio en Venezuela forma parte del Estado, siendo calificado por la Constitución de 1999, como la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley.

No se trata de una mera parcela de poder político o demarcación administrativa, sino que abarca gran cúmulo de competencias, siendo un buen número de ellas del tipo concurrentes, es decir, comparte rol estelar con los otros niveles del Poder Público, como se observa en materias varias: ambiente, policía, cultura, educación, salud, tránsito y circulación, entre otras.

El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (2014), aplicable también al ámbito local, establece:

“… La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad, con sometimiento pleno a la ley y con supresión de las formalidades no esenciales.”     (Subrayado mío).

 

Esto ya permite ir sacando como premisa que la Administración responderá por cualquier daño que ocasione con presidencia de la culpa, como se maneja en Derecho Civil, tomando en cuenta que su uso no implica – forzosamente – violentar las normas constitucionales, dado que lo acotado por la Constitución de 1999, no ordena ningún régimen para su tratamiento como tampoco lo proscribe; en pocas palabras, al sentar las bases en ésta, cualquier decisión que se tome en sede administrativa o judicial, no deberá apartarse del cauce constitucional, pues se tiene que ceñir a ella.  

Ahondando en este punto, el mismo articulado constitucional consagra para la jurisdicción contencioso administrativa:

 

“… son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.” (Subrayado mío).

 

La doctrina en Derecho Administrativo nos aporta aquello de los poderes del juez en lo contencioso administrativo, lo que recogen tanto la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010) como la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (2026), en aras de restablecer el buen orden.    

 

En otra oportunidad se abordarán tópicos relacionados con el tema.

 

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.