¿POSEE EL MUNICIPIO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS DAÑOS QUE CAUSE? II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Establecido como ha sido que la responsabilidad patrimonial del Estado – en el caso que nos ocupa del Municipio – resulta oportuno realizar algunas precisiones.
En palabras de Héctor Turuhpial en su libro “La responsabilidad extracontractual del Estado por actuaciones conforme la ley”, el análisis de la responsabilidad del Estado amerita pues, la distinción de tres categorías: la responsabilidad contractual del Estado, la responsabilidad extracontractual por hecho ilícito y la responsabilidad extracontractual por acto lícito.
De la primera tiene su basamento en que la entidad pública - municipio – debe cumplir con las condiciones, tiempo, forma y lugar asumidas mediante el contrato, como el pago del precio y demás que corresponde a su cocontratante particular; un ejemplo lo constituye cuando se hace un procedimiento licitatorio y de lo que él deriva, para la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras a que se contrae el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014).
Cabe recordar que dicho texto legal contempla garantías para la celebración de contrataciones públicas, siendo las más socorridas la fianza, seguro de responsabilidad civil y retención de valuaciones.
Forzosamente, se necesita aludir a los contratos administrativos y los contratos de derecho privado, por cuanto los primeros son aquellos que realiza persiguiendo un fin de interés público, como se evidencia en las concesiones de servicio público.
De ello pueden dar buena cuenta autores como Eloy Lares Martínez y Allan Brewer Carías.
Por otra parte, los últimos son los que celebra el municipio siguiendo las normas de derecho común; al punto que el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (2014), denomina como exclusiones a ciertas actividades, entre las que se encuentran:
- Las derivadas de acuerdos internacionales de cooperación, suscribiendo instrumentos propios o típicos de Derecho Internacional (acuerdos, convenios).
- Prestación de servicios profesionales.
- Prestación de servicios financieros.
- Adquisición de bienes inmuebles (no expropiación), arrendamiento incluido el financiero.
- Adquisición de obras artísticas, literarias, o científicas, que no sean por vía expropiatoria.
- Servicios básicos para el funcionamiento del organismo (agua, electricidad, telefonía).
- Adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras encomendadas a órganos o entes públicos.
Acerca de la segunda forma de responsabilidad, la que se produce por falta o funcionamiento anormal, causada por acción u omisión, tras una conducta ilícita; la atención se centra en este indebido desempeño.
Es la menos compleja – generalmente – para determinar porque se espera del municipio un obrar dentro de cánones armoniosos, aun en el ejercicio de potestades públicas y amparados en el interés general, cuyo origen es el no cumplimiento de obligaciones preexistentes.
Un ejemplo sería cuando el municipio realiza un asfaltado dentro del casco urbano, ya que es competencia municipal lo concerniente con la vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos y peatones, como del servicio de transporte público urbano - de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) y la Ley de Transporte Terrestre (2008) - sin contar con la señalización de tal circunstancia, produciéndose algún hecho dañoso.
Otro caso a considerar es que un árbol cause daños corporales a una persona o un vehículo dentro del casco urbano, sin importar que sea de forma grave o leve, puesto que la llamada arboricultura urbana - de conformidad con la Ley de Bosques (2013) - es competencia municipal, por lo que le corresponde su cuidado y mantenimiento, concordante con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) y la Ley Orgánica del Ambiente (2006), lo que comprende:
- Planificar y ejecutar a nivel local programas, acciones y obras para la protección, conservación, mejoramiento y recuperación del patrimonio forestal municipal.
- Velar por la conservación, mantenimiento y resguardo de los árboles fuera del bosque localizados en vías y espacios públicos urbanos.
- Otorgar los permisos y autorizaciones de tala y poda, con fines de seguridad y mantenimiento de árboles fuera del bosque, ubicados en jurisdicción urbana del municipio, salvo especies en veda.
- Fomentar la arboricultura urbana sustentable con especies forestales aptas para este fin que contribuyan con la protección del medio ambiente, el ornato de calles, avenidas, plazas, parques, jardines, áreas recreativas, y demás espacios públicos del municipio.
- Conservar y resguardar los bosques naturales ubicados en ejidos municipales.
- Promover y apoyar a nivel local, la conformación de cadenas productivas forestales.
Se decía en términos de leve o grave para establecer algo comprensible, pero lo cierto es que el particular no tiene – como dicen la doctrina y jurisprudencia en esta materia – que cargar a cuestas con un sacrificio constituido por la lesión en su persona y/o patrimonio sin haber sido causante de conducta que diere lugar a la coerción por el municipio; para comprenderlo, si fuera un asunto de naturaleza civil, se diría que el municipio es el guardián de los árboles, por lo que le corresponde su cuido y mantenimiento, debiendo comprometerse con indemnizar el daño causado.
Hay un escenario que mucha gente se pregunta y es cuando se está bajo estados de excepción, los cuales deben producirse tras situaciones extraordinarias de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2014).
Como apunta Álvaro Guerrero Hardy en su libro “El régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública durante la vigencia de los estados de excepción”, considera en su trabajo doctrinario, cuando se ocasiona un daño mediante una acción, positiva o negativa, violatoria de obligaciones preestablecidas.
El hecho de encontrarse el país o, específicamente, un municipio o parte de él para el caso que motiva estas líneas, bajo régimen de excepción no significa que no pueda ser establecida la responsabilidad y acordar la reparación pertinente o, en palabras de ese autor (Ob. Cit.), la declaratoria de un estado de excepción no implica la eliminación del ordenamiento jurídico ni la inexistencia de límites legales a la actuación de los poderes públicos, concluyendo que la Constitución de la República (1999) establece expresamente la obligación de indemnizar.
Teniendo en cuenta la existencia de normas constitucionales y legales que afirman la aplicabilidad de responsabilidad sin falta y con ella, se puede poner en práctica el régimen de responsabilidad patrimonial extracontractual durante los estados de excepción.
También se observa la llamada responsabilidad sin falta o por funcionamiento normal, lo cual puede producir dudas porque – a primera vista – no luce evidente como aportan Héctor Turuhpial (Ob. Cit.) y Luis Ortiz Álvarez en su libro “La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, respectivamente, donde del último se extrae:
“… la Administración Pública también puede, sin embargo, sin cometer ilegalidad alguna, dictar (o abstenerse de dictar medidas (generales o individuales) que pueden producir, en virtud de un sacrificio particular derivado, el rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas.
En estos casos, la reparación patrimonial es obligatoria para compensar las consecuencias desiguales – en el plano de los efectos legalmente impuestas… “
(Subrayado mío).
Un ejemplo lo constituiría una ordenanza de zonificación que desnaturalice el derecho de propiedad.
A través de las Ordenanzas se pueden establecer limitaciones al derecho de propiedad, por cuanto el uso de un inmueble viene dado en concordancia con el plan de ordenamiento vigente, toda vez que – como instrumento legislativo local por excelencia – es el canal de expresión para incluir al Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), que deberá aprobar cada municipio, por disposición de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010).
Ésta solamente tiene prevista la tarea acerca del (PDUL), por lo que hay la obligatoria remisión a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987, vigente), las Ordenanzas y otros instrumentos normativos.
Siguiendo al profesor Allan Brewer Carías en su trabajo “Introducción General al Régimen de Expropiación· dentro del libro “Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social”, tiene que haber un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), conforme lo que se establezca por ley nacional y ordenanzas, para poder realizar cualquier actividad privada en área urbana.
En ocasiones, esa afectación puede conducir a la necesidad de expropiar porque se desnaturaliza el derecho de propiedad; por ejemplo, si se aprueba un cambio de zonificación – entendida como el sistema en virtud del cual se atribuye un destino específico al suelo urbano, determinándose sus condiciones de desarrollo - donde un inmueble pasa a ser una nueva calle cuando antes tenían otro uso, aun sin dictarse el decreto de afectación, se estaría en presencia de una “afectación tácita”.
Cuando se otorga un uso distinto al permitido por ella, origina como resultado lo que se denomina “uso no conforme”, cuyas consecuencias son las de
(i) procurar que se ejecute la previsión normativa y, por ende,
(ii) negar toda solicitud de alteración en sentido opuesto, nuevas construcciones o ampliaciones del inmueble que vaya en sentido contrario al normativo, lo que también conduce hacia aquello de la revocatoria sobre derechos adquiridos.
La profesora Hildegard Rondón de Sansó publicó un trabajo denominado “Zonificación y rezonificación en el ámbito de la normación urbanística venezolana” en la Revista de Derecho Público Nº 17; donde trata los elementos sobre la zonificación y los cambios de ésta.
Dice Rondón de Sansó (Ob. Cit.) que las zonificaciones contienen uno de los elementos esenciales de la planificación urbanística, por cuanto a través de ellas se le asigna un destino específico a la propiedad inmobiliaria que se armoniza con el de todo el núcleo urbano en el cual se ubica.
Retomando la idea original, bajo cualquiera de las vertientes acotadas, nace para quien ha sufrido ese obrar del municipio la reparación de tal proceder, sin importar que sea con óptica civilista o de la de Derecho Público porque – como bien han sostenido la doctrina y jurisprudencia – nadie debe soportar una carga que no le corresponde.
Se puede entender que con una expropiación, por ejemplo, se produzca una disminución patrimonial tras haber sido privado del bien de que se trate con ocasión de ella, basado en causa de utilidad pública o social, pero ello no significa que se empobrezca por el sacrificio, por lo que existe la previsión de la justa indemnización.
En materia de daños es aplicable también, sin que constituya fuente de enriquecimiento, porque lo que se busca es compensar ante la pérdida sufrida.
Hacia otras latitudes el criterio es distinto; por ejemplo, en una cita del autor Juan Carlos Henao dentro del libro de Gina González “La indemnización integral en materia de responsabilidad patrimonial del Estado (Visión de la Sala Político Administrativa)”, se expone que responde al concepto de daño punitivo, donde ese exceso – aparte del compensatorio – es con el fin de fungir como ejemplarizante y que tal conducta no se repita.
El presupuesto público debe tener la previsión para afrontar tal circunstancia, pues no puede haber gasto con cargo al erario (municipal en este caso) sin contar con los recursos para ello; al punto que es un principio general en materia presupuestaria.
Todo esto no son más que páginas inconclusas dentro de la historia jurídica porque no existen elementos suficientes ni precisos que, en profundidad, permitan tratar el punto.
Gina González (Ob. Cit.) nos da nociones que demandan del estudioso del Derecho investigaciones y decisiones que apunten hacia ese rumbo; de su obra se pueden extraer algunos.
- ¿Qué es lo indemnizable?
Si bien la jurisprudencia se inclina por todo daño, la práctica diaria se topa con situaciones de gran reflexión.
Dicha autora aborda para responder la interrogante que debe abarcarse de forma integral, por cuanto un exceso implica enriquecimiento sin causa, es decir, un lucro indebido; lo otro es que se impone al Estado – donde el municipio no escapa – el respeto por los derechos fundamentales.
Ha sido motivo de polémica si los daños morales son objeto de indemnización; digno de estudio es, por ejemplo, ante una destitución basada en hechos que rayan en corrupción y estos no fueron demostrados o, mejor aún, se estableció que no sucedieron al ventilarse ante la jurisdicción penal pero que no se poseía la declaratoria de nulidad del acto destitutorio ante la jurisdicción contencioso administrativa.
- ¿El lucro cesante y el daño emergente son indemnizables?
Esto se desprende de la ocurrencia de daños materiales, es decir, de naturaleza económica o patrimonial.
La doctrina los diferencia de los corporales porque estos se atribuyen a la integridad física de las personas.
González (Ob. Cit.) toma una referencia del maestro Maduro Luyando en su célebre libro sobre Derecho de Obligaciones, en la que el daño emergente lo concibe como el deterioro o el menoscabo material por incumplimiento del agente mientras que, el lucro cesante, la privación de aumento patrimonial ante el incremento que normalmente hubiere ingresado de no haber ocurrido la situación que lo desencadena.
La jurisprudencia ha venido aceptando la aplicabilidad para indemnizar.
Aquí se recomienda el empleo de una técnica probatoria capaz de convencer al juzgador, no solo de la ocurrencia del hecho dañoso, sino de las consecuencias que de ellos se derivan; ejemplos se tienen en casos como el de Hugo Eunice Betancourt Zerpa con ocasión de la situación incapacitante que lo privó de su desempeño funcionarial ante el Máximo Tribunal, por cuanto resulta preciso cómo se afecta y disminuye en su esfera patrimonial y personal.
Al respecto se puede tomar del libro “El daño cierto en la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública “de Luis Ortiz Álvarez la serie de pertinentes recomendaciones.
Se ha conocido de casos que dejan gran aflicción y pena, como la muerte de un infante o la de su padre con hijos bajo minoridad, por una conducta atribuible a la Administración, donde ha llegado a debatirse si es indemnizable o no, ante el análisis de conceptos como manutención, lo que comprende – según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2015):
“… La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña o adolescente.”
Esto puede dar noción cuánto se afecta la vida de las personas, la familia y la sociedad con un desempeño, bien sea por acción u omisión, o en la aplicación de la norma; que origine a los particulares pérdidas en su esfera personal o patrimonial, de acuerdo con lo expuesto.
En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.
No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.
