domingo, 31 de julio de 2011
Las Tasas I
LAS TASAS I
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
La clasificación de los tributos ha sido estudiada desde diversos puntos de vista; sin embargo, los autores coinciden en la clásica tripartita de Impuestos, Tasas y Contribuciones.
La legislación venezolana ha recogido esta misma clasificación y la aplica en cada uno de los ámbitos territoriales.
El municipio no es la excepción.
En efecto,la Constitución de la República Bolivariana
Por su parte,la Ley Orgánica
Más adelante, este mismo texto normativo se refiere a las tasas en los siguientes términos: “…Los municipios podrán crear con ocasión de la utilización privativa de bienes de dominio público, así como por sus servicios públicos o actividades de su competencia,...”
La legislación venezolana ha recogido esta misma clasificación y la aplica en cada uno de los ámbitos territoriales.
El municipio no es la excepción.
En efecto,
Por su parte,
Más adelante, este mismo texto normativo se refiere a las tasas en los siguientes términos: “…Los municipios podrán crear con ocasión de la utilización privativa de bienes de dominio público, así como por sus servicios públicos o actividades de su competencia,...”
Nótese que ni
En la obra “Tributos Municipales, Guía para las autoridades locales” de Ada Ramos, Publicaciones FUNDACOMUN, Caracas, 1998, cita un fragmento de la jurisprudencia del Máximo Tribunal en la que define a las tasas como “Tributos pagados por el Estado en virtud de una Ley, como contraprestación de un servicio o por la realización de una actividad por parte del ente de derecho público respecto del particular…” (Sentencia de
Siguiendo a Héctor Belisario Villegas en su conocido libro “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario”, Novena Edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 2005; indica que es el tributo cuyo hecho imponible está integrado por un hecho o circunstancia relativos al contribuyente y por una actividad del estado que se refiere o afecta en mayor o menor medida a dicho contribuyente.
En relación con esas circunstancias a las que alude Villegas (Ob. Cit.),
1.- Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los usuarios.
2.- Que no puedan realizarse por el sector privado, por requerir intervención o ejercicio de autoridad o por estar reservados legalmente al sector público.
En algunos municipios las tasas se encuentran en una ordenanza que agrupa todos los conceptos que las causan, pudiendo denominarse como Ordenanza de Hacienda Municipal o de Tasas y certificaciones, por ejemplo.
Existen otros ámbitos locales que las incluyen exclusivamente en la que regula la materia específica, como suele ocurrir en lo atinente al aseo urbano y domiciliario, cementerios, entre otros.
Esto, desde la perspectiva legal, no tiene mayor relevancia; lo que es importante es que las tasas deben ser creadas a través de una ordenanza, ya que forma parte del Principio de Legalidad Tributaria o de Reserva Legal Tributaria.
También deben ceñirse al resto de los parámetros constitucionales cuando se pretende legislar en materia tributaria: no confiscatoriedad, no permitir la múltiple imposición interjurisdiccional, entre otros.
Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “Municipio y Presupuesto”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y Tributación”, “
En otra oportunidad de tratarán otros aspectos relacionados con este tema.
sábado, 23 de julio de 2011
El Síndico Procurador como Fiscal de la Hacienda Pública Municipal
EL SINDICO PROCURADOR COMO FISCAL DE LA HACIENDA PÚBLICA
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Me consultaban algunos alumnos de la Cátedra Universitaria
Es pertinente aclarar que las acciones e intereses personales escapan a su ministerio porque no se corresponden con la naturaleza del servicio y la actividad pública; por ejemplo, la responsabilidad penal entra en esta connotación, debiendo el o los involucrados en la averiguación, procurarse los servicios profesionales del o los abogados que ejercen su defensa, sin contar con la circunstancia de estar utilizando recursos públicos en provecho particular, lo que está reñido – no solamente con aspectos éticos o morales sino también legales – pudiendo mencionarse
Como ha determinado
Ahora bien, dentro de los múltiples procedimientos administrativos que se llevan a cabo en el Municipio, se encuentra los atinentes a la determinación, liquidación, inspección, fiscalización, recaudación y control de los conceptos por ingresos tributarios, bien sean propios, transferidos o delegados, en cuanto corresponda en el caso de los últimos.
Por otra parte, el Síndico – en el ejercicio de las competencias a que se ha hecho referencia en el primer párrafo de este artículo - tiene a su cargo intentar, defender, mantener y sostener las acciones que procuren el ingreso a las arcas locales de las sumas adeudadas legítimamente, entre las que – obviamente – forman parte las referidas al ámbito tributario.
Sobre este punto, existen ordenanzas que regulan la forma cómo es la participación de este servidor público, donde fijan parámetros para la elaboración de convenios de pago, transacciones, entre otras.
Aquí es oportuno evocar la disposición de
En la obra “Los Tributos Municipales, Guía para las autoridades locales”, cuya autora es Ada Ramos Oliveros, Publicaciones FUNDACOMUN, Caracas, 1998; se estudia esta figura desde las regulaciones de la hoy derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989), en la que faculta al Síndico Procurador Municipal a actuar de oficio para la realización de inspecciones e investigaciones, debiendo rendir cuentas de sus resultados al Concejo o al Alcalde en el caso de la vigente Ley Orgánica del Poder Público (2010) solamente puede a instancia del Alcalde. En el mismo sentido cuando aquél practica funciones de inspección de los servicios municipales, manteniéndose una restricción al tratarse de
Cabría la siguiente reflexión, ¿se avanzó con este cambio en la legislación?
Se sugiere al lector dar un vistazo a unos artículos de mi autoría denominados “
En una próxima oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema
martes, 12 de julio de 2011
Los Ejidos III
LOS EJIDOS III
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Siguiendo con el orden de los planteamientos descritos en los artículos precedentes sobre este tema, los ejidos tienen como fin servir de instrumento dentro de las etapas de planificación y ejecución de urbes en expansión, ya que el crecimiento poblacional demanda la satisfacción de necesidades que debe proveer el sector oficial, referidas a los servicios públicos, tales como agua potable, electricidad, aseo urbano y domiciliario, telecomunicaciones, transporte público, entre otras.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), siguiendo el lineamiento constitucional, establece que los ejidos pueden desafectarse para la construcción de viviendas o para usos productivos de servicios y cualquier otro de interés público, de acuerdo con los planes de ordenación urbanística y lo dispuesto por las ordenanzas municipales.
Es un hecho notorio en Venezuela el déficit de viviendas en las zonas urbanas, especialmente en las principales capitales o zonas productivas con grandes asentamientos de población organizados o no; igualmente, producto de esta falta de unidades habitacionales, las invasiones a inmuebles.
Al respecto habría que dar lectura a los postulados de la norma constitucional sobre el derecho a una vivienda.
La competencia en materia de vivienda es de las llamadas concurrentes, por cuanto al Poder Nacional le compete – de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) – la legislación en materia viviendas, ordenación urbanística, desarrollo nacional, impuestos territoriales o sobre predios rurales, transacciones inmobiliarias (cuya recaudación es municipal), obras públicas de interés nacional, seguridad social, banca, seguros, notarías y registros públicos.
También el régimen de tierras baldías, bosques, suelos, aguas, obras de ingeniería, arquitectura y urbanismo, servicios públicos domiciliarios, electricidad, gas.
También el régimen de tierras baldías, bosques, suelos, aguas, obras de ingeniería, arquitectura y urbanismo, servicios públicos domiciliarios, electricidad, gas.
Obviamente, se han incluido en esta lista elementos que actúan estrechamente relacionados con la materia, por cuanto son como llaves maestras para la realización de una gestión pública o privada acerca de ellas.
Huelga comentar que se han aprobado distintos textos normativos que regulan, no solamente la vivienda, sino a los mencionados en los párrafos precedentes, en cada esfera de los órganos y entes del Poder Público, según sus competencias, sin entrar a emitir juicios de valor por quien suscribe.
Cabe mencionar, sin llevar órdenes de prelación ni de ninguna naturaleza, la profusión de instrumentos legales vigentes, tales como:
1.- Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987).
2.-Ley de Registro Público y Notariado (2006).
3.-Ley de Tierras Urbanas (2009).
4.-Código Civil Venezolano (1982).
5.-Ley de Tierras Baldías y Ejidos (1936).
6.-Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983).
7.-Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (2002).
8.-Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010),
9.-Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Especial para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos o Periurbanos (2011).
10.-Ley de los Consejos Locales de Planificación (2010).
11.-Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional (2000).
12.-Ley Orgánica de las Comunas (2010).
13.-Ley del Régimen Prestacional de Vivienda (2005).
14.-Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (2011).
15.- Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010).
16.-Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (2011).
17.-Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Especial de refugios dignos para proteger a la población en casos de emergencias o desastres (2011).
18.-Ley de Gestión Integral de la Basura (2010).
19.-Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (2011).
20.-Ley de Gestión Forestal (2008), entre otros.
Cabe mencionar, sin llevar órdenes de prelación ni de ninguna naturaleza, la profusión de instrumentos legales vigentes, tales como:
1.- Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987).
2.-Ley de Registro Público y Notariado (2006).
3.-Ley de Tierras Urbanas (2009).
4.-Código Civil Venezolano (1982).
5.-Ley de Tierras Baldías y Ejidos (1936).
6.-Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983).
7.-Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (2002).
8.-Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010),
9.-Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Especial para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Asentamientos Urbanos o Periurbanos (2011).
10.-Ley de los Consejos Locales de Planificación (2010).
11.-Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional (2000).
12.-Ley Orgánica de las Comunas (2010).
13.-Ley del Régimen Prestacional de Vivienda (2005).
14.-Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda (2011).
15.- Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010).
16.-Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela (2011).
17.-Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Especial de refugios dignos para proteger a la población en casos de emergencias o desastres (2011).
18.-Ley de Gestión Integral de la Basura (2010).
19.-Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (2011).
20.-Ley de Gestión Forestal (2008), entre otros.
Estos son los de mayor acercamiento con los ejidos, por su naturaleza, sin contar otras materias como navegación aérea y acuática, vialidad, salud, telecomunicaciones, electricidad, seguridad y defensa, entre otras; además de las Ordenanzas aprobadas por cada Concejo Municipal aplicables en su jurisdicción, al igual que un sinnúmero de actos administrativos dictados por distintas autoridades nacionales, estadales o municipales.
Dentro del elenco de competencias del Poder Público Municipal, los servicios públicos guardan una vinculación con la generación de viviendas por las mismas razones expuestas supra, al igual que componentes como el ejercicio del control urbano o la tributación, puesto que la LOPPM indica como materias asignadas;
1.- El catastro urbano.
2.-La vivienda de interés social.
3.- La dotación y prestación de servicios públicos domiciliarios.
4.-Plazas, parques, jardines, balnearios y demás sitios de recreación.
5.- La Arquitectura civil.
6.-El ornato público.
7.-Limpieza, recolección y tratamiento de residuos.
8.-Salubridad.
9.-Educación preescolar.
10.- Agua potable, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas.
11.-Abastecimiento y mercados, entre otras.
Dentro del elenco de competencias del Poder Público Municipal, los servicios públicos guardan una vinculación con la generación de viviendas por las mismas razones expuestas supra, al igual que componentes como el ejercicio del control urbano o la tributación, puesto que la LOPPM indica como materias asignadas;
1.- El catastro urbano.
2.-La vivienda de interés social.
3.- La dotación y prestación de servicios públicos domiciliarios.
4.-Plazas, parques, jardines, balnearios y demás sitios de recreación.
5.- La Arquitectura civil.
6.-El ornato público.
7.-Limpieza, recolección y tratamiento de residuos.
8.-Salubridad.
9.-Educación preescolar.
10.- Agua potable, alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas.
11.-Abastecimiento y mercados, entre otras.
Debe hacerse un análisis más profundo al tratar el tema, toda vez que todos gravitan dentro de nociones como el interés público, interés general, utilidad pública, entre otros.
Esto significa que el nivel local tiene un papel protagónico para la satisfacción de grandes carencias de la población, no solamente del área de viviendas y otros servicios públicos, sino también como garante de un ambiente sano para esta y las venideras generaciones, lo cual es y será el soporte de una vida con calidad y excelencia.
Se sugiere al lector dar un vistazo a unos artículos de mi autoría denominados “Municipio y Presupuesto”, “Bienes Municipales”, “Municipio y Tributación”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y Expropiación”, “De la Hacienda Pública Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Ambiente”, “Municipio y Régimen de Tierras”, “Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la ley del año 2010”, “El Catastro Municipal”, “Municipio y Servicios Públicos”, entre otros ; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com o en www.tecnoiuris.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal o Grupo de Derecho Municipal Venezuela); para tener mayor información sobre lo aquí tratado.
En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.
martes, 5 de julio de 2011
Los Ejidos II
LOS EJIDOS II
Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
Acerca de las características de los ejidos la doctrina ha señalado que, no solamente son los expresados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) o la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010), sino que hay otros adicionales, aunque hay otra corriente que indica que son consecuencias de los mencionados por estos.
En tal sentido, son inembargables, es decir, no pueden ser objeto de medidas judiciales preventivas ni ejecutivas de embargo, bien sea para asegurar los eventuales derechos de una parte litigante contra el Municipio o los indicados para desposeer a la entidad como ejecutada en un proceso ante estrados.
Obviamente, tampoco es posible con otras medidas nominadas e innominadas. Ello está previsto por la LOPPM al punto que, cuando un Municipio es vencido en juicio, lo cual genera condenatoria en costas y se ejecuta el fallo, existe un procedimiento especial, no pudiendo ser rematados los bienes afectos a un servicio público, al uso público o a una actividad pública – lo que es propio y cotidiano en el ámbito local dado el carácter prestacional – se sustituye por el pago de un precio fijado mediante peritos en la forma establecida por la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (2002). De allí también deviene el llamado carácter de inejecutables por vía de consecuencia.
Las leyes nacionales sobre la Hacienda Pública - indica la legislación marco municipal - tal es el caso de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional (2009), la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2010), la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) y el Código Orgánico Tributario (2001), actúan como normas supletorias sobre la materia.
Basta con recordar – a título de ejemplo - las enseñanzas del Maestro Eloy Lares Martínez en su “Manual de Derecho Administrativo”, publicado por Ediciones de la Universidad Central de Venezuela a lo largo de tantos años.
Cabe destacar el papel protagónico que juegan sobre la defensa del patrimonio municipal el Alcalde, el Síndico Procurador Municipal, el Contralor Municipal y el Concejo Municipal, generando responsabilidad por la omisión, negligencia u otros.
Se ha debatido la posibilidad para los municipios de extender el alcance o extensión territorial de los ejidos.
La respuesta se encuentra en la LOPPM (2010) y en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987); dado que son los instrumentos de referencia de los planes de desarrollo urbano a cargo de la entidad local.
Al respecto la LOPPM señala que la compra de terrenos que resulte de la parcelación de ejidos, así como de terrenos propios del Municipio, se hará a riesgo del comprador, quien no podrá reclamar saneamiento por evicción. Asimismo, en el caso de tierras particulares, para la concesión o ampliación de ejidos, el pago podrá hacerse en bonos emitidos por la República.
De una simple interpretación del párrafo anterior se evidencia, no solamente que puede ampliarse el área ejidal para el Municipio sino sugiere las formas para llevarlas a cabo, por lo que no sería posible mediante un simple acto administrativo despojar a los particulares de la titularidad sobre sus inmuebles, con la excusa de una declaratoria de bien ejidal por parte del ámbito local, lo cual lesiona el legitimo derecho de propiedad.
En varias ocasiones, el Máximo Tribunal ha resuelto sentencias donde se lesiona ése por las entidades locales, el cual es rango constitucional. Como ejemplo, el Maestro Allan Brewer Carías publicó un trabajo denominado “Consideraciones sobre el Régimen Jurídico Histórico y Actual de los ejidos (Con especial referencia a los ejidos de Caracas)”, en la Revista de Derecho Urbanístico Nº 5, Editorial Urbanitas, Caracas, 1994; cuya vigencia está presente al día de hoy.
De hecho, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado expresamente la relación de los ejidos con los llamados contratos administrativos, concluyendo que reúnen los elementos típicos que lo configuran.
Se sugiere al lector dar un vistazo a unos artículos de mi autoría denominados “Municipio y Presupuesto”, “Bienes Municipales”, “Municipio y Tributación”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y Expropiación”, “De la Hacienda Pública Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Ambiente”, “Municipio y Régimen de Tierras”, “Municipio y Planificación”, “Los CLPP en la ley del año 2010”, “El Catastro Municipal”, “Municipio y Servicios Públicos”, entre otros ; que se encuentran publicados en el Blog eduardolarasalazarabogado.blogspot.com o en www.tecnoiuris.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal o Grupo de Derecho Municipal Venezuela); para tener mayor información sobre lo aquí tratado.
En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)