La Ordenanza sobre Motorizados II

LA ORDENANZA SOBRE MOTORIZADOS II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Cuando se abordan estos temas se argumenta que la vía de la Ordenanza no es la más expedita por aquello del procedimiento para su aprobación, siendo un Decreto dictado por el Alcalde lo acorde ya que no se requiere la rigidez de los provenientes del Órgano Legislativo y la creciente necesidad de la aplicación de correctivos.

Si bien es cierto que un instrumento emanado del Ejecutivo sería de ayuda para corregir los escenarios por la anarquía urbana, no es menos que no se pueden establecer sanciones por lo de la reserva legal, por lo que su eficacia no se evidenciaría.

Ahora bien, si se compara con la Ley de Transporte Terrestre (LTT, 2008) de corte nacional y analiza con las competencias locales, el argumento y la respuesta a éste serían similares. Nótese que contempla sanciones y abre la puerta para la instrucción de procesos penales cuando se producen delitos como homicidios o lesiones, de conformidad con el ordenamiento que rige la materia.

Ante esto, ¿qué se puede hacer?

La respuesta es como sigue.

Si se parte que la LTT le consagra competencias a los municipios para la ordenación de vehículos y personas de acuerdo con las normas de carácter nacional, lo que incluye el destino de las multas y sanciones impuestas; el control y fiscalización de tránsito, lo cual pasa por normas sobre la prestación del servicio de transporte terrestre público urbano; el establecimiento de zonas terminales y recorridos urbanos; condiciones de operación de los servicios de transporte terrestre público o privado; la ingeniería de tránsito para la ordenación de vehículos y personas. Resulta viable concluir que se cuenta con el marco legal necesario para aprobar normas en esta materia.

Por cuanto son los concejos municipales o cabildos metropolitanos los llamados desde la Constitución de la República y la legislación para la discusión y aprobación de instrumentos jurídicos con rango y fuerza de ley, como son las ordenanzas en los ámbitos locales y metropolitanos respectivamente,  inclusive para establecer sanciones no privativas de libertad, a la postre será por éstas la mejor forma para llevar a cabo el restablecimiento del orden infringido con el concurso del Ejecutivo por estar a su cargo los cuerpos de policía.

Para esto se pueden sumar la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010) y la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Policía y Cuerpo de Policía Nacional (2009). Es menester recordar que los organismos policiales actúan como auxiliares del Ministerio Público y Tribunales de Justicia ante la comisión de hechos punibles, por lo que el Código Penal Venezolano (2005) y el Código Orgánico Procesal Penal (2012) no son extraños a esta materia.

Desde el nivel municipal se cuenta con textos como la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, la cual tiene por objeto mejorar la convivencia entre los ciudadanos, sin importar que sean residentes o transeúntes; además de regular sobre estos temas, conlleva un carácter pedagógico, toda vez que su finalidad es contribuir al desarrollo progresivo de una cultura repleta de principios y valores que fomenten el respeto, la igualdad, no discriminación, solidaridad, sentido de  pertenencia hacia el lugar donde se hace y desarrolla la vida, tolerancia, libre desenvolvimiento de la personalidad,  cuidado del patrimonio público, entre otros.

Una herramienta contemplada en este tipo de ordenanzas es el trabajo comunitario, donde el infractor ejecuta tareas previamente establecidas, pudiendo ser de corte manual o intelectual, por ejemplo, en favor de la comunidad durante un período.

Existen municipios que han aprobado ordenanzas tendentes al transporte y tránsito terrestre, lo que conlleva regulaciones generales sobre esta materia, siendo la de motorizados una del tipo especial.

Para el correcto uso de las vías públicas los municipios pueden elaborar programas y proyectos tendentes a la divulgación de campañas educativas en materia de transporte terrestre, correspondiendo su ejecución a los cuerpos de policía municipal a través de la Dirección de Vigilancia del Transporte Terrestre (DVTT). En este sentido, como aliados el sistema educativo, de protección de niños y adolescentes, protección civil y gerencia de riesgos, autoridad técnica en materia de transporte y demás órganos y entes municipales cooperarán en las labores de coordinación y ejecución referidas.

Como aspectos que deben contener se pueden señalar:

1. Fomentar la participación de la ciudadanía en la difusión y observancia de las reglas y normas del tránsito terrestre.
2. Proponer programas pilotos sobre la educación vial en todos los niveles de enseñanza de los centros educativos del Municipio.
3. Promover la difusión y aplicación permanente de medida y formas para el correcto uso de la vía pública y la prevención de accidentes de tránsito.
4. Procurar locales o predios especialmente diseñado y acondicionado para la enseñanza y práctica de las normas de conducción.
5. Divulgar la prohibición de publicidad reprochable o equivoca, en todas sus formas de conductas contrarias a los fines de esta Ordenanza.
6. Actualización de las vías públicas.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “Competencias Municipales”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Medios de Gestión”, “Organización y Gestión Municipal”, “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva del Municipio”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Abierto”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Mobiliario Urbano”, “Municipio y Urbanismo”, “El Presupuesto Participativo”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “La Justicia de Paz Comunal”, “La Autonomía Municipal”, “Cogestión y Autogestión”, “La Consulta Pública en el ámbito municipal”, “La Iniciativa Legislativa en el ámbito municipal”, “Instancias de Atención Ciudadana”, “Medios de Comunicación Alternativos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Administración Pública”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria”, “Municipio, Transporte y Tránsito Terrestre”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda”, “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Municipio y Ambiente”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”  entre otros, que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán otros aspectos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. 

La Ordenanza sobre Motorizados I

LA ORDENANZA SOBRE MOTORIZADOS I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Sin entrar a fijar opinión acerca de la efectividad de la medida ni sobre sus destinatarios, en muchos municipios se ha acudido a dictar medidas regulatorias en el ámbito de la circulación por vías públicas a través de motocicletas.

Es un hecho que, en los últimos años, ha proliferado el uso de este tipo de vehículos – dadas sus características - para el desplazamiento, bien sea por razones económicas, rendimiento del tiempo ante el tráfico, entre otras.

Ello también ha traído su uso para la comisión de delitos y faltas. Dicen los entendidos en materia penal y criminalística que brinda facilidad para la huida ante la posibilidad de cometer hurtos, robos, homicidios y lesiones, lo que constituye un elemento en pro de la impunidad, así como obstáculo para la acción policial – en algunos casos – por no contar los efectivos policiales con los equipos en la escena o sus alrededores.

Otro argumento para tomar acciones por las autoridades es que suceden problemas donde se involucra la sana convivencia ciudadana, llegando a pensarse que se compite por los espacios públicos, en lugar de servirse o utilizarse de acuerdo con su vocación. Generalmente las autoridades municipales reciben denuncias, las cuales podrían resumirse – a grandes rasgos – como sigue:

1.- Las aceras y otros espacios diseñados para el peatón, se han visto invadidos por motorizados circulando, estacionando o el uso de paradas (permisadas o no) de líneas de transportes (moto taxi) sin dejar margen para aquellos, con una actitud agresiva o descortés, por decir lo menos.

Ello se suele observar frente a instituciones bancarias, empresas u organismos oficiales, dada la carencia de lugares adecuados donde puedan estacionar.

2.- La colocación de anuncios o letreros sobre la vialidad que no se correspondan con las demarcaciones o  señalizaciones ya existentes hechas por las autoridades.

Esto va desde publicidad hasta objetos que obstruyen la libre circulación para reservarlos como uso privativo sin contar con los permisos de las autoridades.

3.- Áreas donde se ingieren bebidas alcohólicas, preparación de alimentos (cocción de alimentos y hasta venta).

4.- Juegos de envite y azar en espacios públicos. Esto acompañado de gritos y un vocabulario no cónsono.

5.- Utilización de áreas o vías expresas para provecho particular, como las designadas para el servicio denominado Bus Caracas o Línea 7 del Metro de Caracas.

6.- Vertido de combustible u otros desechos  – como partes o repuestos - en las vías públicas o drenajes, tras practicar la mecánica automotriz o lavado de las motocicletas en las vías públicas; emisión de gases y otros contaminantes. No ha faltado la queja vecinal por los ruidos al igual del uso de aparatos (radios, reproductores) con alto volumen, por ejemplo.

7.- Los precios por los servicios bajo la modalidad de moto taxi.

8.- Violación de señales de tránsito y de las indicaciones de la autoridad, siendo de las más frecuentes el irrespeto a los semáforos, sentido de la circulación; exceso de velocidad, carga y pasajeros.

Esto origina la necesidad de ejercer medidas que cambien esta situación.

Donde se ha estudiado aprobar este tipo de Ordenanzas se persigue que el instrumento tenga por objeto regular el uso y circulación de las vías públicas por vehículos, conductores y pasajeros del tipo motocicleta, a los fines de garantizar el derecho al libre tránsito, la preservación de la tranquilidad ciudadana, el correcto uso de las vías de circulación y demás espacios públicos en la jurisdicción.

De conformidad con la Ley de Transporte Terrestre (2008) es competencia de los municipios dictar normas sobre la prestación del servicio de transporte terrestre público urbano; el establecimiento de zonas terminales y recorridos urbanos, para el transporte suburbano e interurbano de pasajeros con origen y destino de los límites de la entidad local; condiciones de operación de los servicios de transporte terrestre público o privado; la ingeniería de tránsito para la ordenación de vehículos y personas; las autorizaciones o permisos de vehículos a tracción de sangre; la construcción y mantenimiento de la vialidad urbana; los servicios conexos; el destino de las multas y sanciones impuestas de conformidad con lo previsto por la legislación nacional; el control y fiscalización de tránsito y las demás que por su naturaleza le sean atribuidas.

Para ello los municipios lo regulan a través de ordenanzas y decretos.

A los fines de interpretación de este tipo de Ordenanzas se deberá entender el vocablo transporte de manera sistémica, tomando todos sus componentes, en consonancia con la legislación nacional.

Consideración importante la merece el nivel metropolitano por cuanto la regulación del tránsito y de la circulación en las vías metropolitanas tiene por finalidad garantizar a la ciudadanía la utilización del espacio destinado a los vehículos y  peatones, con las mejores condiciones de eficiencia y seguridad. Ello en coordinación con los municipios que lo conforman.

El ordenamiento del tránsito y circulación de personas y vehículos, especialmente para los del tipo motocicleta, comprende la regulación y control de las siguientes actividades:

a. - La circulación de vehículos.

b. - La circulación de peatones

c. – La circulación de vehículos de carga y las operaciones de carga y descarga de encomiendas.

d. – La circulación de vehículos tipo motocicleta destinada al transporte público de pasajeros (moto taxi).

e. -  El estacionamiento de vehículos en las vías públicas.

f. - Las características y el funcionamiento de los estacionamientos de uso público, situados dentro y fuera de las vías públicas.

g -Las características, regulación y funcionamiento de los terminales de transporte colectivo (moto taxi)

h.- La adecuación del buen funcionamiento de los terminales con rutas extraurbanas y suburbanas, a las normas que dicte el ámbito metropolitano coordinadamente con los municipios que la conforman en materia de tránsito y circulación.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “Competencias Municipales”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y Participación Ciudadana”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Medios de Gestión”, “Organización y Gestión Municipal”, “El Alcalde”, “La Función Ejecutiva del Municipio”, “Los Concejales”, “El Concejo Municipal”, “La Función Legislativa en el Municipio”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Abierto”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Mobiliario Urbano”, “Municipio y Urbanismo”, “El Presupuesto Participativo”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “La Justicia de Paz Comunal”, “La Autonomía Municipal”, “Cogestión y Autogestión”, “La Consulta Pública en el ámbito municipal”, “La Iniciativa Legislativa en el ámbito municipal”, “Instancias de Atención Ciudadana”, “Medios de Comunicación Alternativos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Administración Pública”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria”, “Municipio, Transporte y Tránsito Terrestre”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda”, “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Municipio y Ambiente”, “La Ordenanza de Gestión Ambiental”  entre otros, que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán otros aspectos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. 

Municipio y Marca Territorial II

MUNICIPIO Y MARCA TERRITORIAL II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Llegar al estadio ideal en cuanto a marca territorial no es algo que suele ser sencillo ni rápido; sin embargo, ese trabajo constante es lo que permite obtenerla.

No se trata de un certificado otorgado por una institución como el Servicio de Propiedad Intelectual (SAPI), el cual se ocupa en Venezuela de la materia de derechos intelectuales, como el derecho de autor o las marcas y patentes.

La idea de una marca territorial debe consistir en explotar las bondades que un municipio puede ofrecer.

Algunas veces en un ámbito local se cuenta con un espacio rural en el cual las hortalizas u otros productos del campo son de gran calidad. Otras veces se habla de artesanía.

Puede darse el caso de una zona urbana gastronómica con ofertas de comidas criollas o internacionales e – inclusive – ambas. Ambas son viables en lo urbano como en el campo.

Decía en la entrega anterior estas ideas, las cuales se refuerzan en la presente para que no se piense que ello se logra por la emisión de un decreto, acuerdo legislativo o algo semejante.

La construcción de una marca territorial comprende la participación del sector público y privado con programas y proyectos que, en forma tesonera, vaya creando en los moradores y foráneos una conciencia de valor.

Dando una lectura a la página www.calidadterritorial.com este autor leía que se organizaron varios países europeos para hacer factible esta iniciativa, orientándola hacia lo rural. Apuntaban en una publicación allí denominada “La Marca de Calidad Territorial. Origen y fundamentos”; que el  proyecto se originó durante la ejecución de la Iniciativa Comunitaria LEADER (Liaison entre Activités de Développement Rural), siendo consecuencia de un marco regulatorio que pensó en los ciudadanos y, en conjunción con los particulares, se extendió por la Unión Europea.

Allí partieron del concepto que las áreas rurales no solamente pueden ser espacios para la producción de alimentos para las personas o animales, sino que se extiende a la conservación y mejoramiento ambiental, tradiciones culturales, equilibrio demográfico, cohesión social y territorial, entre otros. 

Si bien es cierto que intervinieron distintos sectores económicos y políticos, no lo es menos que los ayuntamientos respectivos sirvieron para hacer una realidad el proyecto.

Para el  caso venezolano, el ámbito nacional – en lo rural – es quien lleva la batuta  - por disposiciones constitucionales - al punto que ha creado estructuras gubernamentales a partir de regulaciones jurídicas.

Uno de los elementos sobre el cual estas recaen es la tierra; la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010) tiene por objeto establecer las bases para el desarrollo rural integral y sostenible, emitiendo una declaratoria de afectación de todas las tierras con vocación agrícola, sean públicas o privadas, lo que pasa por dar un uso apropiado que permita la producción  y poder proveer de alimentos a la población.

Para tratar de cumplir ese cometido se crean en ese instrumento jurídico órganos y entes nacionales: El Instituto Nacional de Tierras, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y la Fundación para la Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (CIARA) adscrita al INDER.

Otro de los casos es la seguridad agroalimentaria.

A nivel central existen ministerios con competencias en materia de agricultura y tierras, alimentación, comercio, industrias, entre otros.

Sin embargo, una marca territorial se puede construir aun con este entorno legal, ya que no impide ni que el municipio ejerza sus competencias, como tampoco el que los particulares se asocien o busquen financiamiento por otras fuentes.

La banca privada está obligada a la atención de la cartera agrícola y turística, lo que ayuda a la hora de la construcción de una marca territorial.

En el marco asociativo podrían hacerse alianzas con el sector turismo, franquicias, emprendimientos, entre otros, para tal logro.

El municipio, dictando las ordenanzas correspondientes, puede ofrecer incentivos para la instalación de determinado tipo de contribuyentes, como actividad de fomento de acuerdo con lo previsto por  el Derecho Administrativo.

Las políticas públicas locales en este sentido – de manera coordinada con los particulares – también moverían iniciativas estadales o nacionales para  su realización, ya que el empleo, turismo y otros elementos les reditúan beneficios hasta en lo político.

La marca territorial apunta hacia un nuevo enfoque de desarrollo, tanto en lo urbano como en lo rural, ya que lo que poseen en común es – no la protección de un producto o servicio en particular – que arrope a varios sectores económicos simultáneamente que la hacen posible.

Un tipo de queso, por ejemplo, con la sola instalación de la fábrica no  hace una marca territorial, puesto que aisladamente no daría los derivados lácteos; requiere de proveedores de materia prima, transporte, servicios básicos (luz eléctrica, agua, entre otros), vialidad, mano de obra, entre otros.

La proyección de los productos o servicios diferenciadores hacia el exterior de la jurisdicción es vital. 

Se necesitan también profesionales en varias disciplinas para este cometido.  

La profundización en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y en el fortalecimiento de sus vínculos con la cultura local y el entorno físico-natural, creando un espacio geográfico común con un alto nivel de competitividad territorial.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de este Autor denominados “De la Competencia Municipal”, “De la Organización y Gestión Municipal”, “De la Hacienda Municipal”, “De los Medios de Participación Ciudadana”, “Municipios y otras entidades locales”, “De los Poderes Públicos”, “El Alcalde”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Abierto”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “El Catastro Municipal”, “El Concejo Municipal”, “El Cronista Municipal”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Distrito del Alto Apure”,  “El COT como norma supletoria municipal”, “El Establecimiento Permanente”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda”, “El Mobiliario Urbano”, “El paisajismo como elemento integrador de espacios urbanos”, “Presupuesto Participativo”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Gestión de servicios públicos municipales”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Autonomía Municipal”, “La Autogestión y Cogestión”, “La Concesión como medio de gestión municipal”, “La Fiscalización en materia de urbanismo”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las Instancias de Atención Ciudadana”, “Los Espacios Públicos”, “Municipio y Alimentación”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y Ambiente”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Impuesto al Alcohol y Especies Alcohólicas”, “Municipio y Cultura Tributaria”, “Municipio y Emprendimiento”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio, Transporte y Tránsito Terrestre”, entre otros que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios. 

 

 

        

Municipio y Marca Territorial I

MUNICIPIO Y MARCA TERRITORIAL I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

Uno de los aspectos que demanda la gerencia es la promoción de una imagen que permita – en el caso de los municipios – atraer inversiones, residentes, generación de empleo, emprendimiento, reforzamiento de la identidad local, entre otros,  para mejorar la calidad de vida.

Lógicamente esto solamente puede hacerse a partir de las bondades naturales, económicas, sociales o de otra índole que el municipio pueda ofrecer.

Uno de los ejemplos más fáciles con los que podría explicarse es el turismo.

Si es factible el desarrollo de éste por poseer atractivos naturales o estructuras que encausen al ámbito local para el ramo del turismo resultará un aliado excelente para la promoción de una marca territorial.

Las personas siempre buscan un lugar donde vacacionar o invertir en inmuebles o negocios.

Cuando se hace notorio que una ubicación es un sitio excelente para la recreación, los deportes u otros aspectos, es una manera de captar inversiones, nuevos residentes, desarrollo de actividades que hagan de ese municipio un lugar por el cual muchos elegirían.

Sin embargo, la marca territorial no es exactamente igual a turismo; pueden darse casos en los cuales una marca obedece a otros factores.    

Ahora bien, ¿qué es esto de marca territorial? 

Es un valor distintivo o diferenciador aplicado sobre un espacio determinado que genere credibilidad y prestigio, lo cual permitiría ventajas competitivas frente a otros.

En la medida que los municipios implementen estrategias que tiendan a propender el uso de una marca territorial, se genera en las personas una reputación que se transmite por distintos medios (tecnológicos o no) para la promoción de productos, servicios u otros de igual o distinta naturaleza.

Se indicaba al inicio sobre el turismo y hacía mención a la estructura turística o natural que hagan atractivo determinado destino.

Si se vuelca la difusión de un lugar – por ejemplo - para la compra de equipos informáticos, comida, ropa, muebles, inmuebles, artesanía o cualquier cosa; cuando las personas han comprobado o convencido por las bondades que ofrece - con el transcurrir del tiempo y aplicando estrategias de mercadeo -  se pueden producir transformaciones porque la gente acudirá en procura de obtener el producto o servicio deseado.

Esto, obviamente, generará beneficios en el municipio puesto que se verá obligado a la constante inversión, no solamente en esas estrategias para mercadear o promocionar, sino en la inversión pública y privada para mantener ese nivel deseado; la tributación, turismo, servicios públicos, ornato urbano, vialidad, entre otros, deberán estar a tono para que la prosperidad y desarrollo deseados sean una realidad.

Está claro que los municipios deben resaltar las bondades que poseen para recibir recursos que le permitan el crecimiento positivo, lo que podría traducirse en ingresos más allá del situado constitucional u otras  provenientes del nivel nacional o estadal.

En la medida que se perciba mayor situado constitucional, por ejemplo, se podrán realizar inversiones que propenderán en obras y servicios que beneficiarán a los ciudadanos. 

Sin embargo, la idea no es que se trate exclusivamente de inversión pública, sino que el papel de los privados sea relevante interactuando con el sector oficial local.

Los procesos de globalización han venido actuando para la promoción y auge de marcas territoriales, puesto que constituyen el génesis de esas ansias de crecimiento; ahora bien, lo que se busca no es perder la identidad local para pasar a ser un simple proveedor de artículos. El fomento de aquélla es fundamental para posesionarse como destino de la preferencia en función de la marca territorial.   

En situaciones de auge comercial o de otro tipo es imprescindible el papel del Cronista; este servidor local tiene como finalidad recopilar, documentar, conservar y defender las tradiciones, costumbres y hábitos sociales de su comunidad. 

La memoria colectiva, las raíces que nos dan identidad, los bailes, los ritmos, la poesía, la novela. De hechos que perduran en el espacio y tiempo sin perder vigencia. 

Fortalece el sentido de pertenencia y arraigo.

Su papel es de gran importancia porque deberá emitir opiniones técnicas en cuanto a lo que debe hacerse en pro de la conservación y mantenimiento de bienes de interés cultural, educativo o histórico.

Al igual que el Cronista, el Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas (CLPP) es un aliado que no debe faltar, ya que siendo la instancia de planificación y por su conformación, servirá para definir la construcción de la marca territorial.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de este Autor denominados “De la Competencia Municipal”, “De la Organización y Gestión Municipal”, “De la Hacienda Municipal”, “De los Medios de Participación Ciudadana”, “Municipios y otras entidades locales”, “De los Poderes Públicos”, “El Alcalde”, “El Área Metropolitana de Caracas”, “El Cabildo Abierto”, “El Cabildo Metropolitano de Caracas”, “El Catastro Municipal”, “El Concejo Municipal”, “El Cronista Municipal”, “El Consejo Federal de Gobierno”, “El Fondo de Compensación Interterritorial”, “El Distrito del Alto Apure”,  “El COT como norma supletoria municipal”, “El Establecimiento Permanente”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda”, “El Mobiliario Urbano”, “El paisajismo como elemento integrador de espacios urbanos”, “Presupuesto Participativo”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Gestión de servicios públicos municipales”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Autonomía Municipal”, “La Autogestión y Cogestión”, “La Concesión como medio de gestión municipal”, “La Fiscalización en materia de urbanismo”, “La Ordenanza de Convivencia Ciudadana”, “Las Instancias de Atención Ciudadana”, “Los Espacios Públicos”, “Municipio y Alimentación”, “Municipio y Servicios Públicos”, “Municipio y Planificación”, “Municipio y Ambiente”, “Municipio y Urbanismo”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Impuesto al Alcohol y Especies Alcohólicas”, “Municipio y Cultura Tributaria”, “Municipio y Emprendimiento”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y Seguridad Ciudadana”, “Municipio y Servicio de Policía”, “Municipio, Transporte y Tránsito Terrestre”, entre otros que aparecen publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.  

Municipio y Ley Orgánica de Recreación II

MUNICIPIO Y LEY ORGÁNICA DE RECREACIÓN II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@gmail.com

De la entrega anterior faltaron por desarrollar algunos puntos,  los cuales se despejarán en la presente.

La Ley da vida a una institución denominada Consejo Nacional de Recreación, instancia adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, encargado de formular las políticas públicas del sector expresadas en un Plan Nacional de Recreación; lo conforman sendos representantes de los ministerios con competencias en la materia; representación de las universidades, sector privado, trabajadores, movimientos sociales vinculados, consejos comunales, estados, municipios.

Este texto normativo ordena la creación de Consejos Estadales y Municipales de Recreación con representantes del sector público y privado, así como del llamado poder popular en forma protagónica, con miras a asesorar en planes y programas, al igual que participar en su propuesta, organización y ejecución.

Dicha norma lleva a analizar el rol que el Municipio puede desempeñar en este campo.

De una primera impresión, se trata de una competencia concurrente, es decir, aquellas en las que comparte desempeño con los otros niveles del poder público, sin que implique jerarquía sino coordinación.

Por cuanto no se hace alusión a la forma de llevar a cabo estas actividades, se debe entender que deja en manos del ámbito local a través de los llamados Medios de Gestión.

Sobre el particular, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) establece que los municipios tienen la potestad de elegirlo, lo que mantiene estrecha relación con la autonomía, puesto que el ordenamiento jurídico venezolano le señala al nivel local, la posibilidad de gestionar las materias de su competencia; esto incluye la capacidad para legislar a través de los distintos instrumentos jurídicos: ordenanzas, decretos, reglamentos, entre otros.

Los medios de gestión más comunes son: gestión directa, es decir, por las dependencias de los órganos (direcciones, departamentos, entre otros); constitución de empresas de economía mixta (participación societaria con particulares u otras personas jurídicas estatales con formas de derecho público o privado) o exclusiva, donde el Municipio ejerce el dominio societario; creación de entes sin forma empresarial (fundaciones, institutos autónomos o públicos); concesiones; autorizaciones otorgadas a particulares.

Esto le sirve al Municipio para desarrollar mecanismos de participación ciudadana, ya que es un principio cardinal en la gestión local; busca con ello el fomento de la desconcentración, la descentralización administrativa, la participación comunitaria, creación de empresas de economía social (cooperativas, cajas de ahorro, mutuales, entre otros), empresas autogestionarias y cogestionarías; enmarcado dentro de  la ordenación y promoción del desarrollo económico y social que incentive el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, lo que obedece a mecanismos de planificación.

Otro elemento del cual podría sacar partido es la llamada marca territorial;  es un valor distintivo o diferenciador aplicado sobre un espacio determinado que genere credibilidad y prestigio, lo cual permitiría ventajas competitivas frente a otros.

En la medida que los municipios implementen estrategias que tiendan a propender el uso de una marca territorial, se genera en las personas una reputación que se transmite por distintos medios (tecnológicos o no) para la promoción de productos, servicios u otros de igual o distinta naturaleza.

Está claro que los municipios deben resaltar las bondades que poseen para recibir recursos que le permitan el crecimiento positivo, lo que podría traducirse en ingresos más allá del situado constitucional u otras  provenientes del nivel nacional o estadal.

Sin embargo, la idea no es que se trate exclusivamente de inversión pública, sino que el papel de los particulares sea relevante interactuando con el sector oficial local.

Podría ser una forma para que el municipio atraiga emprendimientos de mayor rango con lo que el fin es captar inversiones que generen empleo, turismo, tributación, entre otras.

Resulta menester que debe darse atención a sectores importantes de la sociedad como adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida, para incluirles y disfruten de la recreación.

Quizás lo aprobado por la Asamblea Nacional se podría atribuir lo que los estudiosos del Derecho Administrativo denominan Actividad de Fomento. El Maestro Eloy Lares Martínez en su célebre “Manual de Derecho Administrativo”, Ediciones Universidad Central de Venezuela, Caracas; lo concibe como la acción desarrollada por la administración, encaminada a estimular, ayudar y proteger a las empresas privadas cuyas tareas sean favorables al interés general. Citando este Maestro a Jordana de Pozas se clasifican en medios de fomento: honorífico, económico, jurídico y técnico.

Por su parte, Jean Rivero en su obra “Derecho Administrativo”, al desarrollar el  capítulo “Ayudas de la Administración a las actividades privadas en general” señala que, a veces, la actividad privada persigue un fin desinteresado que coincide con el interés general u otras lo es pero concuerda con el económico del país. Las modalidades no tienen por efecto transformarlas en un servicio público.

Dejemos que el tiempo haga su trabajo.

Se sugiere al lector dar un vistazo a otros artículos de mi autoría denominados “De la Organización y Gestión Municipal”, “De la competencias municipales”, “Ley de los CLPP del año 2015”,”Municipio y Planificación,”, “Municipio y Poder Popular”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “Los Consejos Comunales según su Ley Orgánica del año 2009”, “Medios de Gestión”, “De los Medios de Participación Ciudadana”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “Municipio y Tributación”, “La Administración Tributaria Municipal”, “Hacienda Pública Municipal”, “Las Mancomunidades”, “Empresas Municipales”, “Las Instancias de Atención Ciudadana, “Municipio y Emprendimiento”, “Municipio y Marca Territorial”, “Los Espacios Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Turismo”, “Municipio y Economía Informal”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Gestión Comunitaria”, “Municipio y Ley del Deporte del año 2011”, “Municipio y Ley de Fomento al Turismo Sustentable como actividad comunitaria y social“, “Municipio y reforma habilitante 2014: Ley Orgánica de Bienes Públicos”, “Municipio y reforma habilitante 2014: Arrendamiento de Bienes Públicos”, “Municipio y Servicios Sociales” (adultos mayores), “Municipio y Sistema de Discapacidad”, entre otros, los cuales se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com  para tener mayor información.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.